La Policía asegura que se estudia prohibir la grabación de antidisturbios en acción

Durante unas jornadas en Madrid organizadas por los sindicatos CSI-F, CEP y CESI, Cosidó ha manifestado que esta prohibición se aplicaría cuando las imágenes en cuestión puedan poner "en peligro" la integridad del agente policial o "en riesgo la operación".

   Según Cosidó, con esta y otras medidas, que se enmarcarían en la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, se busca establecer las medidas "más adecuadas" para "facilitar el normal desarrollo de la convivencia ciudadana, especialmente cuando la integridad física se puede ver amenazada así como la conservación de bienes públicos o privados ante situaciones violentas".

   "En términos generales, se busca establecer las medidas más adecuadas para facilitar el normal desarrollo de la convivencia ciudadana, especialmente en cuanto a la integridad física de las personas que puedan ser amenazadas, así como la conservación de bienes públicos o privados o ante situaciones de acción violenta o especial alteración del orden público", ha explicado.

   En las jornadas, el director general ha advertido de un "problema que se deriva de estos tiempos complicados", como es el "incremento de la violencia contra la Policía en momentos puntuales de agitación".

   Tras poner como ejemplo manifestaciones como las del aniversario del 15-M o las protestas mineras en Madrid y Asturias, ha remarcado que "este fenómeno aumenta considerablemente la dificultad del desarrollo profesional en tanto que la integridad física de los agentes puede verse comprometida y dañada". A su juicio, esto pone de manifiesto "un avance en la aceptación de una cultura de violencia, una cultura que mina las bases de una sociedad pacífica y solidaria".

Seguridad física y jurídica

   Por este motivo, ha hecho hincapié en que "dar seguridad a los policías es un principio básico, un eje fundamental de la política de seguridad" del Gobierno, de modo que ha destacado que, "a pesar de las dificultades presupuestarias", ya se ha puesto en marcha la futura adquisición de hasta 20.000 chalecos antibalas.

   Pero además de la protección física de los agentes, Cosidó ha subrayado la necesidad de "aumentar su protección jurídica" poniendo a disposición de los policías "servicios jurídicos de asistencia que puedan defenderles ante situaciones conflictivas que se puedan producir en algunas intervenciones".


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