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Golpe para los socialistas y respaldo para el presidente González

La Justicia permite que continúe el proceso de privatizaciones de los hospitales madrileños

La Justicia permite que continúe el proceso de privatizaciones de los hospitales madrileños

> El TSJM lo había interrumpido para estudiar el recurso del PSOE de Madrid

miércoles 24 de julio de 2013, 14:28h
Esta decisión del Tribunal supone que el proceso de privatizaciones continúe tal y como estaba previsto, después de que haya permanecido dos semanas en suspenso. El TSJM lo había interrumpido para estudiar el recurso de los socialistas madrileños que denunciaba que el importe de la importe de la garantía que figuraba en los pliegos había afectado a la libre competencia.
   Ante ello, y según lo dispuesto en esa resolución el Gobierno regional presentó alegaciones para solicitar la retirada de la medida cautelar. En este sentido, el Ejecutivo autonómico expresaba que la corrección favoreció la concurrencia de empresas y que el PSM no tenía legitimidad para reclamar esa medida al no ser perjudicado directo ni parte interesada en el proceso.

   En su ultima comparecencia en la Comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid, el consejero Javier Fernández-Lasquetty relató sobre la cuestión de la garantía que la Comunidad optó por seguir los antecedentes administrativos que se habían dado en las concesiones sanitarias anteriores (en los hospitales Infanta Elena, Torrejón, Rey Juan Carlos) en los que se optó por una exención parcial de las garantías, al plantear un importe de 6 millones de euros, "muy inferior" al 5 por ciento del importe total del contrato.

   Al respecto, señaló que ese criterio "no fue cuestionado ni recurrido en ninguna de las licitaciones anteriores" y, por ello, se optó en los pliegos de la ampliación de la gestión indirecta de seis hospitales se tomó la decisión de eximir parcialmente de la garantía definitiva y exigir el 5 por ciento del valor anual. Ello suponía una cantidad aproximada de 28 millones, que consideraba "suficiente" para preservar la prestación adecuada del servicio público en caso de que pudiera haber alguna incidencia.
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