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El acuerdo evita que millones de trabajadores queden desprotegidos

Sindicatos y empresarios firman la paz: los convenios no se extinguirán el 8 de julio

Sindicatos y empresarios firman la paz: los convenios no se extinguirán el 8 de julio

jueves 23 de mayo de 2013, 08:18h
La guillotina pendía sobre miles de convenios. Desde que entró en vigor la reforma laboral, el 8 de julio era una fecha marcada en rojo. La ley establece para ese día el fin de la ultraactividad, la prórroga automática de los convenios colectivos. Aquellas empresas donde no hubiese acuerdo entre patronos y empleados tendrían que empezar a negociar las condiciones laborales desde cero. Pero la firma de este jueves de un pacto entre CC.OO, UGT, CEOE y CEPYME evitará que millones de trabajadores pierdan gran parte de los derechos adquiridos.

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Los sindicatos Comisiones Obreras y UGT y las patronales CEOE y CEPYME han logrado un acuerdo para evitar que los convenios colectivos cuya vigencia termina el 8 de julio, según la reforma laboral, puedan continuar vivos mientras dure la negociación del nuevo. Las dos partes firmarán el pacto esta tarde en el SIMA, servicio de arbitraje y mediación, escenario habitual en estos casos. Fuentes sindicales han confirmado el acercamiento de posturas en los últimos días.
 
Los cálculos iniciales de UGT apuntaban a que, a partir de julio, podrían decaer uno de cada tres de los 6.000 convenios vigentes. Al cierre de 2012, y según datos del Ministerio, 8,9 millones de trabajadores están amparados por convenios sectoriales, ya sean de ámbito estatal, provincial o autonómico. De ellos, la inmensa mayoría, unos 7,5 millones, son convenios colectivos plurianuales revisados.
 
UGT y CCOO ya avisaron de la convocatoria de movilizaciones en los sectores y empresas afectados por el bloqueo de la negociación colectiva durante los meses de mayo y junio. Precisamente hoy se había convocado la primera de ellas en Cataluña.
 
La reforma laboral acabó con la prórroga indefinida de los convenios hasta que se pactaba uno nuevo. La limitó a un año una vez caducado. Y dio un plazo de 12 meses desde que se publicó en el BOE, el 7 de julio de 2012, para renovar los convenios que se negociaban entonces. Si llegado ese momento, no se rubrica uno nuevo, trabajadores y empresarios pasan a regirse por el pacto de ámbito superior.
 
Si desaparece un convenio de empresa, el nuevo marco será el del sector; y si no lo hay, el suelo será el Estatuto de los Trabajadores. Este complicado proceso, donde se produzca, se traducirá en un deterioro de las condiciones laborales: los convenios colectivos tienden a mejorar la ley y los pactos de empresa, lo que recogen los convenios sectoriales.
 
En concreto el pacto al que han llegado los agentes sociales recomienda a los negociadores de convenios en empresas y sectores no permitan que los convenios no prorrogados decaigan el próximo 8 de julio, al menos mientras las conversaciones estén abiertas y haya posibilidad de alcanzar un pacto. No obstante, el pacto también contempla la posibilidad de que las negociaciones lleguen a un callejón sin salida. En ese punto, lo que propone el pacto es acudir a los mecanismos de mediación y arbitraje existentes.
 
Con la firma del acuerdo, los representantes de los trabajadores y de las empresas o sectores podrán seguir negociando un nuevo convenio por un tiempo. Durante la negociación de estas, las centrales pusieron sobre la mesa que el tiempo de prórroga fuera de un año, mientras que la patronal consideró suficiente seis meses.
 

3 millones pendientes
 
Patronal y sindicatos no tienen un censo definitivo del número de convenios colectivos pendientes de revisión y de trabajadores afectados. Para ello parten de los convenios denunciados desde 2006, lo que, según fuentes sindicales, arroja no menos de 1.700 convenios colectivos y más de 3,5 millones de trabajadores.
 
De estos, aseguran que se han alcanzado acuerdos o preacuerdos en unos 900 convenios, que afectan a 700.000 empleados, si bien también se están registrando ya acuerdos parciales para seguir negociando.
 
En cuanto al número de trabajadores afectados por convenios pendientes de renovación, los sindicatos creen que podría reducirse drásticamente en poco tiempo si se van firmando acuerdos sectoriales, que amparan a grandes masas de trabajadores.
 
En cualquier caso, los datos disponibles no son del todo fiables, por lo que las partes han pedido al Ministerio de Empleo que les ayude a conformar un listado más aproximado. Y es que la casuística en el caso de estos convenios es compleja. Existen acuerdos colectivos que por pacto expreso de las partes quedaron denunciados en el momento de vencer, con lo que no aparecen en los registros. No obstante, son un número relativamente bajo, según los sindicatos.
 
Además, hay convenios a los que se les ha perdido la pista porque la empresa ha echado el cierre, y otros fueron denunciados, pero en medio del proceso de negociación se abandonaron por otros convenios de ámbito superior.
 

Inquietud en el Gobierno
 
A pesar de defender encendidamente la reforma laboral aprobada por el Gobierno, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha admitido que su Departamento está preocupado por cuál puede ser el impacto negativo de una de las medidas estrellas aprobadas en esta nueva norma. En las últimas semanas la ministra ha reconocido que "estamos estudiando esta cuestión porque hay que favorecer las buenas prácticas y no se pueden generar situaciones no queridas por ninguno".
 
Los expertos ya habían alertado sobre consecuencias negativas para los trabajadores. Así Jesús Lahera, profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad Complutense, considera que "estas nuevas condiciones de la negociación y las circunstancias de la crisis económica hacen previsibles convenios colectivos adaptados a la coyuntura aunque con el riesgo de un exceso de sacrificio del lado de los intereses de los trabajadores".
 
Antonio Sempere, catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos, comparte una opinión similar. "Puede llegarse a un fortalecimiento de la unilateralidad empresarial en la fijación de las condiciones de trabajo y, por ende, a un incremento de la discrecionalidad de las decisiones empresariales en materias no reguladas en convenios de ámbito superior".
 
Otro problema añadido, es que la pérdida de los efectos del convenio tras un año sin acuerdo puede originar una alta judicialización del conflicto, colectivo e individual, que defienda el mantenimiento de derechos adquiridos de los trabajadores por la vía de su contractualización. El reenganche de un convenio legalmente sin efectos a otro de ámbito superior no es tan sencillo técnicamente, ya que puede tener condiciones laborales y salariales notablemente distintas. La jurisprudencia tendría que delimitar esta pérdida de efectos de los convenios caídos.


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