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Aunque ha dado el visto bueno al dictamen de la cuenta general de ese año

El PP reprueba la gestión económica de José María Barreda en 2010

El PP reprueba la gestión económica de José María Barreda en 2010

martes 18 de septiembre de 2012, 12:33h

El Grupo Parlamentario Popular ha aprobado el dictamen de la Cuenta General de 2010, pero ha reprobado la gestión económica del Gobierno de José María Barreda, que sí ha defendido el PSOE.

 Así, la diputada socialista Delfina Carrasco ha destacado que en los informes de fiscalización del ejercicio 2010, el Síndico de Cuentas "no ha advertido infracciones, abusos o presuntas irregularidades".

   De igual modo, ha asegurado que la Cuenta General se rindió en el plazo establecido, que contiene los estados previstos y cumple con los principios legales, al tiempo que ha afirmado que el Ejecutivo de Barreda colaboró con la Sindicatura de Cuentas, que tuvo acceso a las cuentas.

   Ha dicho la parlamentaria socialista que ante la caída de los ingresos, provocada por el descenso del consumo que generó la crisis, el Gobierno regional "se vio obligado" a acudir al endeudamiento, a fin de poder seguir prestando los servicios sociales y, sobre todo, cubriendo las necesidades de los colectivos "más desfavorecidos".

   Carrasco ha sostenido que el endeudamiento ha cumplido con los límites establecidos en la LOFCA, al tiempo que ha señalado que en 2010 el grado de ejecución de la recaudación neta alcanzó el 99 por ciento de los derechos reconocidos y que las obligaciones reconocidas supusieron un 84 por ciento de los créditos reconocidos. "Por tanto, puede apreciarse que hubo un alto grado de ejecución presupuestaria", ha sentenciado.

   También ha indicado que "todas" las obligaciones presupuestarias pendientes del pago del ejercicio anterior fueron satisfechas y que las modificaciones de crédito, "como dice el síndico", cumplieron con la normativa y contaron con el "visto bueno" del órgano competente.

   Por ello, los socialistas han apoyado la aprobación de la cuenta General de 2010 y han planteado al Gobierno de María Dolores de Cospedal que, ante la bajada de la recaudación, adopte una política fiscal que garantice los recursos suficientes para prestar los servicios básicos e incentivar la economía para crear empleo.

   Para ello, el Grupo Parlamentario Socialista ha pedido al PP que cree nuevos tramos del IRPF para las rentas más altas o nuevos tributos para la banca y empresas "contaminantes" ubicadas en la región.

El apoyo del PP, "ejercicio de responsabilidad"

   Mientras, el portavoz de los 'populares', José Manuel Tortosa, ha indicado que su grupo apoya el dictamen presentado por el PSOE por "un ejercicio de responsabilidad", al igual que hicieron con los informes de los ejercicios 2008 y 2009, a fin de que la administración "pueda seguir funcionando".

   Pero este apoyo al dictamen, ha precisado Tortosa, no quiere decir que el PP, ahora en el Gobierno, esté de acuerdo con la política económica del PSOE y con lo que la Cuenta General refleja, pues demuestra el "fracaso de su política económica, de la gestión de recursos y de su manera de afrontar la crisis".

   "La política errónea de Barreda llevó a la Administración regional a la quiebra, por medio de su contabilidad creativa, aquella que intenta enmascara la realidad, tal y como mantuvo el síndico en esta Comisión", ha insistido el diputado albaceteño.

   Y es que Tortosa ha aludido al informe del Síndico de Cuentas que, según él, "evidencia la falta de rigor presupuestario" de Ejecutivo del PSOE, "que inflaba los ingresos, infradotaba los gastos y luego realizaba modificaciones presupuestarias que han llevado a la región a alcanzar un elevado nivel de déficit".

   Así, en el año 2010, ha dicho Tortosa, Castilla-La Mancha alcanzó un déficit de 1.829 millones de euros, que creció respecto al del ejercicio anterior en un 42,7 por ciento, y situó a la región liderando el déficit de las cuentas públicas.

   Según Tortosa, el remanente de tesorería negativo de ese año 2010 "evidenciaba la tensión de liquidez para hacer frente a los pagos, porque Barreda no pagaba y la cifra de acreedores creció en este ejercicio un 50 por ciento" con respecto al 2009.

   Ha proseguido explicando que esta situación condujo a que el Gobierno del PSOE pidiera más dinero, llegando a nivel "insostenible" de deuda, que se situó en 5.150 millones de euros, creciendo un 40 por ciento respecto al ejercicio anterior. "Castilla-La Mancha fue la región donde más creció el endeudamiento en 2010", ha dicho.

   Por ello, el parlamentario 'popular' ha asegurado que la Cuenta General del 2010 evidencia "la total irresponsabilidad del Gobierno a la hora de gestionar recursos públicos" algo que ha provocado que el Gobierno de Cospedal haya tenido que adoptar medidas "valientes" para garantizar los servicios sociales.

   En su turno de réplica, la parlamentaria socialista se ha defendido las críticas del PP alegando que el Ejecutivo de Barreda se endeudó "dentro de los límites de la legalidad" y para frenar los efectos que la crisis tiene sobre los más desfavorecidos, como los dependientes o los ayuntamientos.

   "Todo lo contrario a lo que ha hecho el Partido Popular", ha condenado Carrasco, que ha denunciado que desde que María Dolores de Cospedal ha llegado al Gobierno de Castilla-La Mancha los consistorios de la región "no han recibido nada".

"Intereses partidistas"

   Por su parte, el diputado del PP, que ha lamentado "los esfuerzos que tiene que hacer el PSOE por justificar lo injustificable", ha apuntado que cuando los socialistas gobernaban en la región y se manifestaron los primeros efectos de la crisis, "optaron por mirar más por sus intereses partidistas y enfrentar unas elecciones regionales con ese nivel de gasto de engaño que por aplicar una política presupuestara rigurosa que corrigiera la caída de los ingresos".

   "Para ustedes el nivel de deuda al que llegaron es normal, pero la deuda hay que pagarla y devolverla, y ahora el Gobierno de Cospedal tiene que pagar cuatro millones de euros diarios para tapar agujeros", ha concluido Tortosa, que ha sido elegido por sus compañeros de Comisión para defender el dictamen ante el Pleno de las Cortes.

 

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