La 'procesión atea' amenaza con salir con o sin permiso

"Entendemos que la libertad de expresión y el derecho a la manifestación están por encima de argucias administrativas de las Instituciones políticas para seguir favoreciendo a la Iglesia Católica", ha asegurado el presidente de AMAL, Luis Vega.

A juicio de Vega, la decisión de la Delegación del Gobierno de negar la autorización a la marcha, prevista para las 20.00 horas entre Tirso de Molina y la Plaza de Lavapiés, por haberse presentado fuera del plazo establecido, es "errónea".

En este sentido, Vega ha negado que la petición se realizara fuera del plazo general y ha asegurado que se presentó el escrito en el registro el 19 de marzo a las 10.00 horas y que como la manifestación era para el 28 de marzo a las 20.00 horas, a la Delegación le "sobraban algunas horas" para realizar los trámites.

Por su parte, la resolución de Delegación del Gobierno recordó que la Ley Orgánica reguladora del Derecho de Reunión establece que las manifestaciones en lugares de tránsito público deben ser comunicadas con una antelación de diez días naturales, como mínimo, y treinta como máximo.

"Cuando la iglesia invade la calle"

En el escrito de recurso, AMAL ha recalcado que su prioridad es que la marcha se celebre en la fecha solicitada, pues el día 28 es el momento en el que, a su juicio, "la iglesia católica invade la calle, prohibiendo y recortando el derecho a otras expresiones ciudadanas".


Vega ha recordado que este es el tercer año consecutivo que piden a la Delegación del Gobierno que autorice la marcha y ha reprochado a esta institución que "siga utilizando argucias para impedirlo". "No se entiende que la Delegación prohíba una manifestación, como han hecho otras veces, porque pase por calles con nombres de Santo o porque, según ellos, no se convoque a tiempo", se ha quejado Vega.

'Ningún privilegio para las iglesias. Sin subvenciones a las iglesias, tendríamos la mejor enseñanza del mundo. Enseñanza pública y laica' es el lema bajo el que AMAL ha convocado la marcha a la que, de celebrarse y según las estimaciones de los convocantes, reuniría a 300 personas.

La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha asegurado este lunes que la marcha 'atea' no se hubiera autorizado incluso si sus promotores lo hubieran comunicado dentro del plazo previsto al suponer una grave alteración del orden público.

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