Fomento quiere prolongar la autopista Madrid-Toledo a Ciudad Real y Córdoba

El plan, que cuenta con un horizonte total de ejecución de doce años, hasta 2024, no apunta los plazos concretos en que se prevén abordar estos proyectos.

   En la actualidad, la red de autopistas de peaje suma en España 2.560 kilómetros de longitud después de que hace casi un año entrara en servicio la última vía de pago construida en el país, la Alto de las Pedrizas-Málaga.

   El plan de infraestructuras contempla además una modificación del actual sistema de concesiones para facilitar la contratación de obras de autopistas y otras infraestructuras a través de este modelo, tal como adelanta el diario 'Expansión' en su edición de este miércoles.

   En virtud del sistema concesional, las empresas adjudicatarias adelantan todo o gran parte del importe de la inversión necesaria para construir un proyecto. Posteriormente lo recuperan durante el plazo de explotación de la infraestructura mediante el cobro al usuario o a la administración.

   Según los datos del PITVI, los nuevos contratos de concesión contarán con una "diferente asignación de riesgos para facilitar la adjudicación de nuevas concesiones y hacer estos proyectos más atractivos para el capital privado".

   De esta manera, "se modifica la legislación para ajustar la asignación de riesgos a aquellos que realmente sean capaces de gestionar las sociedades concesionarias". La principal novedad en este sentido es que no se transferirá al concesionario el riesgo de expropiación, que se limitará "al igual que se hace en otros países de la UE".

   Los sobrecostes de expropiación que registraron la decena de autopistas más 'jóvenes' de la actual red constituyen, junto a la caída de los tráficos por la crisis, la principal causa de la situación de quiebra o el riesgo de insolvencia que registran actualmente.

   Todo ello se enmarca en la estrategia de Fomento, plasmada en este nuevo Plan de Infraestructuras, de impulsar la participación del capital privado en la construcción de obras públicas. El Departamento que dirige Ana Pastor se ha marcado el objetivo de elevar desde el 10% hasta el 16% la participación de la iniciativa privada en la inversión necesaria para ejecutar el PITVI.