Próximo reto contra el paro: el Gobierno se centra en el cobro fraudulento de prestaciones

El Ministerio de Empleo endurecerá este año el control sobre el cobro de prestaciones y subsidios por desempleo. El Plan Nacional de Reformas 2013 adelanta el desarrollo de un nuevo sistema de gestión para detectar mejor los incumplimientos que cometen los beneficiarios de estas ayudas.
 
En 2012 ya se introdujo un mayor control sobre el cumplimiento por parte de los beneficiarios de sus obligaciones, exigiéndoles que acrediten qué estaban haciendo para buscar efectivamente empleo. Aún no se conocen los resultados de este mayor control, pero desde el Ministerio que dirige Fátima Báñez ya han dado otro paso este año para endurecer más el control de estas ayudas e intentar reducir el fraude.
 
Para ello, el Plan Nacional de Reformas indica que durante 2013 "se va a desarrollar un nuevo sistema de gestión de las prestaciones por desempleo que permita detectar mejor los incumplimientos de las obligaciones de activación de empleo y formativas de los beneficiarios de dichas prestaciones". Esto significa que permitirá acotar el fraude consistente en ponerse a trabajar al tiempo que se cobra la prestación, entre otro tipo de irregularidades.
 
Los técnicos de Empleo introducirán nuevas metodologías y herramientas informáticas, "que han resultado efectivas en otros ámbitos como el tributario o financiero". Se tratará de operar de forma más efectiva con sistemas de información complementaria y cruces de datos de todas las Administraciones como hace ya con más éxito la Agencia Tributaria. Además, el Gobierno especifica que ha optado porque sea una empresa privada la que desarrolle estas herramientas de gestión.
 
El Plan Nacional de Reformas también explica cómo se avanzará en la colaboración público-privada en materia de intermediación laboral. En concreto, Empleo prevé que a finales de octubre esté ya firmado el Acuerdo Marco y las comunidades autónomas adheridas a él. Esto servirá para que los servicios regionales de empleo puedan contratar a las agencias privadas, empresas de trabajo temporal autorizadas, para que busquen empleo a los parados. Los servicios públicos pagarán a las ETT en función del perfil de los parados que coloque y según el tiempo que dure ese empleo.


Mejores políticas activas
 
En esta línea, el Gobierno planea una reforma en profundidad de las políticas activas de empleo que implicará que un 15% de las mismas se vinculen a objetivos pactados con las CCAA en 2013 y un 40% en 2014.
 
El Ejecutivo y las comunidades autónomas acordaron en una conferencia sectorial el pasado mes mejorar la eficacia y eficiencia de estas políticas claves para el empleo. En 2013 se dedicará el 15% de los recursos, que ascienden a 1.342,58 millones de euros, a la consecución de objetivos que previamente se habrán establecido entre todos para que se dediquen a los objetivos que comunidades y Gobierno hayan establecido.
 
La reforma permitirá que cada comunidad autónoma pueda dar prioridad a los objetivos que estime oportunos, según sus particularidades territoriales, y que utilice los instrumentos más adecuados para ello. Los objetivos prioritarios dentro de las políticas activas este año serán la mejora del empleo de los jóvenes y de otros colectivos, como mayores de 55 años o parados de larga duración.
 
Precisamente este sentido, hay parados se quejan de la falta de fondos para la formación. Es el caso de Sergio, periodista de 30 años que perdió su trabajo a principios de año, que lamenta la ausencia de cursos en la comunidad de Madrid. "Cuando acudí a mi oficina de empleo para darme de alta -cercana a la madrileña estación de Atocha- me dijeron que desde hace un año se han congelado los nuevos cursos y que el número de plazas es muy limitado. Salí de allí con la sensación de que sería imposible y que tendría que buscar y pagar por mi cuenta una academia", asegura.


El fraude se dispara
 
El número de infracciones de trabajadores que cobran indebidamente prestaciones por desempleo aumentó un 38,37% en el primer trimestre del año, según datos facilitados recientemente por Empleo. No obstante, desde el Ministerio aún no han facilitado el detalle de este incremento. De momento se desconoce el número de infractores y el volumen de dinero defraudado.
 
Durante el periodo enero-marzo, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en el marco del plan de lucha contra el fraude y el empleo irregular, detectó un 33% más de infracciones de empresas que daban ocupación a perceptores de prestaciones por desempleo.
 
Las cifras del primer trimestre confirman la tendencia del año 2012, cuando el número de infracciones a empresas por dar trabajo a parados con prestación se incrementó casi un 30%, en tanto que las sanciones a trabajadores que obtuvieron prestaciones indebidamente aumentó un 49%.


Encaje de bolillos presupuestario
 
Más parados y menos gasto en el subsidio de desempleo. Ésa es la ecuación que ha escrito el Gobierno para 2013. El Ejecutivo ha previsto para este año un gasto en políticas de desempleo de unos 26.993 millones de euros, lo que representa un descenso de 1.807 millones frente a los 28.805 millones de euros presupuestados para el año 2012. Esa caída del 6,3% en la dotación ha provocado que el repunte del paro esté dejando ya exiguas las arcas de los Servicios Públicos de Empleo.
 
Sólo en los tres primeros meses del año, la cifra de parados ha obligado al Ejecutivo a consumir ya casi un tercio del presupuesto de todo el año. El Ejecutivo paga unos 2.800 millones de euros al mes en subsidios de paro, casi un 3% más al mes que en el mismo periodo de 2012.
 
Las dos alternativas que se abren ahora son corregir el presupuesto o recortar el subsidio. Si el paro se mantiene a este ritmo, el Ejecutivo tendría que hacer frente a enmendar sus propias cuentas con un nuevo crédito que debería superar los 6.000 millones de euros. De hecho, el pasado año ya recurrió a una medida similar cuando aportó casi 3.000 millones extras.
 
En cuanto al recorte de la prestación, el año pasado ya aprobó medidas encaminadas en esta línea. En 2012 se decretó el recorte de la prestación a partir del séptimo mes y el paro para mayores de 52 años, así como la eliminación del subsidio especial para mayores de 45 años. Mientras, Bruselas ya ha insinuado la posibilidad de recortar la duración del subsidio de los 24 meses actuales a los 18 de manera generalizada.
 
En la actualidad unos 2.170.000 parados, el 35% del total, ya no reciben ninguna contribución pública, en la mayoría de los casos, tras haber agotado los dos años de prestación que contempla la ley.