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'Operación Mercurio' de Sabadell

El responsable de la campaña del PSC, imputado en un caso de corrupción

El responsable de la campaña del PSC, imputado en un caso de corrupción

> Daniel Fernández dimite como 'número 2' de los socialistas catalanes

martes 27 de noviembre de 2012, 17:46h
El secretario de organización del PSC, Daniel Fernández, ha dimitido tras ser imputado dentro de la 'Operación Mercurio'. La Fiscalía Anticorrupción investiga su posible vinculación a una red de pago de comisiones, según la cual, la trama estaría exigiendo un 3% en adjudicaciones públicas.
"Lo confirmo: estoy imputado", ha explicado el propio Daniel Fernández tras recibir la notificación oficial por parte de los Mossos, a los medios de comunicación que se encontraban en la sede del PSC y que anteriormente habían asistido a una rueda de prensa del propio Fernández.

   A continuación, dimitió como 'número 2' de los socialistas catalanes. Una dimisión anunciada puesto que en dicha rueda de prensa, Fernández ya había adelantado que pondría su cargo a disposición del partido que lidera Pere Navarro cuando se le notificara la imputación.

Después de esto el PSC ha suspendido a Fernández de su cargo como secretario de organización del partido después de que haya sido imputado en la Operación anticorrupción focalizada en Sabadell que la policía autonómica desarrolla bajo la dirección del Juzgado de Instrucción 1 de Sabadell y coordinados por la Fiscalía Anticorrupción.

   Al ser diputado del PSC en el Congreso y por lo tanto aforado, a Fernández no podrá interrogarlo el juzgado de instrucción de Sabadell y se le tendría que abrir una causa separada que instruiría el Tribunal Supremo (TS).

La trama Sabadell se cuela en el PSC

Agentes de la policía catalana han acudido este martes a la sede del PSC de Barcelona en la calle Nicaragua para hacer entrega al socialista del escrito que le acusa. Dentro de la operación, han sido detenidas al menos 12 personas y 26 han sido imputadas, incluido el alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, y la teniente de alcalde Montserrat Capdevila y varios empresarios.

   Según la Fiscalía Anticorrupción, la trama se centraba en la exigencia de constituir, como 'condición sine qua non' para acceder con ventaja a las adjudicaciones de contratación pública, un depósito previo mínimo de 12.000 euros --cantidad que podría variar en función del presupuesto de la construcción a ofertar--.

   Ese depósito inicial era destinado a un fondo perdido que finalmente se repartía entre los políticos y funcionarios involucrados en los hechos, así como el "pacto implícito y apalabrado de un 3% en dinero negro" --una vez acabada la obra-- sobre el total del presupuesto final, terminando ese dinero en un despacho de abogados.

  


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