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Reformas y rescates, en los planes próximos del Gobierno

Las próximas reformas de Rajoy, analizadas una por una

Las próximas reformas de Rajoy, analizadas una por una

miércoles 12 de septiembre de 2012, 10:03h
La profunda recesión en que se encuentra la economía española y las medidas de ajuste ya anunciadas por el Gobierno hacen poco recomendable que Bruselas obligue a España a nuevos sangrados en contraprestación a una petición de rescate. En cambio, sí es bastante probable que nuestros socios comunitarios impongan a Rajoy un calendario estricto y verificable de reformas estructurales. Estas son algunas de las medidas que el Gobierno se va a ver obligado a tomar en los próximos meses si quiere recibir la ayuda europea.   
Entre las cosas que preocupan sobre la economía española en el exterior, tres son fundamentales: la situación del sector bancario dos meses después del acuerdo de rescate, el cumplimiento del déficit en un contexto marcado por el desplome de los ingresos por la profunda recesión, y la incapacidad de las comunidades autónomas para controlar sus cuentas y obtener financiación. Pero ninguno de esos tres temores va a poder quedar disipado de forma satisfactoria hasta que España no pueda ofrecer una perspectiva de crecimiento a su economía que ayude a recuperar la confianza.

 Y para ello juegan un papel trascendental las reformas estructurales. El Gobierno de Mariano Rajoy ya ha tomado algunas de calado, como la reforma laboral o la liberalización de los horarios comerciales, pero aún debe profundizar en ellas si quiere hacer a la economía española más competitiva y de paso  obtener el apoyo financiero de sus socios comunitarios. Estas son algunas de las medidas que podemos esperar del Gobierno en  los próximos meses:
 

Completar los avances pendientes acordados en el MoU

Han pasado dos meses desde que el Gobierno firmara el acuerdo de rescate con Bruselas, y desde entonces la verdad es que poco se ha avanzado en este terreno. El desembolso de los primeros 30.000 millones parece que se demora y el FROB se ha visto obligado a capitalizar de urgencia a Bankia con 4.500 millones de euros a primeros de septiembre; el dinero lo ha obtenido de una colocación privada realizada por el Tesoro. Mientras tanto, el decreto que establece la creación del banco malo no establece las dos condiciones fundamentales que todo el mundo está esperando conocer: qué activos se traspasarán a esta nueva entidad y sobre todo, a qué precio. Y esto en un momento en que estamos a punto de conocer el informe de la consultora Oliver Wyman sobre las necesidades individualizadas de capital de las entidades financieras. Por tanto, en materia financiera, estos son los pasos que va a tener que tomar el Gobierno

                -Regulación del banco malo.
                - Presentación de los planes de recapitalización, identificando cómo se cubrirán las necesidades de capital.
                - Presentación de los planes de restructuración e inyección de asistencia financiera, previsto para noviembre.
 

Poner en marcha el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA)

 El pleno del Congreso aprobará este mismo jueves por tramitación directa y en lectura única la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria por la que se establece el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA),para ayudar a las regiones a superar sus dificultades de financiación, con una dotación de 18.000 millones (de los cuales 6.000 millones se obtendrán mediante el endeudamiento de Loterías y Apuestas del Estado).

Pero aún falta por conocer cómo será la aportación de las entidades financieras, que en principio iban a prestar hasta 8.000 millones, aunque aún no sabemos ni qué entidades ni en qué condiciones. Tampoco sabemos cuáles serán las comunidades autónomas que finalmente se acogerán al FLA, ni cuál será la cuantía que recibirán, así como las contraprestaciones exactas que el Gobierno exigirá a cambio. El presidente Rajoy ha anunciado para primeros de octubre una conferencia de presidentes (la primera de su mandato tras las tres convocadas por Zapatero) en la que previsiblemente se dilucidarán estas cuestiones.
 

