El Gobierno planea recurrir al Constitucional el documento sobre la soberanía de Cataluña

La de Sáenz de Santamaría ha sido la primera reacción gubernamental al documento pactado entre Artur Mas (CiU) y Oriol Junqueras (ERC) que será debatido en el Parlament catalán el próximo 23 de enero y que significa el pistoletazo de salida para el inicio del camino de la independencia de Cataluña. El documento no ha cogido por sorpresa al Gobierno, que incluso antes de conocerlo en sus actuales términos ya tiene preparadas una serie de acciones a emprender contra los conjurados de CiU y de ERC.

Una de las primeras acciones podría ser, precisamente, recurrir ante el Tribunal Constitucional la declaración que salta del Parlament catalán el próximo 23 de enero, siempre y cuando la misma observe la misma redacción que el texto pactado entre los dirigentes de CiU y de ERC. Es algo que no ha querido confirmar la vicepresidenta del Gobierno en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, pero que ha quedado explícito en el conjunto de preguntas que la número dos de Mariano Rajoy ha respondido al efecto.

Desde el Gobierno se sigue la técnica de no echar más leña al fuego que la estrictamente necesaria, y de ahí que Sáenz de Santamaría se ande con pies de plomo a la hora de comentar cualquier acción relacionada con Cataluña. Pero este viernes ha tenido que recurrir una vez más a lo obvio, que es que "este Gobierno cumplirá y hará cumplir la Constitución y las leyes", y más aún respecto a un documento como el presentado por Artur Mas, "con un alto contenido político, inconsistente con lo que es la ley en España y en Europa".

Aplicación del Artículo 155 de la Constitución

Como no podía ser menos, el Gobierno de derechas de Rajoy ve con preocupación la derivada soberanista en Cataluña, pero no quiere enseñar sus cartas. Unas cartas que, según han reconocido a Diariocrítico medios gubernamentales, pasan finalmente por la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que dice:

"Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general... Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas".

Las citadas fuentes gubernamentales alegan a Diariocrítico que nunca dirán esto en público para no dar bazas a los independentistas que ya han empezado a decir que el 'Estado español' les amenaza con la Guardia Civil. Es decir, se trata de poner freno al victimismo de Artur Mas, el hombre al que los catalanes han desautorizado en las urnas pero que convierte su vapuleo electoral en rabieta secesionista.

A ese aspecto, precisamente, se ha referido este viernes Soraya Sáenz de Santamaría, que le ha dicho claramente a Artur Mas que el pueblo catalán habló en las urnas el 25 de noviembre "y lo que ha dicho es que no le merece confianza en votos y escaños el promotor de esa declaración [Artur Mas]", y que ahora lo que Artur Mas está haciendo es llevando al parlamento regional su gran fracaso electoral.

Esa declaración de la vicepresidenta del Gobierno implica reconocer lo que mucha gente piensa: que Artur Mas está electoralmente deslegitimado, y a partir de ahí es desde donde se ha establecido la estrategia del Gobierno de Rajoy, aunque sin desvelar públicamente los pasos que se van a ir dando.

El primer paso es el dado este viernes, con un "llamamiento a todos a la serenidad y a la reflexión". Pero si tal reflexión no se produjera, "se hará cumplir la ley y la Constitución en cada caso, y en cada caso [la medida a tomar] dependerá de los efectos que se produzcan". Es decir, que si se aprueba un documento como el presentado en Cataluña, se irá al Constitucional.

Sáenz de Santamaría no ha dejado de lanzar su idea de entendimiento, pero con un aviso muy serio: "El Gobierno tiene una voluntad de entendimiento, pero lo que no podemos dialogar es sobre la Constitución", añadiendo que "de acuerdo con la Constitución y los tratados de la Unión Europea, lo que están haciendo no [CiU y ERC] se puede hacer".

La estrategia del Gobierno central pasa también por poner en entredicho frente a los ciudadanos con problemas la política con 'minúsculas' que realizan los nacionalistas en Cataluña. La frase, en cuestión, es ésta: "La inestabilidad no ayuda [contra la crisis económica y contra el paro]: perjudica. Tendrán que explicar por qué gastan tanto tiempo y dinero en iniciativas que según la Constitución no pueden prosperar en vez de en medidas contra el paro, contra la crisis".