El personal de la Administración Pública en Castilla-La Mancha se redujo en un 8% en 2012

   Según el Boletín Estadístico del personal al servicio de las administraciones públicas que acaba de publicar el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,  el personal de Castilla-La Mancha que trabajaba para la Administración Estatal aumentó en ese periodo, con 23 empleados más, al igual que el de la UCLM, con 103 trabajadores más. Por el contrario, se perdieron 5.342 empleos en la Administración de la Comunidad Autónoma y 5.337 empleos en la Administración Local.

   En el ámbito de la Administración del Estado, los empleados que prestan servicio a ministerios y sus organismos autónomos se redujeron en 69 trabajadores. También se perdieron empleos en Agencias Estatales, en Entes Públicos y en las Fuerzas Armadas. Por contra, se ganaron 69 empleos en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y 14 en la Administración de Justicia.

   En cuanto al ámbito regional, se perdieron 322 empleos en consejerías y sus organismos autónomos, 4.642 en docentes no universitarios y 378 en instituciones sanitarias, si bien la Junta indicó que los datos correspondientes al año 2011 en este área y por un ajuste en la metodología de obtención de datos, estos no son comparables con los de otras ediciones.

   Por último, en la UCLM, en esos seis meses se ganaron 131 puestos de personal docente e investigador y se perdieron 28 puestos en Personal de Administración y Servicios.

Los datos nacionales

   A nivel estatal, el informe refleja que se destruyeron 49.656 empleos entre el 1 de enero y el 1 de julio del año pasado (-1,8%), con lo que el número de empleados al servicio de estas administraciones bajó hasta los 2.636.181 efectivos, frente a los 2.685.837 con los que contaba a principios de 2012.

   Según el Boletín Estadístico del personal, las administraciones locales fueron las que más efectivos perdieron en estos seis meses, con 29.917 empleados menos (-5%), hasta un total de 567.295 trabajadores.

   Le siguen las comunidades autónomas, que recortaron 17.657 puestos de trabajo (-1,3%), hasta sumar 1.334.226 efectivos. Las universidades, por su lado, perdieron 113 empleos en este periodo (un 0,07%), al pasar de 154.881 efectivos en enero de 2012 a un total de 154.768 el 1 de julio de ese mismo ejercicio.

    Por su parte, la Administración Pública Estatal, que incluye a la Administración General del Estado (AGE), las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las Fuerzas Armadas, la Administración de Justicia y las entidades públicas empresariales y organismos públicos con régimen específico, destruyeron 1.969 puestos de trabajo (-0,33%), hasta un total de 579.892 empleados.

   Concretamente, la AGE redujo su plantilla en 1.683 personas en los seis primeros meses del año pasado (-0,7%), hasta 233.002 trabajadores, mientras que las Fuerzas Armadas perdieron 175 efectivos y las entidades públicas, 444 empleados. Por el contrario, al personal al servicio de la Administración de Justicia creció en 306 efectivos y el de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en 27.

   Dentro de la Administración General del Estado, los ministerios y organismos autónomos fueron los que más puestos de trabajo destruyeron en estos seis meses, con 1.845 empleos menos (-1,4%), hasta sumar 123.136 efectivos.

   Los centros penitenciarios (-92 empleados), la docencia no universitaria (-204), las entidades gestoras de la Seguridad Social (308) y Patrimonio Nacional (-6) también perdieron personal, en contraste con la Agencia Tributaria, que ganó 756 efectivos en la primera mitad del año pasado (+2,7%), hasta sumar 28.283 trabajadores.

   Por su parte, las Agencias Estatales destruyeron 61 puestos de trabajo y las instituciones sanitarias, Seguridad Social y Defensa incrementaron su plantilla en 77 personas.

   En el caso de los gobiernos autonómicos, las comunidades aplicaron el mayor ajuste entre los docentes no universitarios, que se redujeron en 12.183 puestos de trabajo. Además, eliminaron de las instituciones sanitarias 3.802 plazas y de las consejerías y demás organismos autónomos, otras 1.563. El 40% del personal autonómico trabaja en la educación (no universitaria) y otro 37,6%, en el sistema sanitario.

   Por otro lado, de esos 1,33 millones de empleados autonómicos, 921.109 eran el año pasado funcionarios; otros 142.490, personal laboral, y el resto, 270.000, empleados de otro tipo. En todos los casos, el número de mujeres casi duplica al de hombres.

   Por autonomías, Andalucía suma 250.609 empleados; le siguen Cataluña (168.261), Madrid (155.431), la Comunidad Valenciana (130.097), Galicia (87.100), Castilla y León (86.975), País Vasco (67.261), Castilla-La Mancha (66.019), Canarias (60.649), Murcia (51.457), Extremadura (45.828), Aragón (43.572), Asturias (35.690), Baleares (28.747), Navarra (23.670), Cantabria (19.941) y La Rioja (10.236). Ceuta cuenta con 1.437 empleados y Melilla, con 1.246.

Las entidades locales también han reducido su personal

   En cuanto a las entidades locales, los ayuntamientos han reducido su personal en 28.049 puestos y las diputaciones, cabildos y consejos insulares, en 1.868. Esta administración sumaban, según estos datos de 2012, un total de 567.295 empleados, con una proporción mucho mayor de hombres que de mujeres (140.000 frente a 80.000), a diferencia de las autonomías.

   De ese total, casi 500.000 trabajan en los ayuntamientos y de éstos, y a diferencia del resto de administraciones, la mayoría no son funcionarios: 210.000 empleados laborales y de otro tipo frente a 190.000 funcionarios.

   En cuanto a las diputaciones, cabildos y consejos insulares, suman casi 70.000 empleados, 30.000 de ellos funcionarios y el resto, personal laboral o de otro tipo. En los municipios, el número de empleados hombres duplica al de mujeres mientras que en las diputaciones y demás entes locales el reparto es casi idéntico.

   El Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas empezó a publicarse en 1990 y su periodicidad es semestral.

   El Ministerio precisa que en los datos estadísticos no se incluyen los altos cargos y los cargos electos; el personal al servicio de los órganos constitucionales; el personal de las entidades públicas empresariales de las comunidades y la administración local; el personal de empresas públicas, fundaciones, mutuas, consorcios y sector público no administrativo del conjunto de administraciones; el personal en formación y prácticas y en reserva; el personal laboral con contratos de menos de seis meses de las distintas administraciones, excepto la laboral, y el personal del CNI.