Pedir justicia

No es que haya que pagar tasas por pedir justicia, un derecho fundamental de los ciudadanos. O que el Código Penal, que pretende poner en marcha Gallardón, castigue con penas de prisión a las personas que acogen a inmigrantes sin papeles, lo que además de un despropósito es un "sindios". Ni que, aunque se hayan paralizado algunos desahucios, siga habiendo casos sangrantes de gente que ni puede pagar ni puede devolver su piso sin dejar de deber lo que no está escrito. Ni que cada día nos escandalice otro caso de corrupción de norte a sur, con millones en Suiza, estafas a la Administración, cobros por parte de personas que no existen, comisiones del 3 por ciento y tantas más. Ni que un kamikaze que circuló por sentido contrario en una carretera y mata a una persona sea indultado. No es suficiente, al parecer. 

Hace unos días, un programa de televisión, creo que de Telecinco, denunció que  hace cinco años, una mujer en paro se encontró en la calle una cartera con sus tarjetas de crédito y un DNI en su interior. Contra lo que es habitual -la mayoría de la gente actúa con honradez- no dudó en utilizarla para comprar comida y pañales para sus hijas en un supermercado. ¿Usted o yo, qué habríamos hecho? Como el engaño no produjo ningún problema, decidió repetir la operación. Esta vez no coló, pero se fue a otro supermercado y allí la pillaron. La mujer cumplió servicios sociales y pagó la multa, pero al ser su condena superior ¡a dos años!, al parecer está a punto de ingresar en la cárcel.

Es difícil que un ciudadano con sentido común, que paga sus impuestos, que respeta las leyes, que trata de comportarse como se exige a todos, pueda entender y aguantar noticias como ésta. Basta comparar la pena de dos años de cárcel por aprovecharse de una pérdida, en circunstancias de extrema necesidad, y gastar unos cientos de euros que, además, seguramente cubre el seguro que tienen las tarjetas de crédito, frente a las conductas de los que han defraudado decenas de millones, se los han llevado crudo o han estafado y dejado a la intemperie a muchos ciudadanos, y están en su casa o, como mucho, pasan una temporada a la sombra, y cuando salen viven a cuerpo de rey con el dinero que guardaron dentro o fuera de España.  

Hace años, un fiscal me decía que no habían podido empapelar a un conocido empresario por una deuda de 6.000 euros con un trabajador porque el citado personaje -que sigue disfrutando de una de las más grandes fortunas de España- era ¡insolvente! O, dicho de otro modo, no tenía nada a su nombre.  Injusticias como éstas, corrupción como la que sufrimos y conocemos -otra no la conocemos nunca- y los obstáculos para acceder a la Justicia ponen a los ciudadanos al límite. Y un día acabarán estallando. A veces, pedir justicia es un lujo imposible.

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