Autorizada la manifestación de Bilbao dedicada a los presos de ETA pese a la fuerte polémica

   Así consta en un auto dictado este viernes por el magistrado en el que rechaza la petición de prohibición planteada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y señala que con los datos que obran en la causa "no puede inferirse la existencia de ilícito penal" en la convocatoria.
      La marcha, convocada por la asociación Herrira, ha sido apoyada, entre otros, por el líder de ERC, Oriol Junqueras, el exconsejero socialista Ernest Maragall, el diputado de CiU Carles Campuzano, los actores Pilar Bardem y Guillermo Toledo, o el exdirector de la Unesco Federico Mayor Zaragoza.

Sin indicios de delito
   En su resolución el titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 recalca que ninguno de los "promotores, organizadores ni participantes" en la marcha esta "inhabilitado" ni "privado de sus derechos", a lo que añade que su intención es la de que la movilización se desarrolle "en silencio y sin ningún tipo de alteración, como expresan los informes policiales".


   En contra de la opinión de la AVT, que denunció que la marcha podría ser constitutiva de un delito de enaltecimiento del terrorismo, el juez Gómez Bermúdez señala que "en ningún momento hasta la fecha se hace referencia a que en el acto convocado se vayan a realizar acciones delictivas, incluidos actos de enaltecimiento a personas, grupos o elementos terroristas, o acciones que impliquen vejación o menosprecio a sus víctimas".


   "No es posible la limitación de derechos que se pretende por los denunciantes, so pena de incurrir en la aplicación de lo que se ha dado por denominar 'derecho penal de autor' frente al derecho penal de hecho, propio de la sociedad democrática", sostiene.


Misión de la autoridad gubernativa
   El magistrado, que también recuerda en su auto la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la libertad ideológica y de pensamiento, destaca que corresponde a la autoridad gubernativa "velar por el cumplimiento de los requisitos constitucionales en el ejercicio del derecho de reunión y manifestación" y prevenir "la comisión de actos delictivos".


   "A la jurisdicción penal compete sólo la persecución y castigo de los hechos ilícitos penales una vez que estos se han producido; actúa ex post, no ex ante, pues carece de competencias preventivas", apunta.


   La marcha, que partirá a las 17.30 horas de El Arenal y recorrerá el Casco Viejo de la capital vizcaína, pretende reunir a "personas de diferentes sensibilidades, creencias, ideologías, sectores o filiación política" para expresar "su clara voluntad de avanzar hacia el cambio de la política penitenciaria y un escenario de normalización, solución y paz en Euskal Herria", según un comunicado redactado por los convocantes.