En una democracia, las instituciones y las formas son importantes, a veces esenciales. Cuando su funcionamiento se pervierte, cuando los ciudadanos dejan de confiar en ellas, no padece sólo "esa" institución, sufre la democracia. No están las instituciones españolas en su mejor momento desde el Parlamento al Tribunal Constitucional, desde el Poder Judicial al Tribunal de Cuentas, desde los partidos a los sindicatos. Y es malo andar rascando en la herida porque con las cosas de comer no se juega, pero...Una de esas instituciones importantes, el último recurso de muchos colectivos, de muchos ciudadanos es el Defensor del Pueblo. A ella acuden cada año miles de ciudadanos para pedir que las Administraciones públicas les atiendan, para presentar sus quejas y para pedir ayuda. Y, generalmente, el Defensor hace su trabajo con rigor y eficacia. De esa casa han salido en diferentes etapas importantes informes, oportunas recomendaciones muchas veces atendidas.
El Defensor del Pueblo es elegido a propuesta del partido que gobierna, pero siempre con cierto consenso y sus adjuntos representan al principal partido de la oposición y a algún otro del arco parlamentario. Lo ideal sería que fuera alguien independiente, alejado de los intereses partidistas, pero al menos hay que pedir que cuando llegue al cargo sea el defensor de todos los ciudadanos y, un poco, la "mosca cojonera" del Gobierno de turno. Con formas adecuadas, rigor y justicia, pero con firmeza y diligencia. En esa casa ha habido excelentes políticos que han olvidado su militancia, cuando la había, como
Álvarez de Miranda, Ruiz-Giménez, Múgica -con matices- o como
Cava de Llano. Incluso eso apoya los argumentos a favor de que acaben desapareciendo los defensores autonómicos para concentrar el trabajo y la carga en una sola institución rigurosa y eficiente.
En los últimos tiempos, tras el nombramiento de Soledad Becerril, se han producido al menos dos situaciones que alientan la preocupación de que eso no siga siendo así. El Defensor ha renunciado a presentar recurso de inconstitucionalidad contra la ley sobre desahucios y hace poco lo hizo también ante la Ley de Tasas. Cualquiera de las dos aúna razones suficientes para plantearlo y las dos eran demandas sociales evidentes. En el asunto de las tasas, la defensora medió ante Gallardón, logró una rebaja de mínimos, cicatera e insuficiente -ni siquiera lo que había pedido la institución- y se avino al silencio. En ambos casos, además dijo que, como el PSOE iba a presentar el recurso era "prescindible" que lo hiciera el Defensor.
En el caso de los desahucios, además, aporta argumentos de escaso peso. Reconoce que la ley es insuficiente para proteger los derechos de los consumidores y asegura que no podía asumir los planteamientos de la Plataforma Antidesahucios.A la institución del Defensor no hay que pedirle que calle si otro ocupa su lugar, ni que asuma argumentos ajenos, sino que haga lo que le toca hacer con rigor e independencia. No se pueden dejar pasar asuntos de enorme trascendencia social y que parezca, sólo que parezca, que la institución que debe defender a los ciudadanos, prefiere no tener que enfrentarse al Gobierno que debería legislar para esos mismos ciudadanos.
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