Una hipoteca hace que Ecuador demande a España ante el Tribunal de Derechos Humanos

En la demanda, apoyada por la defensoría del pueblo, se solicita que inste al Estado español a que cambie la ley de enjuiciamiento civil que no permite "un juicio justo en el que el juez pueda escuchar a ambas partes, ponderarlas y resolver". 

De esta forma se busca comenzar un cambio de la ley hipotecaria que es al final otro hecho más que comulga con los pronunciamientos que han hecho algunos jueces, de no continuar con los procesos de desalojo hasta que no haya un pronunciamiento definitivo, situación similar que han presentado en otros puntos de España cerrajeros o la policía o las muchas manifestaciones que ha hecho la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, ha considerado Rivandeneira..
 
"La actuación de la defensoría del pueblo no es un acto contra el Gobierno", quiso aclarar Rivadeneira, "es la posibilidad de abrir un espacio de reflexión y de acuerdos, nuestra es la participación es con el fin de que podamos tener mejores situaciones de dignificación del ser humano".
 
Es la primera denuncia pero no se descarta que lleguen más pues uno de los requisitos para poder optar a este mecanismo de justicia internacional es que se agoten todas las vías internas. "puedo decir con certeza que estamos defendiendo otros casos en las instancias internas y que esperamos que se resuelvan positivamente como ya ha ocurrido en otros casos en los que se ha dotado la dación en pago", no así en el caso de Luis Solórzano.
 
El defensor del pueblo ecuatoriano es claro: "acudimos al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo porque consideramos que al no permitirse exponer las razones de no pago ante un juez se vulnera el derecho a una justicia de la que deben gozar todos los ciudadanos". Asimismo, "consideramos que el ejercicio de la justicia es fundamentalmente de ética y no puede darse en un sitio donde es escuchado una sola de las partes".
 
"Estamos conscientes y agradecidos la solidaridad del pueblo español respecto a los migrantes ecuatorianos, España les abrió las puertas en un momento difícil", en que en el caso de Ecuador fue producto de la crisis bancaria de finales de los 90
Eso no evita que desde Ecuador se haya decidido "emprender la defensa con firmeza de los ecuatorianos" porque "así lo indica la Constitución ecuatoriana en el artículo 214".
 
Para ello, "hemos contratado el servicio de abogados en España" y se ha atendido a unos 6.000 ecuatorianos, aunque "nos dicen los estimativos que no son menos de 15.000 familias afectadas pero son estimativos que pueden crecer".
 
El caso Solórzano 

Luis Solórzano es un ecuatoriano ahora español, que llegó a España en el 99, al poco tiempo llegó su esposa y 4 años después llegó su hijo mayor, su hijo menor nació en España. Hasta 2008 trabajó en la construcción. Tuvo un accidente y su dedo pulgar de la mano derecha quedó paralizado, impidiéndole ejercer sus funciones por lo que perdió el trabajo.
 
Ante la dificultad de pagar una hipoteca de 640 euros cuando su ingreso era de 700 euros en situaciones normales. Cuando no pudo pagar su préstamo intento negociar la casa con el banco para que se configurara la dación en pago. El banco nunca aceptó, por el contrario inició un procedimiento civil con el fin de ejecutar la deuda.
 
"Suscribimos la posibilidad de que se regule la dación en pago para que las personas resuelvan el conflicto devolviendo el bien" asegura el defensor del pueblo. Si se llega a ejecutar la deuda, "Luis devolverá el bien, será desalojado y continuará con una deuda durante muchos años".
 
En su opinión, la solución más justa es "que se plantee y replantee la posibilidad de que la dación en pago resuelva estas situaciones" y que el alquiler social sea "alternativa de solución a la crisis".