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En respuesta a la solicitud del Fiscal General

El Gobierno estudiará si convierte al Príncipe en aforado ante la Justicia

El Gobierno estudiará si convierte al Príncipe en aforado ante la Justicia

viernes 05 de abril de 2013, 16:30h
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró hoy que el Ejecutivo está abierto a escuchar la opinión del Fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce, quien ha asegurado que le preocupa es de la falta de "aforamiento" del Príncipe Don Felipe.
Al ser preguntada si el Gobierno está pensando en incluir en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se está redactando en la actualidad, algún tipo de aforamiento para la Familia Real y en concreto para el Príncipe Don Felipe, tal y como ha sugerido en alguna ocasión el Fiscal General del Estado, Sáenz de Santamaría aseguró que el Ministerio Fiscal tiene un papel muy importante en la redacción de las Leyes, que están sometidas a su informe.

Por ello, aseguró que el Ejecutivo está "abierto a escuchar su opinión sobre estos temas" de los que dijo que entran dentro de la competencia del Fiscal y también "sobre cualquier otra cuestión en una Ley que es amplia, complicada, y que ya tiene siglos, con numerosas reformas y que es necesario actualizar".

La vicepresidenta explicó que el Gobierno recabó ya un informe sobre expertos para modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal que está "analizando" en la actualidad. Añadió que "indudablemente", están abiertos a escuchar al Fiscal General.

Torres-Dulce explicó en una entrevista a La Razón su preocupación por el "no aforamiento" del Príncipe Felipe. "De lo que estoy preocupado es de la falta de aforamiento del Príncipe de Asturias, y lo digo con absoluta claridad. Sé que no es, probablemente, el momento de suscitar esa cuestión, pero un juez, un fiscal o un policía tiene un fuero especial y resulta absolutamente incomprensible que los Príncipes de Asturias no lo tengan. No me parece equilibrado", aseguró.

Este planteamiento ha cobrado especial relevancia tras la imputación de la Infanta Cristina por parte del Juez Castro, en el 'caso Nóos', en el que ya está imputado su marido desde 2011. Se trata del primer miembro de una Casa Real imputado por un juzgado.

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