Media docena de
sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha con sede en
Albacete han venido a anular el Plan de Ordenación Municipal de Toledo (POM),
aprobado en 2007 con los votos de PP y Psoe, con el argumento reiterado por los
ponentes judiciales de que, después de producirse «modificaciones sustanciales»
en el documento urbanístico tras su aprobación inicial no se sometió de nuevo a
información pública, cercenando así el derecho a la participación pública que
establece «la norma básica estatal».
El Ayuntamiento de
Toledo, gobernado por el PSOE, maneja dos informes de expertos juristas que le
sirven para argumentar la vigencia del POM, e incluso la "obligación" de
aplicarlo, mientras se resuelven los recursos interpuestos por el Ayuntamiento
ante el Tribunal Supremo contra las citadas sentencias.
Aunque oficialmente
el gobierno municipal del PSOE sostiene que hay normalidad en la gestión del POM
y que sólo se sacará a información pública (argumento central de la anulación
del POM) si así lo sentencia el Supremo, lo cierto es que hay un ambiente de
incertidumbre legal en torno a la planificación urbanística de Toledo. Por
ejemplo, las tasaciones de suelo recogen en su literatura la existencia de las
sentencias anulatorias como condicionante, también los registradores lo
advierten, y las entidades financieras se hacen eco de forma interesada para
mantener la parálisis en la financiación de las promociones y revisar
condiciones a la baja en préstamos vinculados a suelo.
Añadamos la posición
de oportunismo político del PP, que reniega de un POM del que es responsable y
que votó, pero que no deja de realizar "advertencias" sobre posibles
responsabilidades patrimoniales del Ayuntamiento caso de seguir aplicando el
POM ante una eventual sentencia del Supremo que confirme su anulación mientras
aprueba uno tras otro los PAUS que se le ponen encima de la mesa.
Por si fuera poco los
propietarios de suelo que fueron agraciados por una recalificación de rústico a
urbanizable por el POM y los promotores/constructores con suelo adquirido en
futuros Programas de Actuación Urbanizadora (PAU) se declaran "damnificados"
por la cuantía de un Impuesto de Bienes Inmuebles que grava el suelo
urbanizable con valores de hace cinco años (cuya revisión ha reclamado el
propio Ayuntamiento), sin que crean posible obtener a corto plazo las esperadas
plusvalías derivadas de su urbanización, en la actual situación del mercado inmobiliario.
Y mucho menos cuando saben que la repercusión del Plan Especial de
Infraestructuras (PEI, aprobado como complemento al POM y que recoge las
previsiones de nuevo viario, redes de saneamiento, abastecimiento de agua y
electricidad, e incluso del proyectado tranvía) sobre los PAUs pone en cuestión
su rentabilidad.
A todo ello viene a
unirse la incertidumbre económica, lo cual hace que tan sólo un PAU comercial
se haya convertido en realidad en los cinco años de aplicación del POM y si
bien hay dos PAUs aprobados, con los votos del Psoe y PP, su urbanización se
está postergando.
Lo que tenemos es por
lo tanto un POM sin desarrollar tras cinco años, cuestionado por razones
jurídicas, económicas e incluso urbanísticas y que se empieza a constatar como
inviable.
¿Qué opciones
cabrían?
Si, tal como sostiene
el PSOE de forma oficial, se opta por no hacer nada y esperar a la sentencia
del Supremo (y a que otros estén en la responsabilidad de gobierno municipal),
continuará la incertidumbre con sus nefastas consecuencias y se corre el riesgo
de que una sentencia desfavorable a sus intereses confirme la nulidad del POM,
recupere la vigencia del PGOU de 1986 y obligue así a iniciar el procedimiento
de información pública que ahora se quiere evitar.
Someter el POM a
información pública y así proceder a una nueva aprobación soslayaría las
sentencias anulatorias, pero conviene saber que no se trata de un simple
trámite, ya que implica la anulación de licencias durante ese procedimiento y
en la práctica una parálisis del ámbito afectado por el POM, y también recibir
alegaciones tanto de los detractores del POM, como de los propietarios
insatisfechos por sus pretensiones de recalificación, o de aquellos que quieren
eludir el pago de un IBI que no pueden sostener a medio plazo, e incluso de
quienes aprovecharán para cuestionar el PEI y el reparto de sus cargas sobre
los PAUs para sacar provecho. Dichas alegaciones deben ser resueltas y
contestadas técnicamente en un periodo que NO será breve y finalmente votar en
Pleno del Ayuntamiento el POM, sin que esté asegurado que el resultado fuese el
mismo que en 2007. Por si fuera poco el documento, caso de prosperar, requiere
a su vez la aprobación de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que, si se
comporta con Toledo como lo está haciendo ahora, es posible que dilate la
decisión o cuestione el propio POM simplemente para minar el gobierno
municipal. En definitiva dar este paso requiere un alto nivel de consenso entre
las partes que rara vez se concita en nuestra ciudad.
Cabe por último
plantearse abrir un nuevo procedimiento de debate y acuerdo para revisar y
adaptar el actual POM a las circunstancias actuales, que todo parece indicar
que van a perdurar y que exigen una aminoración de las pretensiones
desarrollistas del POM de 2007 y un alto grado de pragmatismo.
¿O es que alguien se
cree todavía eso de las 55.000 viviendas en quince años?
Javier Mateo
IU Toledo
Si (
No(
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