El Poder Judicial
'vigilará' la aplicación de la ley de tasas de Gallardón que ha entrado en
vigor este lunes; el fiscal general declara que algunas de esas tasas pueden
ser inconstitucionales; un grupo de juristas ha presentado recurso ante el
Tribujnal Constitucional; el Parlamento de Navarra 'rechaza' la aplicación del 'tasazo';
un juez de Marbella se niega a aplicar las tasas... todos están contra la última
y peor de las 'gallardonadas' del actual ministro de Justicia.
Desde las proximidades de
Ruiz-Gallardón se afirma que las tasas judiciales son
equilibradas y que lo que
ocurre es que 'alguien' ha decidido montar ahora una campaña para lo que,
incluso, ha contratado a agencias de comunicación o de imagen. Dice el refrán
que no hay peor ciego que el que no quiere ver, porque ¿qué tienen de común,
para ser presionados, el Parlamento de Navarra, el CGPJ,
el fiscal general del
Estado, bufetes de abogados y hasta jueces de lo social que se niegan a aplicar
el 'tasazo' de este ministro?
Nunca antes consiguió
alguien que todos los sectores estuvieran en su contra: hasta la Junta de
Portavoces del Parlamento de Navarra ha aprobado una declaración institucional
por la que la Cámara foral muestra su "rechazo" a la aplicación de
las tasas judiciales. Y eso que el Parlamento de Navarra es mayoritariamente
'amigo' del Gobierno de
Rajoy, pero la declaración, presentada por el PSN, ha
sido respaldada por los representantes de UPN, PSN, Bildu, NaBai e I-E,
mientras que ha votado en contra sólo el representante de PP.
Da qué pensar, porque,
además, el texto aprobado señala que las tasas judiciales "son injustas y
perjudican al conjunto de la sociedad", además de "hacer la justicia
inaccesible para muchas personas". En un segundo punto, la declaración
indica que "el Parlamento de Navarra se declara contrario a la aplicación
de la medida en la Comunidad foral y en el conjunto de España".
Un juez de Benidorm,
pionero en la rebelión contra el 'tasazo'La rebelión que destilar
el documento navarro no es una primicia: el magistrado del juzgado de lo social
número 1 de Benidorm (Alicante),
Carlos Antonio Vegas, firmó el pasado 21 de
noviembre una
resolución en la que expresaba su disposición de no aplicar las
nuevas tasas judiciales, al entender que esta medida es "contraria al
derecho de la Unión Europea".
Vegas, avalado por el
juez de apoyo del citado juzgado, exponía lo que será su criterio a la hora de
aplicar la ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas
tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de
Toxicología y Ciencias Forenses. De este modo, considera que la Ley 10/2012, de
20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito social
de la Jurisdicción "no es de aplicación, al ser contraria al Derecho de la
Unión Europea, y no será exigible su pago en los trámites del recurso de
suplicación", recoge en su escrito.
A su parecer, establecer
una tasa vinculada a la prestación de un servicio público, que "en cuantía
puede llegar hasta 10.500 euros en el ámbito del recurso de suplicación, y cuyo
incumplimiento lleva a la preclusión del acto jurisdiccional es un obstáculo
contrario al Derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial"
en los términos del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la
Unión Europea y la interpretación a ese precepto establecido, entre otras, en
la sentencia del TJUE de 06/11/2012 del asunto C-199/11.
Este juez de Marbella
cree que el establecimiento de estas tasas, "sin explicitar qué sufragan,
cómo se han valorado esos gastos para determinar su cuantía, y los efectos que
conlleva, le confiere el carácter de cláusula abusiva de acuerdo con la
aplicación de la normativa de la Unión".
El CGPJ vigilará la
aplicación del 'tasazo'Por su parte, el presidente
del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ),
Gonzalo
Moliner, ha anunciado que este órgano realizará un seguimiento de la ley de
tasas porque pueden existir "problemas de proporcionalidad" respecto
a los ingresos de los justiciables. Lo ha dicho durante su intervención en la
Comisión de Justicia del Congreso, en la que Moliner recordó que el CGPJ ya
realizó un informe muy crítico con la medida del departamento de Alberto
Ruiz-Gallardón.
Al término de su comparecencia,
al ser preguntado por los periodistas, Moliner reiteró que el informe del CGPJ
ya señalaba que la ley "podía tener problemas en la aplicación en
determinados momentos, en determinadas jurisdicciones y con determinadas
personas".
En todo caso, Moliner
sostiene que "hay que estar a lo que dijo el Tribunal
Constitucional", que permitió la posibilidad de que haya tasas,
"siempre que no impidan o dificulten gravemente el acceso a la
Justicia". Por ello, cree que habrá que ver en cada caso como se ha
producido y eso los jueces lo dirán, lo tienen que decir ahora los jueces no el
Consejo General del Poder Judicial.
