La verdadera dimensión de la corrupción

Hemos empezado el año abrumados por las señales de corrupción pública. Y desde luego la situación es grave, pero creo que es necesario tener una idea ponderada de cuan grave. Porque en España nos movemos a impulsos y ahora parece que todo el mundo piensa que la corrupción es el principal problema. Aunque, sintomáticamente, después de la primera reacción, la misma gente encuestada que afirma eso luego dice que no es para tanto.

Así que para tener una idea aproximada de la verdadera dimensión de la corrupción me parece necesario adoptar una visión comparada. En primer lugar, colocando a España en el concierto mundial: según Transparencia internacional nos situamos en el lugar 30 de un total de 174 países, no muy lejos de nuestros socios europeos. En segundo lugar, observando la evolución del problema: tampoco en ese plano la cosa ha variado mucho en la última década. Es decir, no parece muy aventurado decir que el fenómeno en sí no ha crecido tanto como parece.

Como suele suceder en estos casos, lo que si puede estar variando son dos cosas: la percepción social del problema y un mayor descubrimiento de casos, debido precisamente a su mayor persecución. El primer factor es preocupante, porque se asocia con otros problemas para socavar la legitimidad de la política y de las instituciones. Pero el segundo factor sería una buena noticia: no es que haya más corruptelas sino que se descubren mucho más, precisamente porque hay mayor presión social y política sobre el problema.

En todo caso, como sucede con la inseguridad ciudadana, la necesaria distinción entre la medición de su evolución objetiva y la de su percepción social, no significa desconocer la importancia de esta última. En ese sentido, tratar de minimizarla como se hace desde sectores del PP, argumentando que todo es consecuencia del malestar social creado por la crisis económica, no me parece procedente. Eso es sólo una verdad a medias: es cierto que el malestar social generalizado contribuye a tener una visión negativa de la realidad que nos rodea, pero no lo es que ese malestar sea la única causa ni que el propio malestar sea producido sólo por la crisis económica.

Pareciera que en el PP todo tendiera a medirse en relación con la crisis económica. Así, si en este 2013 mejorara la situación económica, la caída de credibilidad de Rajoy y su Gobierno se revertiría como por ensalmo. En realidad, esa forma de ver las cosas alude en última instancia a las debilidades de liderazgo de Rajoy y su rechazo de la política. La conducción del país necesita de actuaciones directamente políticas, sobre todo desde el Gobierno.

En tal sentido, creo que la Ley de Transparencia podría ser un buen instrumento político para enfrentar el crecimiento de la percepción social sobre el aumento de la corrupción y, por consecuencia, de la visión negativa de todo lo mal que está el país. Claro, que también puede convertirse en una nueva oportunidad perdida, si se convierte en objeto de rapiña política de los partidos. El PP puede tener la tentación de usar la presentación unilateral de la Ley para recuperar apoyo político y la oposición puede usar el debate sobre la ley para demostrar la incompetencia del Gobierno. Resultado: la Ley será percibida por la población como algo ineficaz o insuficiente. Un ejemplo más de la falta de sentido de Estado.

Otra cosa sería si la Ley buscara suficiente consenso y se convirtiera en un instrumento defendido por todos... o casi todos. Esto último lo digo porque hay quienes, obsesionados por el problema de la corrupción, están dispuestos a introducir tantas trabas en la administración pública, que conviertan al Estado en un monstruo paralitico. Algo que hay que evitar como la peste. Confieso estar plenamente de acuerdo con el maestro Sartori cuando afirma que prefiere un Estado ágil y eficiente, con un nivel contenido de corrupción, que un Estado ineficiente, entrabado por una maraña de controles para perseguir la corrupción hasta el último rincón. Y para evitar caer por ese despeñadero fanático nada mejor que comenzar por adquirir una medida ponderada de la magnitud de la corrupción.