La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha anunciado en el Senado que pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal el listado de las ocho administraciones que no han contestado a tres o más requerimientos de información realizados por la Institución. Concretamente se trata de la Universidad Complutense de Madrid, el Colegio de Abogados de Toledo, la Consejería de Infraestructuras y Transportes de la Generalitat Valenciana, y los ayuntamientos de San Fernando de Henares y Leganés (Madrid), Torredembarra (Tarragona), Langreo (Asturias) y Arona (Tenerife).
"Si los ciudadanos tienen que cumplir la ley más presencia tienen que dar las administraciones, tienen que responder al Defensor y si no responden es un desacato. Es responder a problemas, inquietudes o preguntas de los ciudadanos y están absolutamente obligadas todas las administraciones", ha subrayado durante su comparecencia ante el Pleno para presentar el informe relativo a 2011.
En el caso del Colegio de Abogados su denuncia se refiere al funcionamiento del turno de oficio en abogados y la denegación de asistencia jurídica gratuita.
El pasado 6 de noviembre, Becerril ya anunció durante su comparecencia ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo su intención de poner en conocimiento del Fiscal General del Estado un listado con más de 50 administraciones --municipales, autonómicas, colegios profesionales y universidades públicas-- que no habían respondido a sus peticiones de información.
Tras este anuncio, según ha explicado, casi todas las administraciones subsanaron el error y remitieron a la Institución la información requerida. Sin embargo, ocho de ellas siguen sin contestar y, por ello, la Defensora remitirá estos casos al Ministerio Fiscal.
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