www.diariocritico.com

La 'gallardonada' de las tasas ha sido recurrida al Tribunal Constitucional

Lluvia de recursos contra el 'tasazo' de Gallardón: hasta los jueces se niegan a aplicarlo

Lluvia de recursos contra el 'tasazo' de Gallardón: hasta los jueces se niegan a aplicarlo

lunes 17 de diciembre de 2012, 17:57h
El Poder Judicial 'vigilará' la aplicación de la ley de tasas de Gallardón que ha entrado en vigor este lunes; el fiscal general declara que algunas de esas tasas pueden ser inconstitucionales; un grupo de juristas ha presentado recurso ante el Tribujnal Constitucional; el Parlamento de Navarra 'rechaza' la aplicación del 'tasazo'; un juez de Marbella se niega a aplicar las tasas... todos están contra la última y peor de las 'gallardonadas' del actual ministro de Justicia.
Desde las proximidades de Ruiz-Gallardón se afirma que las tasas judiciales son equilibradas y que lo que ocurre es que 'alguien' ha decidido montar ahora una campaña para lo que, incluso, ha contratado a agencias de comunicación o de imagen. Dice el refrán que no hay peor ciego que el que no quiere ver, porque ¿qué tienen de común, para ser presionados, el Parlamento de Navarra, el CGPJ, el fiscal general del Estado, bufetes de abogados y hasta jueces de lo social que se niegan a aplicar el 'tasazo' de este ministro?

Nunca antes consiguió alguien que todos los sectores estuvieran en su contra: hasta la Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra ha aprobado una declaración institucional por la que la Cámara foral muestra su "rechazo" a la aplicación de las tasas judiciales. Y eso que el Parlamento de Navarra es mayoritariamente 'amigo' del Gobierno de Rajoy, pero la declaración, presentada por el PSN, ha sido respaldada por los representantes de UPN, PSN, Bildu, NaBai e I-E, mientras que ha votado en contra sólo el representante de PP.

Da qué pensar, porque, además, el texto aprobado señala que las tasas judiciales "son injustas y perjudican al conjunto de la sociedad", además de "hacer la justicia inaccesible para muchas personas". En un segundo punto, la declaración indica que "el Parlamento de Navarra se declara contrario a la aplicación de la medida en la Comunidad foral y en el conjunto de España".

Un juez de Benidorm, pionero en la rebelión contra el 'tasazo'

La rebelión que destilar el documento navarro no es una primicia: el magistrado del juzgado de lo social número 1 de Benidorm (Alicante), Carlos Antonio Vegas, firmó el pasado 21 de noviembre una resolución en la que expresaba su disposición de no aplicar las nuevas tasas judiciales, al entender que esta medida es "contraria al derecho de la Unión Europea".

Vegas, avalado por el juez de apoyo del citado juzgado, exponía lo que será su criterio a la hora de aplicar la ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. De este modo, considera que la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito social de la Jurisdicción "no es de aplicación, al ser contraria al Derecho de la Unión Europea, y no será exigible su pago en los trámites del recurso de suplicación", recoge en su escrito.

A su parecer, establecer una tasa vinculada a la prestación de un servicio público, que "en cuantía puede llegar hasta 10.500 euros en el ámbito del recurso de suplicación, y cuyo incumplimiento lleva a la preclusión del acto jurisdiccional es un obstáculo contrario al Derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial" en los términos del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la interpretación a ese precepto establecido, entre otras, en la sentencia del TJUE de 06/11/2012 del asunto C-199/11.

Este juez de Marbella cree que el establecimiento de estas tasas, "sin explicitar qué sufragan, cómo se han valorado esos gastos para determinar su cuantía, y los efectos que conlleva, le confiere el carácter de cláusula abusiva de acuerdo con la aplicación de la normativa de la Unión".

El CGPJ vigilará la aplicación del 'tasazo'

Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner, ha anunciado que este órgano realizará un seguimiento de la ley de tasas porque pueden existir "problemas de proporcionalidad" respecto a los ingresos de los justiciables. Lo ha dicho durante su intervención en la Comisión de Justicia del Congreso, en la que Moliner recordó que el CGPJ ya realizó un informe muy crítico con la medida del departamento de Alberto Ruiz-Gallardón.

Al término de su comparecencia, al ser preguntado por los periodistas, Moliner reiteró que el informe del CGPJ ya señalaba que la ley "podía tener problemas en la aplicación en determinados momentos, en determinadas jurisdicciones y con determinadas personas".

En todo caso, Moliner sostiene que "hay que estar a lo que dijo el Tribunal Constitucional", que permitió la posibilidad de que haya tasas, "siempre que no impidan o dificulten gravemente el acceso a la Justicia". Por ello, cree que habrá que ver en cada caso como se ha producido y eso los jueces lo dirán, lo tienen que decir ahora los jueces no el Consejo General del Poder Judicial.

