El proyecto de ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas,
que llegó al Congreso a principios de abril, acabará regulando asuntos
tan distintos como las tasas aéreas, los desahucios, la concesión de
estancos, el canje de preferentes, los contratos públicos y el uso de
información tributaria merced a las enmiendas que ha registrado el PP,
que cuenta con mayoría absoluta para incorporarlas sin oposición.
Inicialmente, el proyecto de ley que presentó el Ministerio de
Fomento se justificaba en que "el parque edificado español necesita
intervenciones de rehabilitación y de regeneración y renovación urbanas
que permitan hacer efectivo para todos, el derecho constitucional a una
vivienda digna y adecuada, así como la exigencia del deber de sus
propietarios de mantener los inmuebles en adecuadas condiciones de
conservación", según constaba en la exposición de motivos.
Pero al recibir las enmiendas del partido mayoritario, el objeto de la ley de rehabilitación de
viviendas se ha ampliado exponencialmente mediante la suma de
disposiciones adicionales que a su veces modifican leyes de diversa
índole y que afectan a otros departamentos del Gobierno.
Así, en una de esas enmiendas se regula por ejemplo el intercambio
de datos tributarios entre la Agencia Tributaria (AEAT) y la
Intervención General del Estado (IGAE) en el marco de la lucha contra el
fraude.
En otra se dan seis meses más de plazo a las entidades financieras
para aplicar las previsiones de gestión de los instrumentos híbridos de
capital y de deuda subordinada previstas en sus planes de
reestructuración, posponiendo la fecha límite para estas medidas del 30
de junio inicialmente previsto hasta el 31 de diciembre de este año.
Cambia la ley que no se quiso tocar hace una semanaEl PP también añade una disposición para ampliar los plazos con
los que cuentan jueces y secretarios judiciales para recibir en
audiencia a los afectados por ejecuciones hipotecarias, además de
ampliar a los fiadores la protección que la nueva Ley Antidesahucios
prevé para los avalistas. Todo ello pese a que el Senado aprobó esa ley
antidesahucios la pasada semana sin que el PP aceptara introducir ningún
cambio.
A través de una nueva disposición se modifica asimismo la Ley de
Presupuestos para dejar claro que las bonificaciones al transporte aéreo
de las que disfrutan los residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y
Melilla no se aplicarán a parte de las tasas aeroportuarias, "con
independencia de que hayan sido repercutidas o no" al precio que paga el
pasajero, por lo que serán descontadas de la tarifa del billete que es
subvencionable.
Otra modificación impulsada por el PP afecta a la Ley de
Ordenación del Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria, vigente desde
el año 1998, con el fin de abrir la puerta a la posibilidad de conceder
nuevas autorizaciones para la instalación de estancos en edificios
ocupados por organismos públicos, donde estaban prohibidos desde el año
1998 con la salvedad de las tiendas 'duty free' de aeropuertos y
puertos.
Por último, se cambia la Ley de Contratos del Sector Público con
idea de obligar a que se incluya un presupuesto máximo para los
contratos de suministros y servicios con presupuesto limitativo, es
decir, aquellas en las que el empresario debe entregar bienes o ejecutar
servicios de forma sucesiva y por un precio unitario, sin que el número
total de entregas se defina con exactitud en la firma.
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