Según ha informado en nota de prensa la Delegación, el detenido facilitó, a cambio de entre 225 y 300 euros, contratos falsos a 129 supuestos trabajadores para obtener prestaciones por desempleo.
La mercantil de la que era administrador único no tenía ninguna actividad real y durante seis meses, que tramitó 130 contrataciones, no cotizó por ninguno de sus pretendidos empleados. El empresario tiene numerosos antecedentes por diversos delitos.
A lo largo de la investigación se han detenidos a 60 falsos trabajadores pertenecientes a la plantilla de la empresa investigada por estafa y falsedad antes la Administración pública.
Dice la Delegación del Gobierno que en el pasado mes de abril del año 2012, la Comisaría de Albacete tuvo conocimiento del hecho a través de la Subdelegación del Gobierno en Albacete, por un expediente la Dirección Provincial de Ministerio de Trabajo, que informaba del resultado de una inspección sobre una empresa, en el transcurso de la cual se detectaron una serie de irregularidades en la contratación de sus empleados de los que no pagó las correspondientes cuotas a la Seguridad Social.
El estudio y análisis de los datos que contenía el informe determinaron la falsedad y la manera fraudulenta con la que actuaba el responsable de la empresa, un colaborador de éste y las personas que ofrecían sus datos personales y documentos pertinentes para ser dados de alta en la Seguridad social desempeñando así el rol de falso y/o fraudulento trabajador.
Así, estas personas accedían a prestaciones sociales o subsidios por desempleo del sistema público, adquirían y consolidaban derechos de pensión por jubilación, y en el caso de las personas de origen extranjero como medio de obtener la regularización en España o su renovación.
Una empresa ficticia
La investigación permitió averiguar que la empresa era simplemente un ente jurídico utilizado instrumentalmente para llevar a cabo las estafas y fraudes a la Administración Pública, carecía de órganos de administración y dirección, sede social o laboral o almacén. También carecía de herramientas de uso colectivo y centros de trabajo.
Además, según la Delegación, la captación de las personas interesadas en adquirir un contrato laboral por parte de los dos principales responsables se celebraba en bares, vías públicas o en vehículos, donde se formalizaba mediante las firmas e intercambio de contratos y documentación personal, pagando la cantidad acordada --entre 225 y 300 euros-- en función del tipo de contrato y de los efectos que este produciría al interesado.
La investigación ha permitido averiguar que han sido 139 contratos falsos los expedidos por la empresa a 129 pretendidos trabajadores, por los que no se ha pagado la correspondiente cuota a la Seguridad Social, lo que supone un fraude aproximado de más de 125.000 euros, y la comisión de 139 delitos de falsedad y de estafa.
Desde la Delegación del Gobierno han indicado que entre el último trimestre de 2011 y el primero de 2012, en plena crisis del sector de la construcción, donde se nutren estas empresas para desarrollar su actividad, la empresa ficticia tramitó 139 contratos laborales.
450.000 euros de impagos
De igual modo, han señalado que el Fraude a la Tesorería General de la Seguridad respecto de la cuotas a la seguridad social y otras obligaciones no satisfechas o impagadas constituyen un perjuicio superior a los 450.000 euros.
El propio empresario, su mujer y cinco familiares se auto contrataron al objeto de percibir las ayudas de la Renta Mínima de Inserción, destinada a personas y familias sin recursos.
Los 62 falsos empleados han sido arrestados en La Roda (7), Almansa (1), Villarrobledo (1), Albacete (41), Quintanar del Rey (Cuenca) (3), Benidorm (8), y en Orihuela (Alicante) (1).
La investigación sigue abierta a la espera del resultado de la colaboración de otras plantillas policiales donde residen o tienen su último paradero o domicilio los restantes trabajadores defraudadores.
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