En rueda de prensa, Ramos se ha referido al caso conocido en la localidad de Polán, donde el actual alcalde popular, Alberto Virseda, ha presentado una querella contra su antecesor, Antonio Cortes, del PSOE, por un presunto delito de estafa por una obra que se realizó a través del programa de Ayuda a Municipios del año 2010, en un momento en el que la única justificación que se exigía para la certificación y pago de la inversión eran las facturas compulsadas por el secretario.
El 'popular', que ha confirmado que "la obra está pagada y no está ejecutada", ha destacado que el sistema se ha mejorado notablemente desde la toma de posesión de Arturo García-Tizón, al aplicar el control antes de comenzar la obra y después de su conclusión, momento en el que se procede al pago de la misma, ha informado la Diputación en nota de prensa.
En cuanto a la actitud del alcalde de Polán, el vicepresidente ha indicado que "ha actuado ante la irregularidad detectada con transparencia, honestidad y honradez, que es lo que demandan los ciudadanos". En este punto, ha aclarado que la Diputación solicitará al Ayuntamiento de Polán el traslado del expediente, con el objetivo de valorar los hechos y solicitar el retorno de la cantidad económica entregada, reservándose el derecho de emprender posibles acciones legales en su condición de parte perjudicada.
También en Mora y Garciotúm
Por otro lado, Ramos ha adelantado que la propia Fiscalía de Toledo ha remitido al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Toledo una posible malversación de caudales públicos en la localidad de Mora, puesta en su conocimiento por el Ayuntamiento en base a un convenio tripartito suscrito el 25 de julio de 2006 entre la Diputación provincial, la Agencia Provincial de la Energía de Toledo y el Consistorio de Mora, para la instalación de placas de energía solar fotovoltaica en el castillo de Las Peñas Negras del municipio.
Jaime Ramos ha indicado que la Fiscalía hace una clara tipificación de los hechos y señala "que sin perjuicio del resultado de las diligencias, los hechos revisten caracteres de un delito de malversación de caudales públicos tipificados en el artículo 432 del Código Penal". Según la Fiscalía, habiéndose adjudicado, facturado y pagado las obras, éstas no han llegado a ejecutarse. La cantidad sujeta a esta actuación judicial es de 31.178 euros.
También ha revelado el vicepresidente portavoz de la Diputación el caso del Ayuntamiento de Garciotúm, que en el año 2012 solicitó a través de Planes provinciales la ampliación de una obra ya ejecutada entre los años 2008 y 2009. Sin embargo, "con el nuevo sistema de control se detecta que, cuando se pide la documentación, existen irregularidades, puestas de manifiesto por los servicios técnicos provinciales".
En concreto, ha detallado, "las ejecuciones que se solicitan son idénticas a las realizadas en 2008, advirtiéndose entonces que se quiere 'colar' una factura de 2008 en 2012. Además, cuando se requiere explicaciones al que firma como director de obra, éste afirma que no ha suscrito ninguna certificación con fecha de 2012, por lo que podría incluso existir falsificación de firma o identidad".
La Diputación, a tenor de estos hechos, ha decidido recurrir a la Fiscalía para que actúe de oficio, pues se trata de una obra valorada en 30.701,55 euros.
Subvenciones a clubes deportivos
Por último, Jaime Ramos ha señalado que el sistema "era tan chapucero que permitía hasta presuntas irregularidades en subvenciones a clubes deportivos, de tal forma que el día 14 de diciembre de 2012, la Junta de Gobierno acordó solicitar al Club Deportiva Elemental de Sonseca la devolución de las subvenciones de los años 2008, 2009, 2010 y 2011, por un total de 15.750 euros, y pedirle los intereses de demora, de 2.309,16 euros, porque se habían dado unas subvenciones, nadie se había preocupado de verificar en que se habían gastado, y en el expediente no obraba ningún tipo de justificación".
El portavoz ha mostrado su preocupación por lo que puede determinarse como un modo de actuación extendido en anteriores legislaturas, cuando se concedían ayudas "sin la exigencia de los requisitos mínimos de control, que han llevado a algunos ayuntamientos a saltarse presuntamente la legalidad, intentando aprovecharse de la falta de rigor en las adjudicaciones de obras o subvenciones".
En este punto, Ramos ha pedido responsabilidades a Emiliano García-Page, "como responsable provincial del PSOE en los tiempos en los que acaecen estos hechos. En este momento es el responsable regional de los socialistas, y yo creo que los ciudadanos de Toledo y de Castilla-La Mancha necesitan una explicación de lo que nos tememos pueda ser un 'modus operandi' generalizado entre administraciones socialistas".
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