Una sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que, posteriormente, fue confirmada por el Tribunal Supremo, prohibió manifestarse ante el domicilio particular de un cargo público.
Fuentes judiciales consultadas han informado de que la resolución judicial se produjo hace ya años, cuando el socialista
Mikel Cabieces ejercía de alcalde de la localidad vizcaína de Portugalete.
Funcionarios locales realizaban protestas contra Cabieces ante el Ayuntamiento y, pasado un tiempo, decidieron trasladarse al domicilio particular del regidor portugalujo para continuar con sus movilizaciones, que fueron prohibidas por el Departamento de Interior del Gobierno vasco.
Recurrida la decisión de Interior ante el TSJPV, la Sala de lo Contencioso-administrativo confirmó la resolución de la Ertzaintza. La sentencia fue ratificada posteriormente por el Tribunal Supremo.
Las mismas fuentes han precisado que, de esta forma, existe "un precedente" ante la posibilidad de que se tenga que dirimir en los tribunales si son legales los 'escraches' de los movimientos antidesahucios ante los domicilios particulares de cargos públicos.
No obstante, han precisado que, aunque el TSJPV determinó que eran "ilícitas" las protestas ante las viviendas, éstas sí podrían desarrollarse ante despachos profesionales, instituciones o sedes de partidos.
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