Reforma del mercado de la energía   
                                
Es la auténtica patata caliente en las manos del Gobierno, que este verano ha llegado a provocar incluso un agrio enfrentamiento público entre los titulares de Hacienda e Industria, Cristóbal Montoro y José Manuel Soria. Se ven mezclados varios intereses cruzados, entre ellos los de las empresas energéticas, que forman un poderoso lobby dispuesto a utilizar todas sus armas y toda su influencia para no ver reducido el tamaño de su tarta, el de las empresas de energía renovables, las niñas mimadas del Gobierno durante el mandato de Zapatero, y que ahora han sido relegadas al ostracismo, y por supuesto, los intereses de los ciudadanos y consumidores, que en un contexto de crisis ven cómo la trifulca entre unos y otros al final la terminan pagando ellos en sus facturas y recibos.
El objetivo de la reforma pasa en teoría por  incrementar la eficiencia y solucionar el déficit de tarifa del sistema eléctrico. Pero llevarlo a la práctica está resultando mucho más difícil. Y el calendario apremia. En 2013 la ley establece que debe estar anulado el déficit tarifario (la diferencia entre los costes regulados del sistema y los ingresos) y sin embargo a lo largo de este año no ha hecho más que aumentar: más de 3.000 millones, que se suman a los 24.000 millones acumulados durante estos años.
 

Desarrollar nuevas formas de financiación para PYMES

Si las grandes empresas españolas han sufrido dificultades de acceso a la financiación estos meses, las pymes, con muchos menos recursos y alternativas, roza en muchos casos una situación límite, y ello se debe a la gran dependencia que históricamente las empresas españolas han tenido de la financiación bancaria, ya  que los bancos españoles tienen ellos mismos cortado el acceso al mercado interbancario y además, el crédito a pymes ha sido tradicionalmente un importante negocio de las cajas de ahorros y bancos medianos, precisamente los que más están sufriendo la restructuración bancaria.

Por ello, el Gobierno va a tener que agilizar mecanismos alternativos de financiación, entre los que podemos encontrar la incentivación de la entrada de sociedades de capital riesgo (venture capital) o capital inversión (private equity), o la puesta en marcha de ventajas fiscales para la cotización en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), creado en 2007 como un parqué para sociedades de capitalización reducida.
 

Ley de Autoridad Nacional de Mercados y Competencia

 Está por ver cuál será el diseño definitivo de la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMC) organismo regulador único anunciado a bombo y platillo por el Gobierno a principios de año, después de la catarata de críticas recibidas por su diseño, tanto desde Bruselas como desde los propios organismos reguladores sectoriales.

Los planes del Gobierno eran agrupar a todos los reguladores sectoriales -energía, comunicaciones, postal y ferroviario- y el propio de la competencia, lo que supondría una verdadera  anomalía en Europa. El diseño del nuevo macroregulador se inspira en un informe elaborado por una gran consultora internacional, que fue encargado por una empresa de telecomunicaciones de referencia en el sector y facilitado por ésta al Ejecutivo. Se da la circunstancia que el nuevo regulador ve mermadas las competencias en algunas áreas, entre ellas las telecomunicaciones.
 

Liberalización de los servicios profesionales

El Gobierno de Mariano Rajoy ha dado en los últimos tiempos señales de que está dispuesto a abordar una reforma en este terreno, lo que constituiría también en este asunto un giro de 180 grados respecto de la posición defendida cuando estuvo en la oposición. Entonces, el ministerio de Economía intentó impulsar una limitación de las prerrogativas de los colegios profesionales y una liberalización de los servicios en línea con lo recomendado con las principales organismos internacionales. Sin embargo, el mero anuncio de reforma desató una fiera respuesta de los colegios, a la que se adhirió el PP, y que terminó tumbando el proyecto de ley.
 

Ley de Unidad de Mercado

La anunció la vicepresidenta Sáenz de Santamaría a primeros de este mes, y permitirá que todos los bienes y servicios producidos en una región puedan ser suministrados en cualquier otro territorio sin barreras ni trabas burocráticas.

Es decir, el objetivo será establecer unas máximas de actuación en la aprobación de normas por parte de las comunidades autónomas, buscando el beneficio del usuario y del operador económico.
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