Los notarios castellano-manchegos salen así al paso de las manifestaciones del Grupo Parlamentario Socialista, que este jueves anunció que va a presentar en las Cortes una iniciativa para instar al Gobierno de Castilla-La Mancha a que gestione la devolución de los 20 millones de euros que los notarios y registradores "han cobrado de más y de forma indebida" a ciudadanos de la región por los trámites en la cancelación de sus hipotecas.
En el caso de estas cancelaciones, los notarios han indicado que dichas tarifas fueron modificadas por la ley 41/2007 de Regulación de Mercado Hipotecario, una regulación "confusa" que suscitó "dudas interpretativas sobre el arancel a aplicar en la cancelación de los préstamos hipotecarios".
Incluso, añaden, la propia Dirección General de los Registros y del Notariado mantuvo un criterio de interpretación inicial que cambió posteriormente en el año 2009. "La existencia de dichas dudas dio lugar a que, para solventarlas, el Gobierno aprobara el Real Decreto 1612/2011 de 14 de noviembre, que establecía un nuevo sistema de facturación".
Posteriormente en mayo de 2012, explican los notarios, el Real Decreto Ley de Saneamiento del Mercado Financiero, actualmente vigente, procedió de nuevo a modificar la forma de calcular el importe de la factura notarial en relación con las cancelaciones de hipotecas.
"Es por tanto evidente la confusión jurídica y el cambio legislativo que ha existido entre los años 2007 y 2012, y que ha afectado tanto a los consumidores como a los mismos notarios y órganos de la Administración", aseguran.
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