En rueda de prensa, el portavoz municipal, Rafael Perezagua, ha asegurado que la intención del Consistorio es "defender los intereses de Toledo y de los ciudadanos".
Así ha reaccionado el Ayuntamiento toledano después de que Luis Bárcenas asegurara en su declaración en la Audiencia Nacional aportando un recibí que entregó 200.000 euros al PP de Castilla-La Mancha, presunta comisión derivada de la adjudicación de un contrato del servicio de limpieza de la ciudad en el año 2007.
Perezagua ha explicado que el expediente de este contrato "es legal administrativamente", pero ha dicho que "tiene demasiadas singularidades", y ha recordado que en el momento en el que se asignó la adjudicación de este contrato "los trabajadores estaban reclamando mejoras salariales, y el anterior equipo del Gobierno del PP cerró el conflicto laboral con un acuerdo sin procedimiento administrativo y con un sobre coste pagado por todos los ciudadanos".
"Que se lo devuelvan a Toledo"
Rafael Perezagua ha manifestado que en el caso de que se compruebe el cobro de una comisión por parte del PP en la región "se exigirá la devolución de esa comisión a la ciudad de Toledo", ya que según ha dicho "no cabe duda que ese dinero no lo regala una empresa" y sale del retorno de los impuestos de los ciudadanos.
Las razones por las que el Consistorio está estudiando personarse en la causa es que, según Perezagua, "el Ayuntamiento está legitimado para defender el interés general y público de la ciudad así como sus las arcas municipales".
"Vamos a plantear a la Junta de Gobierno Local que se tome la decisión de personarnos cuanto antes", ha subrayado, asegurando que es deseo del equipo de Gobierno que "el juez Ruz solucione este asunto, para lo que tendrá todo el apoyo del Ayuntamiento".
Por su parte, el concejal de Gestión de los Servicios, Gabriel González, ha explicado los "errores de bulto" de esta adjudicación, como por ejemplo que la valoración de las empresas que se presentaban a concurso no fue realizada por los técnicos municipales" y por primera vez "se encargó a una empresa externa".
Ha dicho además que esta adjudicación no contaba con el informe del economista municipal, "que es la persona que se encarga de controlar y hacer el seguimiento de las concesiones". "También hay errores menores, como que en el contrato se dicen dos duraciones distintas del mismo, por un lado siete más siete años, y por otro, diez más cuatro años".
Pero para González, el "error" más importante es que durante la campaña electoral de 2007 "alguien se dio cuenta" de que no se renovó el convenio colectivo con los trabajadores, ante lo que se pusieron en huelga. Esto provocó que el anterior equipo de Gobierno "firmara un documento sin trámite administrativo" para satisfacer a los empleados "con un sobrecoste de 600.000 euros" que tuvo que asumir el equipo de Gobierno entrante tras los comicios liderado por García-Page.
"Lo normal es hacer el convenio colectivo de los trabajadores y después hacer la adjudicación en base al importe económico que suponía ese incremento de la renovación, por eso cuando llegamos al Gobierno tuvimos que asumir un sobrecoste en la limpieza diaria y recogida de basuras".
NO HABRÁ COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN
A preguntas de los medios, Rafael Perezagua ha dicho que no habrá ninguna Comisión de Investigación "al menos como iniciativa del equipo de Gobierno", ya que lo "prudente" es "dejar trabajar al juez Ruz con las pruebas".
Sobre el que fuera alcalde 'popular' en el momento de la tramitación del contrato del servicio de limpieza, José Manuel Molina, ha dicho estar seguro de que "si el juez le llama como testigo él tendrá que dar cuenta de cómo se gestionó el expediente y de si hubo alguna llamada telefónica". "Yo creo que será sincero, transparente y trasladará lo que pasó".
Acerca de si ha habido más contratos similares con la misma empresa, el portavoz municipal ha especificado que hubo otro parecido en la primavera de 2007 para el mantenimiento de viales, un contrato "también muy singular" porque en el Ayuntamiento "nunca ha existido" uno de este tipo.
Así, Gabriel González ha detallado que el coste de este contrato fue de 350.000 euros anuales por cuatro años, "un servicio que nunca se había externalizado porque ya existe personal laboral en el Ayuntamiento que se encarga de estas funciones".
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