Cosas que se olvidan

             Con la avalancha de acontecimientos noticiosos que abruman nuestros cerebros, todos los cerebros, parece que envían al olvido otros hechos nada gratos o más bien ingratos hasta la entraña que, solo unos meses atrás, ocupaban la preocupación de los ciudadanos. Me refiero a la cadena de hechos delictivos imputados a personajes políticos de alto relieve que trascienden al aspecto penal, porque envuelven unos comportamientos reprochables políticamente que empujan a la desafección democrática de personas de buena fe, no todas desafortunadamente. Hay personas que tienen una gran facilidad para olvidar inmediatamente lo que nos les interesa: esto explica el sentido del voto en algunas elecciones.

            Y no me refiero a las de EEUU en las que muchos electores  han recordado los incumplimientos del hoy vencedor y han cambiado su voto favorable a Obama en las elecciones de 2008, sino a lo que acontece en nuestros pagos, en los que en numerosas ocasiones parece  que para muchos delinquir es un mérito o defraudar a la Hacienda es todo un éxito intelectual prestigioso para el defraudador quien, a veces, blasona en sus círculos íntimos de su habilidad para encubrir sus beneficios. Esto es ir mucho más allá de la simple conducta de no tener en cuenta los incumplimientos  de las promesas electorales, algo bastante habitual en nuestro país y que tampoco tiene reflejo electoral en muchas ocasiones. A lo que apunto es al olvido o a la indulgencia popular con actos delictivos de los que resulta abundantemente sembrada nuestra geografía.

            Hay asuntos como la multicorrupción marbellí, o los Expedientes de Regulación de Empleo sevillanos o los casos Gurtel en sus numerosas ramificaciones o los complejos delictivos de Over, Palma Arena, ERMASA, Brugal, La Muela y tantos otros de triste recuerdo. Todos ellos siguen unas tramitaciones judiciales que parecen interminables y que, aunque acaben en sentencia firme, seguirán vivos -pero moribundos- por el juego de los recursos que pueden llegar al T.S. e incluso el Tribunal Constitucional en demanda de amparo. Y aunque haya condena, el tiempo y la amoral conciencia ciudadana para este tipo de cosas, se encargarán de minimizar la responsabilidad de los autores, incluida la política.

            Estas disquisiciones se me ocurren porque en el caso Madrid Arena parece que se están aventando las responsabilidades, quizá algunas penales si se diera con los causantes del tumulto, pero en todo caso, las hay políticas porque el recinto no había obtenido el visto bueno de los técnicos municipales ni se habían cumplido sus exigencias respecto a la seguridad. Hay demasiadas contradicciones entre empresa, policía y responsables políticos; y son muchas las opiniones de todo signo, por lo que se hace necesario depurar tales responsabilidades porque, además de ser de justicia, debe servir para evitar casos semejantes en el futuro en todo el ámbito español.

            No es la primera vez en que asuntos de mucha gravedad y a veces con gran número de perjudicados se han diluido en los juzgados, no por inactividad de estos, que también se han dado casos, sino por maniobras dilatorias de las personas implicadas y por la propia dinámica social que nos presenta cada semana nuevos casos de corrupción en las administraciones públicas o en entidades con importantes negocios que estafan a sus clientes, según una aplicación estricta del Código Penal.  Y sin embargo, se olvidan y los responsables van eludiendo el peso de ley, en tanto los electores echan al olvido lo que quizá antes criticaron con dureza. Mal, muy mal.