Primer recurso de inconstitucionalidad contra el 'gallardonazo'

También este lunes, la asociación de abogados 'Ius et Fides' ha presentado el primer recurso de amparo de inconstitucionalidad directo ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la Ley de Tasas Judiciales aprobada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. La letrada Monserrat Suárez, candidata a decana al Colegio de Abogados de Madrid, ha sido la encargada de registrarlo ante el Alto Tribunal.

Tras la presentación del recurso, esa misma letrada se ha personado en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Madrid para recurrir la disposición que fue publicada en el BOE el pasado viernes, por la cual se aprobada el formulario de autoliquidación para la tasa: "Ahora mismo, teniendo razón, pero no teniendo dinero, no podemos tener amparo judicial", dijo Montserrat Suárez.

El medio que ha empleado la asociación 'Ius et Fides', demandante en amparo para que se declare la inconstitucionalidad de dicha Ley, es el recurso de amparo directo porque entiende que es una Ley "autoaplicativa", es decir, "que desde el momento de su entrada en vigor produce un quiebro y una vulneración de los derechos fundamentales de la persona"; es decir, "el acceso a la tutela judicial efectiva, el acceso a poder interponer una demanda y que esta sea atendida por el órgano judicial correspondiente".

Estos abogados reconocen que la vía por la que se ha presentado el recurso es "muy excepcional": "Podrá preguntarse la gente que sólo pueden tener legitimación el presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo ó 50 senadores ó 50 diputados, pero hay miembros de este tribunal que entienden que cuando se trata de una ley autoaplicativa es posible que se presente el recurso de amparo de inconstitucionalidad directo. Por eso entendemos que tenemos legitimación y llegaremos hasta donde sea necesario".

De no ser admitido este recurso de amparo directo, deja abierta la vía para acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Las asociaciones judiciales perfilan una huelga en enero

Los ánimos contra Ruiz-Gallardón están, como se ve, bastante caldeados, tanto que el portavoz de la Asociación Francisco Vitoria, José Luis González Armengol, ha reconocido este lunes, con motivo de la entrada en vigor de la nueva ley de tasas judiciales, que es "bastante probable" que las asociaciones y colectivos del sector vayan a la huelga el próximo mes de enero.

"Hacemos una valoración negativa; con el concepto 'tasas' estamos de acuerdo, pero en desacuerdo con las cuantías, que tendrían que asemejarse a las cantidades existentes en otros países europeos como Francia, donde no pasan de los 30 euros", ha explicado Armengol, que prevé que esto suponga un "gravísimo problema para los ciudadanos" de índole económico.

La nueva norma, que contempla incrementos de entre 50 y 70 euros en las tasas y supone que por primera vez el ciudadano tenga que afrontar un coste de hasta 1.200 euros si quieren recurrir ante el Tribunal Supremo en la vía Civil y Contencioso-Administrativa, es a su juicio "un parche" que no resuelve los problemas de fondo de la Justicia, y que sólo responde a motivos económicos.

El Consejo de la Abogacía ve indicios de inconstitucionalidad

Y, en fin, hasta el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, ha dicho que ve viable que prospere un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de tasas judiciales. Carnicer cree "firmemente" que los recursos de inconstitucional que se han anunciado puedan tener algún resultado, y ha añadido que esta semana se reunirá con diputados del grupo socialista "para hacer entrega de los fundamentos jurídicos que nosotros creemos que desvirtúan totalmente esta ley de tasas absolutamente inexplicable".

Carnicer ha precisado que siguen intentando que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "intervenga en el conflicto y podamos empezar a dialogar con razón", de forma que "nos sentemos todos los profesionales afectados, todos los que estamos todos los días con la Justicia, que creo que sabemos bastante cómo funciona de bien o de mal".

Para él, la nueva ley es "un absoluto fracaso, un fiasco" porque "impide que los ciudadanos ejerzan varios derechos fundamentales", como el de la tutela judicial efectiva y el derecho a un proceso con garantías, que "desaparecen con las tasas", así como el de igualdad.

En relación con ese último derecho, dice Carnicer que va a haber "desigualdad entre los ricos y los pobres", entre "aquellos que tengan una situación económica desahogada" -que "van a poder seguir interponiendo" los procesos que deseen, aunque sea "a un más alto coste"- y "los miles y miles de personas" de la clase media que "van a tener una absoluta indefensión por no poder acceder a la justicia".


LEA TAMBIÉN:

>> Margarita Robles sobre las tasas de Gallardón: '¡Qué diría su padre si lo viera!'

>> Resolución del juez de Benidorm contra las tasas judiciales

>> Golpe del fiscal general a Gallardón: algunas tasas 'desbordan' la posición del Constitucional

>> Hoy comienza una nueva era: llega la Justicia de pago con las tasas de Gallardón
 
 
¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (2)    No(0)

+
5 comentarios