Denuncian que una piscina y un colegio público ocupan parte de la Cañada Real

En una entrevista, consideran además muy difícil que se produzcan más desalojos, proponen a las administraciones comprar los terrenos sobre los que se asientan sus casas y valoran de forma positiva la futura vigilancia de los agentes forestales.

Según un informe del Ayuntamiento de Madrid hay 150 desalojos en curso ¿Creen factible realizar más derribos en la Cañada después de lo que ocurrió durante el último, el pasado día 18?
A.G: Todos los expedientes de demolición que han existido, si se han recurrido, han sido ganados por nosotros. La situación a la que se llegó el otro día fue porque una persona no quiso recurrir. Dijo que no estaba dispuesto a gastarse los 200 euros que podría costar.Si hubiera recurrido, no se habría tirado la casa.

¿Se dirigen los derribos de una forma especial contra la zona de Valdemingómez, donde se localiza la delincuencia?
A.G: No, yo creo que en esta zona hay incluso menos desalojos que en el resto de la Cañada. A ellos no les están llegando órdenes de derribo, lo cual resulta paradójico.

¿Podría haber intereses urbanísticos detrás de los desalojos?
A.G: Desconocemos qué hay en el inframundo, pero existe un hecho palpable: los desarrollos de Los Ahijones y Los Cañaverales llegan hasta el mismo borde de la Cañada. La valoración de esas viviendas no es igual con o sin lo que hay ahora en la Cañada. Somos un elemento incómodo para ellos.

¿Es cierto que un colegio público tiene parte de sus terrenos en la Cañada?
A.G: El Colegio Público El Olivar tiene metido un 70-80 por ciento del patio, que incluye un edificio polideportivo. Además, en el año 75, cuando Rivas Urbanizaciones comenzó a desarrollarse, se construyeron dos torres de 10 o 12 plantas en terrenos de la Cañada. Yo he hecho un plano basado en fotos aéreas y el Ayuntamiento de Rivas tiene dentro de la Cañada unos 25.000 metros cuadrados.

¿Hay también una piscina?
A.G: Sí. Es una piscina privada de la cooperativa de Covibar.

¿Cómo valoran la decisión de enviar a los agentes forestales a vigilar la Cañada?
F.R: Lo vemos bien. Si lo que van a hacer los guardias es paralizar la proliferación de viviendas, nos viene bien a todos.

¿Consideran que la medida será eficaz?
A.G: Es difícil saberlo. En estas últimas fechas hay incluso gente que está construyendo por las noches, porque saben que a esas horas no va a venir nadie.

F.R: Algunas construcciones que se hacen en fincas particulares. Están creciendo a lo ancho de la Cañada, pero en realidad están en terrenos privados. La construcción continúa porque, desde hace dos o tres años, el seguimiento de los municipales no las paraliza.

¿Qué argumentos esgrimen para defender la legalidad de sus viviendas?
A.G: No podemos negar la ilegalidad de la situación actual, que es la ocupación de unos terrenos públicos. Más que decir ilegalidad, prefiero hablar de irregularidad, porque una cosa no es ilegal hasta que el juez lo decreta. La situación real es que hay unas ocupaciones que llevan aquí más de 40 años y unos precedentes de legalizaciones en diversas zonas. Además, existen vías legales para regularizar la situación.

¿Tienen alguna propuesta en curso para los Ayuntamientos?
A.G: Las propuestas las llevamos haciendo desde hace más de 10 años. Estamos dispuestos a adquirir los terrenos sobre los que estamos o a comprar las tierras adyacentes para que se fije un trazado alternativo de la vía pecuaria. No obstante, la solución tiene que ser mixta. No se puede regularizar todo porque hay situaciones que no son regularizables.

¿Estarían dispuestos a abandonar sus viviendas a cambio de otras?
A.G: Podría ser una solución en determinados casos, no para el total.Es inviable pensar en trasladar a 40.000 habitantes y 8.000 construcciones.