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Los 27 intentarán este miércoles un acuerdo sobre la nueva Política Agraria Comunitaria

Los 27 intentarán este miércoles un acuerdo sobre la nueva Política Agraria Comunitaria

miércoles 26 de junio de 2013, 09:00h

Los ministros de Agricultura de la Unión Europea han logrado consensuar esta medianoche, tras tres días de negociaciones, una posición revisada de sus líneas rojas sobre la Política Agraria Común, con el objetivo de acercar posiciones con la Eurocámara y cerrar un acuerdo político este miércoles.

  "El Consejo da un mandato a la presidencia para que negocie con el Parlamento. Ha sido un proceso muy difícil, pero estoy convencido de que el mandato es realmente equilibrado", ha dicho el presidente de turno de la UE y ministro de Agricultura irlandés, Simon Coveney, en la sesión pública en la que los 27 han confirmado el consenso.

   El ministro de Agricultura español, Miguel Arias Cañete, ha celebrado el resultado de la negociación porque lo interpreta como un "éxito" para los intereses españoles, en especial por plantear que se limite al 60 % el reequilibrio de las ayudas dentro de un país o región en el horizonte de 2019, la llamada convergencia interna o 'tasa plana'.

   Los países que más flexibilidad han reclamado para esta medida, como es el caso de España, podrán, además, limitar en un 30% las pérdidas máximas que un agricultor podrá sufrir en ese periodo.

   Estos y otros elementos de flexibilidad introducidos en la propuesta del Consejo para limitar la convergencia "garantizan la viabilidad de todos los sectores productivos en todas las regiones españolas", ha destacado Arias Cañete en una rueda de prensa.

   Entre las disposiciones más celebradas por el ministro español en este caso destaca la exención para los pequeños agricultores, ya que aquellos que perciban menos de 1.250 euros por año no deberán ajustarse a la convergencia. En el caso de España, esta salvaguarda liberará a 881.000 agricultores, es decir, al 46 % del sector.

   Las dos instituciones y la Comisión Europea tienen previsto un último encuentro a primera hora del miércoles para consensuar la reforma, que en las horas siguientes será sometida al voto de la comisión de Agricultura del Parlamento Europeo. En todo caso, el acuerdo que se espera será de carácter político y su conclusión formal llegará en otoño.

Castilla-La Mancha pendiente de los programas de desarrollo rural

   Arias Cañete se ha mostrado confiado en que esta oferta convenza a los eurodiputados y ha señalado la situación del azúcar como uno de los principales escollos que podrían dificultar el acuerdo. Los 27 apuestan por prorrogar el sistema de cuotas de producción hasta 2017, pero la Eurocámara reclama un año más.

   Otra prioridad para España que se mantiene en la propuesta es la limitación de la superficie elegible para percibir subsidios, ya que el cálculo ideado por Bruselas hubiese obligado a España a tener en cuenta 16 millones de hectáreas más a la hora del reparto de los fondos. Finalmente, España podrá reducir el terreno potencialmente elegible a las 22,4 millones de hectáreas declaradas en 2011.

   Si prospera la reforma que apoyan los Estados miembros, las ayudas acopladas, es decir, las vinculadas a la producción, se mantendrán en niveles de entre el 8 y el 13 %, con un 2 % más para proteaginosos.

   Sin embargo, España no ha logrado ampliar la lista de sectores que podrán beneficiarse de estos apoyos para incluir al tabaco y el algodón, lo que no impedirá que estos cultivos mantengan el mismo nivel de apoyo actual gracias a otros instrumentos, según ha explicado el ministro.

   Arias Cañete ha apuntado otros consensos que responden a las aspiraciones españolas, entre ellos los niveles de cofinanciación para los programas de desarrollo rural, porque asignan una tasa del 85 % de cofinanciación para Andalucía, Castilla-La Mancha, Galicia y, en el caso de Murcia, del 63 %.

Las claves de la negociación

   El mandato consensuado por los 27 apunta una serie de "puntos de entendimiento" con los eurodiputados que hacen pensar en que existe un "principio de acuerdo" en asuntos clave de la reforma, según informó en un receso el ministro irlandés y presidente de turno de la UE, Simon Coveney. Por ejemplo en la cuestión de la convergencia interna y en el llamado 'pago verde' que condicionar un 30 % de las ayudas directas a esfuerzos medioambientales determinados.

   El greening prevé además mecanismos aún por definir para evitar la doble financiación de una misma acción ecológica y también un sistema de sanciones para castigar con la retirada del 'pago verde' y de otro 25 % de ayudas adicional al agricultor incumplidor.

   Además de las prácticas definidas por Bruselas como susceptibles de recibir la primera verde, se reconocerán como equivalentes sectores de interés para España como los cultivos permanentes y los cultivos bajo agua, como el arroz, a los que no se exigirá medidas adicionales.

   Habrá además un programa para jóvenes agricultores que será obligatorio. Cada Estado miembro podrá destinar "hasta un 2 %" de su sobre nacional para apoyar a los agricultores menores de 40 años que tienen su primera explotación. Este apoyo, no obstante, se calculará sobre las primeras 50 hectáreas para evitar beneficiar a quién tiene los recursos suficientes para adquirir terrenos superiores.

   Otro asunto de consenso es la definición de agricultor activo, es decir, del productor que tendrá derecho a solicitar ayudas de la PAC, para lo que se establecerá una "lista negativa" con la que se dejarán fuera beneficiarios que no realizan una verdadera actividad agraria, como campos de golf, aeropuertos o compañías de ferrocarril. Esta lista será obligatoria, pero los Estados miembros podrán ampliarla voluntariamente.

Los últimos escollos, en Bruselas

    Entre los escollos aún por resolver por las diferencias entre la Eurocámara y el Consejo se mantiene el futuro de las cuotas del azúcar, que un gran número de países quiere extender y que podría prorrogarse hasta 2017 ó 2018, y la extensión de medidas al sector lácteo que reclaman los eurodiputados.

   La liberalización del vino, que rechazaban una decena de países, incluidos España y Francia, sí se frenará con un sistema de autorizaciones limitado al 1 % anual y de aplicación entre 2016 y 2030.

   Entre los escollos más difíciles de resolver destaca la lucha de competencia entre el Consejo y la Eurocámara para definir algunas disposiciones de la OCM única, en concreto medidas de mercado sobre las que los eurodiputados quieren tener poder de decisión, pese a que los 27 los consideran exclusivamente de su competencia.

   De acuerdo a fuentes europeas, se ofrecerá al Parlamento poder de codecisión en los precios de referencia, que establecen el umbral a partir del cual la UE actúa para proteger un sector en crisis, pero no le dejará decidir sobre los precios de intervención, que son los que la UE paga para socorrer a dichos sectores.

   Queda por ver si los eurodiputados logran reabrir algunos de los capítulos de la negociación que los 27 se han opuesto a abordar, por considerar que están directamente ligados a los presupuestos europeos y que fueron decididos por los jefes de Estado y de Gobierno de la UE en su cumbre de febrero.

   Se trata de los márgenes para la transferencia de fondos de un pilar a otro, la convergencia externa y el techo máximo de las ayudas o 'capping', que Bruselas y el Parlamento Europeo querían obligatorio pero que los líderes han decidido que sea voluntario.

   La solución con la que los 27 esperan contentar al Parlamento sin tocar la decisión de los líderes europeos se basa en una modulación "regresiva" para aplicar una reducción del 5 %  a las ayudas a partir de 150.000 euros.

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