La comparecencia de Rajoy ya se está 'cocinando' en La Moncloa: conozca sus claves

Aunque el jefe del Ejecutivo aún no ha empezado a redactar el discurso con el que acudirá el 1 de agosto al Parlamento para dar cuentas sobre el llamado 'caso Bárcenas', fuentes del Palacio de la Moncloa han asegurado que el jefe del Ejecutivo hará hincapié en el mensaje de "regeneración de la vida pública".

Así, Rajoy recuperará las propuestas contra la corrupción que ofreció a los grupos parlamentarios hace cinco meses durante el Debate sobre el estado de la Nación, un amplio paquete legislativo que afecta a seis leyes e incluye medidas preventivas, de transparencia y de control para reforzar la lucha contra la corrupción.

Todos juntos contra la corrupción

El Gobierno es consciente de que los grupos atacarán duramente a Rajoy por las informaciones relacionadas con el extesorero del PP Luis Bárcenas, que ha acusado al partido de financiación ilegal durante más de 20 años y del pago de sobresueldos a la cúpula. Sin embargo, hará de nuevo hincapié en la idea de ir todos juntos en la necesidad de pactar instrumentos para luchar contra la corrupción.

Con ese objetivo, expondrá de nuevo las medidas de regeneración democrática que prepara el Gobierno y que están "muy avanzadas", según reconocido recientemente la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Desde marzo hay un grupo de trabajo en el seno del Gobierno que ultima ese paquete normativo.

En concreto, el Gobierno trabaja en una nueva Ley Orgánica de Control de la Actividad Económica y Financiera de los Partidos que abogará por un mayor control sobre las cuentas y la gestión de los partidos, al tiempo que reforzará el papel del Tribunal de Cuentas, al que dotará de más instrumentos de control.

Control del tesorero

Esa nueva ley fijará reglas claras sobre el papel que pueden ejercer los responsables de la gestión económica de los partidos políticos, lo que se podría traducir en un mayor control sobre la función de los gerentes o tesoreros de los mismos.

El propio Rajoy especificó en febrero en el Parlamento que se incluirá en la Ley un "doble control externo" sobre las funciones de los responsables económicos, que tendrán el deber formal de colaborar con el Tribunal de Cuentas y la obligación de comparecer ante el Parlamento para dar explicaciones sobre la forma en que se han gestionado los recursos del partido.

El Gobierno está trabajando también en la nueva Ley Reguladora del Ejercicio de las Funciones Políticas, que establecerá escalas de retribución de los cargos públicos de la Administración General del Estado, regulación de la publicación de las declaraciones tributarias y refuerzo de la Oficina de Conflicto de Intereses, entre otras medidas.


Entre esas reformas legislativas se encuentra también la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público y la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, así como la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El Gobierno trabaja asimismo en la reforma del Código Penal para endurecer las penas asociadas a los delitos relacionados con la corrupción (prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, etc), aumentando además los plazos de prescripción para esos delitos. Además, introducirá nuevos tipos penales, como el enriquecimiento injustificado de los cargos públicos electivos y la financiación ilegal de los partidos políticos.

El pasado mes de marzo, el Grupo Popular urgió al presidente de la Cámara, Jesús Posada, a poner ya en marcha los trabajos en pro del pacto anticorrupción y por la regeneración democrática que se alcanzó en el marco del Debate sobre el estado de Nación. Sin embargo, el trámite parlamentario de la Ley de Transparencia ha ralentizado esos trabajos en la Cámara Baja, que no han comenzado.


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