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El Consejo de Estado pide por unanimidad a Rajoy imponer Ciudadanía como obligatoria

El Consejo de Estado pide por unanimidad a Rajoy imponer Ciudadanía como obligatoria

miércoles 24 de abril de 2013, 18:00h
El dictamen del Consejo de Estado al anteproyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOMCE) recomienda imponer como obligatoria en algún momento una asignatura como la de Educación para la Ciudadanía, que en el texto del Gobierno desaparece como tal.
El informe ha sido aprobado por unanimidad y está firmado por el presidente del Consejo, José Manuel Romay Beccaría y los consejeros Landelino Lavilla Alsina, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, Fernando Ledesma Bartret, Alberto Aza Arias, José Luis Manzanares Samaniego, María Teresa Fernández de la Vega, Enrique Alonso García y la secretaria general del Consejo, Guadalupe Hernández-Gil.

El informe, que realiza una "observación específica" a este aspecto de la norma, explica que el anteproyecto prevé una asignatura llamada "valores culturales y sociales" que, a su juicio, debería llamarse valores éticos y sociales, en cada curso de Enseñanza Secundaria Obligatoria, como específica obligatoria pero alternativa a la asignatura de religión, y apunta que se añade que, sólo para el cuarto curso de la enseñanza secundaria obligatoria, se cuidará, en todas las materias, "el emprendimiento y la educación cívica y constitucional".

"Ello significa que a lo largo de toda su formación obligatoria y posobligatoria los alumnos pueden no haber cursado esa asignatura", advierte. Por ello, considera que "acaso procedería imponerla como obligatoria en algún momento", dado que, según apunta, han sido numerosos los acuerdos y recomendaciones, suscritas por España, del Consejo de Europa y de la Unión Europea desde 1997 en el sentido propugnar como objetivos de los sistemas educativos de la Unión el velar por el aprendizaje de los valores democráticos y de la participación democrática con el fin de preparar a las personas para una ciudadanía activa.

Y recuerda, para ello, otro de sus dictámenes, en el que señalaba que el Parlamento Europeo y el Consejo incluyen como competencias claves para el aprendizaje permanente la adquisición de competencias cívicas y sociales que garanticen conocimientos, capacidades y actitudes esenciales en relación con la democracia, con la justicia, igualdad, ciudadanía y derechos civiles, y su formulación en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en declaraciones internacionales. "La mayoría de los países europeos incluyen en sus currículos educativos contenidos de formación en ciudadanía democrática y derechos humanos", apunta.

Además, subraya que, dado que sobre el contenido de esta asignatura se ha planteado polémica social, el Estado podría fijar su contenido completo, o al menos fijar las bases en la propia Ley Orgánica, que a su vez podría remitir a la correspondiente norma de desarrollo a aprobar por el Gobierno.

Castellano y lenguas cooficiales

Por otro lado, el Consejo considera constitucional el tratamiento que el anteproyecto otorga a la enseñanza en castellano y en las lenguas cooficiales, ya sea el sistema de integración, como el de Cataluña o Galicia o el de enseñanza diferenciada, como el de Comunidad Valenciana y País Vasco, y comparte la posición del anteproyecto y ve correcto que sean las administraciones educativas las que determinen la "proporción razonable" en el empleo del castellano y de la lengua cooficial.

Sin embargo, considera que debe desaparecer de la ley la regla de que las Administraciones educativas deberán sufragar los gastos de escolarización cuando los padres o tutores decidan escolarizar a sus hijos o pupilos en centros privados que utilicen el castellano como vehicular.

En este sentido, considera que esta medida corresponde al ámbito de decisión de las comunidades autónomas con lengua propia. Igualmente considera que se debería atribuir a la Alta Inspección del Estado "la vigilancia del cumplimiento de las normas que garanticen el objetivo previsto en el número 2 de la presente disposición".

Evaluaciones externas

Por otro lado en relación a la regulación de evaluaciones individualizadas que prevé la LOMCE, el Consejo considera que en el anteproyecto no se excede de las competencias básicas del Estado en materia educativa. Sin embargo, apunta que debería establecer la posibilidad de que las Administraciones educativas pudiesen completar los estándares de aprendizaje y los criterios de evaluación establecidos por el Gobierno.

En todo caso, apunta que, a lo largo del expediente, se ha calificado como exceso y se ha cuestionado desde el punto de vista pedagógico la realización de pruebas de evaluación anuales (6) imprescindibles para la promoción que, a juicio del Consejo pueden producir un "estrés escolar en tan temprana etapa".

Clarificación de itinerarios

Respecto a la elección temprana de itinerarios, el Consejo considera positiva la institucionalización de dos ciclos en la Educación Secundaria Obligatoria porque clarifica la regulación vigente y ofrece una regulación más acabada.

En cuanto a la posibilidad de que las universidades realicen pruebas propias de admisión, como recoge el anteproyecto, el Consejo de Estado advierte de que conceder a las universidades la posibilidad de utilizar determinados criterios adicionales que en mayor o menor medida, y aunque estén previamente predeterminados en la Ley Orgánica, introducirá un elemento de discrecionalidad que podría perjudicar el tratamiento uniforme de los alumnos.

En cuanto a la financiación de centros que imparten educación diferenciada por género, el dictamen señala que se debe establecer  para los centros con educación diferenciada que aspiren al concierto, la exigencia de una "justificación objetiva y razonable" de la excepción y la concreción de un programa y de las medidas académicas a implementar para favorecer la igualdad, todo ello sin perjuicio del resto de requisitos establecidos para los conciertos. "De no ser así, la previsión podría no ajustarse a las exigencias derivadas del principio de igualdad que garantiza el artículo 9.2 y 14 de la Constitución", añade.
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