Primer recurso de
inconstitucionalidad contra el 'gallardonazo'También este lunes, la
asociación de abogados 'Ius et Fides' ha presentado el primer recurso de amparo
de inconstitucionalidad directo ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la
Ley de Tasas Judiciales aprobada por el ministro de Justicia, Alberto
Ruiz-Gallardón. La letrada
Monserrat Suárez, candidata a decana al Colegio de
Abogados de Madrid, ha sido la encargada de registrarlo ante el Alto Tribunal.
Tras la presentación del
recurso, esa misma letrada se ha personado en la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Madrid para recurrir la disposición que fue
publicada en el BOE el pasado viernes, por la cual se aprobada el formulario de
autoliquidación para la tasa: "Ahora mismo, teniendo razón, pero no teniendo
dinero, no podemos tener amparo judicial", dijo Montserrat Suárez.
El medio que ha empleado
la asociación 'Ius et Fides', demandante en amparo para que se declare la
inconstitucionalidad de dicha Ley, es el recurso de amparo directo porque
entiende que es una Ley "autoaplicativa", es decir, "que desde
el momento de su entrada en vigor produce un quiebro y una vulneración de los
derechos fundamentales de la persona"; es decir, "el acceso a la
tutela judicial efectiva, el acceso a poder interponer una demanda y que esta
sea atendida por el órgano judicial correspondiente".
Estos abogados reconocen que
la vía por la que se ha presentado el recurso es "muy excepcional": "Podrá
preguntarse la gente que sólo pueden tener legitimación el presidente del
Gobierno, el Defensor del Pueblo ó 50 senadores ó 50 diputados, pero hay
miembros de este tribunal que entienden que cuando se trata de una ley
autoaplicativa es posible que se presente el recurso de amparo de
inconstitucionalidad directo. Por eso entendemos que tenemos legitimación y
llegaremos hasta donde sea necesario".
De no ser admitido este
recurso de amparo directo, deja abierta la vía para acudir al Tribunal Europeo
de Derechos Humanos.
Las asociaciones
judiciales perfilan una huelga en eneroLos ánimos contra
Ruiz-Gallardón están, como se ve, bastante caldeados, tanto que el portavoz de
la Asociación Francisco Vitoria,
José Luis González Armengol, ha reconocido
este lunes, con motivo de la entrada en vigor de la nueva ley de tasas
judiciales, que es "bastante probable" que las asociaciones y
colectivos del sector vayan a la huelga el próximo mes de enero.
"Hacemos una
valoración negativa; con el concepto 'tasas' estamos de acuerdo, pero en
desacuerdo con las cuantías, que tendrían que asemejarse a las cantidades
existentes en otros países europeos como Francia, donde no pasan de los 30
euros", ha explicado Armengol, que prevé que esto suponga un
"gravísimo problema para los ciudadanos" de índole económico.
La nueva norma, que
contempla incrementos de entre 50 y 70 euros en las tasas y supone que por
primera vez el ciudadano tenga que afrontar un coste de hasta 1.200 euros si
quieren recurrir ante el Tribunal Supremo en la vía Civil y
Contencioso-Administrativa, es a su juicio "un parche" que no
resuelve los problemas de fondo de la Justicia, y que sólo responde a motivos
económicos.
El Consejo de la Abogacía
ve indicios de inconstitucionalidadY, en fin, hasta el presidente
del Consejo General de la Abogacía Española,
Carlos Carnicer, ha dicho que ve
viable que prospere un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de tasas
judiciales. Carnicer cree "firmemente" que los recursos de
inconstitucional que se han anunciado puedan tener algún resultado, y ha añadido
que esta semana se reunirá con diputados del grupo socialista "para hacer
entrega de los fundamentos jurídicos que nosotros creemos que desvirtúan
totalmente esta ley de tasas absolutamente inexplicable".
Carnicer ha precisado que
siguen intentando que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy,
"intervenga en el conflicto y podamos empezar a dialogar con razón",
de forma que "nos sentemos todos los profesionales afectados, todos los
que estamos todos los días con la Justicia, que creo que sabemos bastante cómo
funciona de bien o de mal".
Para él, la nueva ley es
"un absoluto fracaso, un fiasco" porque "impide que los
ciudadanos ejerzan varios derechos fundamentales", como el de la tutela
judicial efectiva y el derecho a un proceso con garantías, que
"desaparecen con las tasas", así como el de igualdad.
En relación con ese
último derecho, dice Carnicer que va a haber "desigualdad entre los ricos
y los pobres", entre "aquellos que tengan una situación económica
desahogada" -que "van a poder seguir interponiendo" los procesos
que deseen, aunque sea "a un más alto coste"- y "los miles y
miles de personas" de la clase media que "van a tener una absoluta
indefensión por no poder acceder a la justicia".
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