En concreto, el organismo fiscalizador hace referencia a las líneas de mediación destinadas a paliar los efectos de desastres naturales, que en 2008 sumaban un máximo autorizado de 1.664,2 millones de euros, de los que se dispusieron 1.244,8 millones (74,8%) en un total de 88.712 operaciones relativas a inundaciones, incendios, heladas, sequías y tormentas tropicales ocurridas entre los años 2001 y 2007.
Así, apunta que estas líneas presentaron un "porcentaje de disposición muy reducido" dado que en 15 de las 19 líneas implantadas con esta finalidad desde 2001 "se había dispuesto menos del 4% del total de los fondos autorizados", con seis de ellas sin ninguna disposición en absoluto.
Entre ellas, destacan las destinadas a los afectados por el incendio de Guadalajara de 2005, en el que murieron once personas y dotada con 20 millones; a los damnificados por los casi 2.000 fuegos que arrasaron Galicia en el verano de 2006, dotada con 25 millones; y a los afectados por los desbordamientos del Ebro en la primavera de 2007, dotada con tres millones. En total, 127,11 millones de euros de los que nunca se dispusieron.
"Únicamente en dos casos tales líneas de desastres registraron un elevado grado de disposición (77% y 95%), si bien se trataba de las de mayor dotación", subraya el Tribunal, justificando esta circunstancia en que estas líneas de ayuda coexisten con otras cuyo acceso es menos dificultoso para los damnificados. Esas dos líneas estaban destinadas a los agricultores de Valencia, Andalucía, Baleares y Murcia afectados por las heladas en 2005 (620 millones) y a los damnificados por las sequías de ese mismo año (800 millones).
Por todo ello, se propone "revisar la regulación de las líneas de mediación específicamente creadas para paliar los efectos de los desastres naturales" para fijar condiciones, plazos y procedimientos "más fácilmente accesible" para los beneficiarios.
"Debería analizarse la conveniencia de seguir utilizando este tipo de líneas", añade, a lo que el ICO responde que "se comparte el interés y la necesidad de analizar las características y funcionamiento de este tipo de financiación" y asegura que en 2013 "se valorará la realización de un informe de evaluación a fin de identificar posibles propuestas de mejora".
Préstamos directos, a pesar de informes desfavorables
Por otro lado, este informe pone de relieve que el ICO concedió en el año 2008 algunos préstamos directos pese a existir informes de riesgo desfavorables o que contenían condiciones u observaciones que no fueron tenidas en cuenta.
Además, subraya que "los expedientes analizados de solicitudes de financiación directa contenían, con carácter general, la documentación pertinente, si bien en algunos casos no había justificación documental de la propia solicitud".
"En varias de las operaciones directas aprobadas, los informes de riesgos, que no tenían carácter vinculante, eran desfavorables o contenían condiciones u observaciones que no fueron tenidas en cuenta al aprobarse tales operaciones", añade.
Además, en una de las operaciones de este tipo, el Consejo General del ICO aprobó "un importe total significativamente superior al recomendado por el informe de riesgos, habiéndose producido finalmente retrasos en el pago de sus vencimientos".
Los programas de financiación directa del ICO buscan impulsar grandes proyectos de inversión productiva tanto públicos como privados, así como respaldar inversiones de empresas españolas en el extranjero y apoyar determinados proyectos. Se instrumentan a través de préstamos a largo plazo con diferentes modalidades (bilaterales, sindicados, cofinanciados, entre otros) con la asunción por parte del ICO del riesgo de insolvencia.
Los plazos de tramitación son "demasiado prolongados", entre otras cosas
Entre las conclusiones del Tribunal de Cuentas se destaca que las líneas de mediación del ICO ascendieron en 2008 a un total de 9.969 millones de euros, que tuvieron un nivel de disposición "satisfactorio" al haberse asignado el 71,3% del total, cifra que llega al 89,1% si no se tienen en cuenta las líneas de carácter plurianual.
Sin embargo, el organismo fiscalizador también advierte que los plazos de tramitación de los expedientes son demasiado prolongados y de que existe falta de homogeneidad en los datos que manejan los diferentes departamentos del Instituto.
Por eso, entre sus recomendaciones propone "homogeneizar el método de cálculo de las subvenciones otorgadas" así como reducir los plazos empleados en la supervisión y "exigir la remisión en plazo de toda la documentación" mediante el establecimiento de sistemas de penalización para las entidades financieras que se retrasen en su cumplimiento.
A este respecto, el ICO alega en un documento adjunto que, pese a ser consciente de estas "demoras" en la remisión de documentación, "la no aceptación de la misma por haber excedido el plazo únicamente perjudicaría al cliente final y al objetivo de la línea" y asegura haber aplicado "estrictamente las cláusulas y penalizaciones recogidas en los contratos de financiación" para los casos de incumplimiento.
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