Ante el ataque a la integridad del docente

El pasado día 15 de marzo, las consejerías de Presidencia y Administraciones Públicas y de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha firmaban un acuerdo de coordinación para el desarrollo de un "Protocolo de actuación conjunta cuya finalidad es proteger y salvaguardar a los 32.000 profesores castellano-manchegos", entre los que me encuentro yo. Las cifras no me cuadran. Hace algún tiempo, el consejero Marcial Marín decía: "los casi 1.000 millones de euros que la Consejería destina anualmente a la educación pública, dando estabilidad a más de 28.000 profesores". ¿Ha contratado a 4.000 docentes recientemente? ¿Dónde están, que no se les ve? ¿Serán asesores?

Ante la lectura de esta información procedente de medios oficiales del Gobierno de Castilla-La Mancha no sabía cómo encajar tal noticia. Mi primera reacción ha sido de pánico. ¿Estará amenazada mi integridad física o moral cuando acceda a mi puesto de trabajo, el próximo día 8 de abril, después del período de descanso? ¿Está tan generalizada la agresión física o moral al profesorado durante el ejercicio de su función docente? O más bien, ¿estamos en una segunda fase de una campaña orquestada, desde hace ya algún tiempo, por fuerzas institucionales y sindicales para extraer algún rédito de las situaciones de maltrato hacia los profesionales de la enseñanza en su puesto de trabajo? Maniobras de distracción.

Según el Ejecutivo castellano-manchego, "este Protocolo de actuación impulsa la colaboración entre las dos consejerías, con el objetivo de garantizar una respuesta rápida y eficaz ante las conductas infractoras de las que sea víctima el profesorado en el ejercicio de sus funciones, según se recoge en la Ley 3/2012, de 10 de mayo, de Autoridad del Profesorado". Según el consejero Marcial Marín, "gracias a esta Ley, estamos afianzando los dos pilares de nuestra educación: los profesores y los alumnos". ¿Antes no colaboraban?

El consejero Leandro Esteban manifestó que "mediante los protocolos que desarrolla este acuerdo, se proporciona una mayor protección y las mejores condiciones para que los docentes desempeñen su importantísima labor, y garantiza una mayor seguridad a la figura del docente".

Desde la práctica cotidiana, esto quiere decir que: cuando un alumno o una alumna, padre o madre o persona ajena a la comunidad educativa se dirija al maestro/a o a un profesor de Enseñanza Secundaria para realizarle una agresión física o maltrato moral, se le informará previamente que existe un Protocolo de Actuación y una Ley de Autoridad del Profesorado, aprobadas por el Partido Popular de Castilla-La Mancha y promovidas por Mª Dolores de Cospedal ("de las más avanzadas de toda España"), que me protege y me salvaguarda de dicha infracción (como una armadura con escudo incluido). Estamos seguros los docentes que ante tan importantes argumentos esgrimidos al posible infractor/a, no se llevará a cabo la conducta contraria a las normas de convivencia del centro y se marchará por donde ha venido. ¡Gracias Mª Dolores de Cospedal por tomar medidas como ésta!

Pero... ante todo lo narrado, mi segunda reacción personal ha sido de estupor, cabreo, indignación... ¿Cómo es posible, a estas alturas de legislatura del Partido Popular de España y de Castilla-La Mancha, que nos sigan tomando por tontos? Estas medidas son un ataque a la inteligencia y al sentido común. ¡Piensen un poco más en lo que hacen y dicen! Pásenlo por el tamiz del sentido común.

¿Se han puesto ustedes a pensar, un poco, en la violencia estructural que están provocando en el sistema público de enseñanza con sus actuaciones? ¿Se han parado a pensar en la violencia que ha generado y está generando en la Escuela Pública el conjunto de medidas de ajuste y recortes que están llevando a afecto? Les cito algunas: Alrededor de 7.000 docentes menos en el sistema educativo de Castilla-La Mancha, pese al incremento de 10.000 alumnos/as más en la región (del 8,5% en toda España); Reducción del 22% en los Presupuestos Generales del Estado destinado a Educación en 2012 y de un 14,6% para el año 2013 (entre 2010 y 2013 ha habido un recorte de 6.401 millones de euros); reducción de un 20% en el gasto de personal en 2013 en nuestra región; cierre de 60 escuelas rurales; el aumento del 20% de la ratio maestro/alumnado (28 en Educación Infantil, 30 en Educación Primaria y 36 en la ESO)... En total más de 60 medidas de recortes y ajustes. ¿Esto no es violencia? ¿Qué es violencia física o moral?

¡Claro que nos preocupa la violencia hacia los maestros y el profesorado en el ejercicio de su función docente! Pero... ahora mismo, nos preocupa mucho más la violencia estructural, la generada por el Gobierno de España y de Castilla-La Mancha, la provocada y defendida por los intereses de las clases dominantes y enriquecidas de este país. Es la violencia de la crisis que estamos padeciendo la clase trabajadora, los maestros/as desplazados e interinos, el alumnado que ve reducido su contexto de equidad, igualdad, cohesión social, atención a la diversidad, gratuidad... Esa violencia no se valora como tal y se quiere ocultar, hacerla invisible... pero es real, de carne y hueso, y genera sufrimiento.

Dicen, según sus estadísticas, que quieren minimizar los 3.000 casos denunciados en España de maltrato físico o moral hacia el profesorado. ¿Cuántos de ellos en Castilla-La Mancha? ¿Y la violencia que han generado con el despido de 62.000 docentes en todo el Estado (7.000 interinos en Castilla-La Mancha)? Lo problemático ante esta violencia estructural (que han generado ustedes con todas sus medidas) es que se diluye y les exime de responsabilidad porque tienen la justificación de su mayoría absoluta para gobernar. ¡No estamos en paz! Denunciar, ¿a quién? Empecemos por ustedes.

No miren la paja en el ojo ajeno y controlen la viga que tiene metida en el suyo. No utilicen la autoridad del docente y cómo defenderla con el 112 (sólo les interesaba la foto), dado que los docentes somos más inteligentes de lo que ustedes piensan. Dejen que las Normas de Convivencia, de Organización y Funcionamiento de los centros educativos se apliquen, ¡para eso están y las hemos escrito y aprobado en toda la Comunidad de Castilla-La Mancha! Apóyennos personalmente (y económicamente con la contratación de un seguro) y jurídicamente, con la presencia de un letrado, en aquellos casos donde se realice una denuncia en Comisaría y... déjennos tranquilos con sus paridas, con perdón. ¡Ya somos adultos y sabemos cómo defendernos y actuar! Tranquilicen a los que quieren "sacar tajada" (sindicalmente) con todo este tema. ¡Basta ya y dimitan por incompetentes y provocadores!

Jesús Ortega Murcia

Maestro de Infantil y Primaria (Albacete)

Coordinador del proyecto de Innovación Educativa "Albacete, ciudad educadora. Educación para la Ciudanía y los Derechos Humanos"