Varapalo a la reforma local del PP

La reforma local anunciada por el Gobierno de Mariano Rajoy recibió hace unos días un severo varapalo del Consejo de Estado. Una verdadera enmienda a la totalidad, que no deja lugar a dudas sobre la inconstitucionalidad de gran parte de su contenido. Por tanto, no solo ha recibido el rechazo de la inmensa mayoría de los ayuntamientos, incluidos los del PP, sino también del máximo órgano consultivo del Estado. No podía haber peor forma de arrancar para una norma que afectará a todos los municipios de España e incidirá de manera directa sobre los servicios que reciben los ciudadanos y los costes que pagan por ellos. 

Ante esta situación, es obligado para el Gobierno dar un paso atrás, retirar el texto actual y abrir un periodo de reflexión con todos los implicados para diseñar una nueva ley que verdaderamente permita modernizar los ayuntamientos, dándoles y no quitándoles capacidad para resolver los problemas de los ciudadanos. El PSOE está dispuesto a participar y aportar ideas útiles para construir una ley moderna, realista y, sobre todo, una ley que permita que nuestros ayuntamientos puedan ser instrumentos útiles para combatir la crisis en momentos de tanta dificultad.

Sin embargo, si el Gobierno se empecina en el error, también estamos dispuestos a acudir al Tribunal Constitucional, e incluso hacer uso de la ley que permite presentar un recurso de inconstitucionalidad con el respaldo de un séptimo de los más de 8.000 ayuntamientos que hay en España. Tal posibilidad está permitida cuando se considera que ha habido una invasión de competencias por parte de una Ley del Estado, y se trataría de la primera vez que se hace uso de ella.

Estas acciones tienen un firme apoyo en el informe del Consejo de Estado, cuyas conclusiones dejan meridianamente claro que el anteproyecto de Ley no cumple con los objetivos que se propone, ya que ni clarifica competencias, ni racionaliza la estructura organizativa de la administración local. De hecho, el informe cuestiona claramente incluso el impacto presupuestario y económico, que el Gobierno había estimado en 8.000 millones de euros.

Además, el Consejo de Estado incide en lo que en su momento el PSOE ya calificó como una aberración jurídico económica: el denominado "coste estándar" de los servicios, que no es otra cosa que la arbitrariedad hecha ley. En efecto, carece de todo tipo de fundamento científico y de parámetros legales, y no es más que un cheque en blanco que pretende tener el Gobierno para cercenar la autonomía y la capacidad de los ayuntamientos para prestar servicios a los ciudadanos.

Por último, también alberga serias dudas sobre el fortalecimiento de las diputaciones provinciales a costa de los ayuntamientos, una maniobra tras la que se esconde el intento de privatizar la mayor parte de los servicios que estos prestan.

Lo cierto es que el Gobierno ha tomado una decisión errónea, basada en el falso argumento de hacer a las entidades locales responsables y, por tanto, culpables del déficit público. Según esa lógica suprimiendo una buena parte de la estructura local del Estado quedará resuelta la crisis.

Los datos, sin embargo, contradicen de plano esta hipótesis, claramente interesada. Así, mientras a 31 de diciembre de 2012 la deuda de la administración central era de 760.262 millones de euros, y en las comunidades autónomas ascendía a 185.048 millones, la deuda viva de los ayuntamientos españoles estaba en 35.000 millones, cantidad correspondiente en su mayoría a los grandes municipios, entre los que destaca el de Madrid, seguido a distancia por Valencia, Málaga o Barcelona.

No cabe duda, por tanto, de que la reforma no está inspirada por criterios objetivos, sino desde el convencimiento ideológico de que sobra Estado y desde una clara voluntad recentralizadora. Unos principios que propician intencionadamente la privatización de los servicios públicos que se prestan desde la cercanía a los ciudadanos.

Son muchas las voces que se han alzado contra este retroceso democrático y contra el deterioro de los servicios públicos que va a acarrear. Municipios, fuerzas políticas, sindicatos, profesionales, colectivos sociales... Y finalmente el propio Consejo de Estado. Hasta ahora solo ha habido oídos sordos. Sin embargo, aún queda tiempo de rectificar. Por eso, reiteramos la petición al Gobierno y al PP de que atienda estas recomendaciones del Consejo de Estado, retire el anteproyecto y abra un proceso de diálogo con fuerzas políticas y representantes municipales en el seno de la FEMP. Debería hacerlo si realmente quiere una reforma local que mejore el funcionamiento y el servicio que presta a los ciudadanos la parte más cercana de la estructura del Estado: los ayuntamientos.

Julio García Moreno

Secretario de Política Municipal del PSOE de Guadalajara