La jefa de la Oficina Nacional Anticorrupción (ONA), Carolina Lizárraga, sólo tiene algunas horas en el cargo y ya tendrá que afrontar su primer gran problema. Y es que la fiscal suprema Gladys Echaíz, cuestionó duramente el organismo que dirige y aseguró que el decreto supremo de su creación tiene diversos artículos que son inconstitucionales. Por ello, anunció que el Ministerio Público evalúa interponer una acción popular ante la Corte Superior de Lima, para que resuelva la presunta infracción constitucional que el Ejecutivo habría cometido al darle a la ONA atribuciones de una oficina de investigación del delito.
La fiscal indicó que el artículo 159 de la Constitución señala que "corresponde al Ministerio Público: conducir desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito, la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función".
Echaíz, quien está a cargo del despacho de la Fiscalía de la Nación hasta este fin de semana en que retornará de viaje la titular Adelaida Bolívar, consideró que se le ha atribuido a la ONA, competencias con son exclusivas del Ministerio Público. En ese sentido, centró su crítica en tres artículos del decreto supremo que considera inconstitucionales.
Uno de estos artículos es el número 3, inciso C, que a la letra dice que es atribución de la ONA "iniciar investigaciones de oficio o a solicitud de los particulares o los funcionarios y servidores públicos que presenten sus respectivas denuncias".
El otro es el 4: "La ONA podrá guardar reserva sobre la información que forme parte de sus investigaciones".
Otro artículo cuestionado es el número 9, en el que se dispone que la ONA pueda solicitar información a la Unidad de Inteligencia Financiera, algo que solo pueden hacer la fiscalía, el Poder Judicial y el Congreso.
Echaíz consideró que la creación de la ONA, quiebra el Estado de derecho y la separación de poderes en el país.
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