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El Ejecutivo espera que la ley esté aprobada el 31 de diciembre

Luz verde al anteproyecto de las pensiones que podría recortar un 28% el poder adquisitivo, denuncia CCOO

Luz verde al anteproyecto de las pensiones que podría recortar un 28% el poder adquisitivo, denuncia CCOO

viernes 13 de septiembre de 2013, 17:00h
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha aprobado este viernes el anteproyecto de ley de reforma de las pensiones, que desvincula estas prestaciones del IPC y que introduce el llamado 'factor de sostenibilidad' a partir de 2019. Una nueva fórmula de cálculo que según ha denunciado CCOO podría llegar a provocar una pérdida de entre un 14,8% y un 28,3% del poder adquisitivo de los pensionistas durante los próximos quince años.
Al término de la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que la voluntad del Gobierno es "escuchar y tomar en consideración" todas las aportaciones que puedan hacerse para garantizar la sostenibilidad y viabilidad del sistema público de pensiones.

El anteproyecto, que será enviado al Consejo Económico y Social (CES) para que emita su dictamen, contempla un nuevo índice para referenciar la actualización de las pensiones diferente del IPC, para evitar que las pensiones puedan en lo sucesivo congelarse o incluso rebajarse. Este índice empezará a aplicarse ya el próximo año.

El nuevo Índice de Revalorización de las Pensiones tendrá en cuenta tanto la inflación como los ingresos y gastos del sistema cada año, y los déficit o superávit del propio sistema de la Seguridad Social tomando como referencia las medidas de once ejercicios para modular los datos y evitar cambios bruscos en el sistema. Además, aplicará un suelo del 0,25% y un techo del IPC más el 0,25%, de modo que las pensiones no puedan ni subir ni bajar por encima de esos valores.

Según la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, el nuevo índice es "más completo y global", ya que tiene en cuenta la inflación, pero también la situación económica del país en cada momento. "La propuesta es que las pensiones no se congelen nunca y que suban siempre en función de las circunstancias económicas y de lo que el país se pueda permitir", ha señalado Báñez, tras destacar además que se elimina la discrecionalidad política y se garantiza la racionalidad en el sistema.  

El factor de sostenibilidad, por su parte, no entrará en vigor hasta finales de la próxima legislatura (2019) y vinculará las pensiones a la demografía, garantizando así que los pensionistas de diferentes generaciones tendrán pensiones similares si realizan contribuciones iguales al sistema.

Tras la aprobación del anteproyecto, el Gobierno abre un periodo de diálogo y negociación con los agentes sociales y los grupos políticos para poder incorporar al texto propuestas que lo enriquezcan. Una vez incorporadas las aportaciones oportunas, el Ejecutivo espera que la ley esté aprobada el 31 de diciembre de este año.

CCOO contradice los cálculos de Báñez


Por su parte, CCOO ha calculado que la fórmula de revalorización de la pensiones propuesta por el Gobierno podría suponer una pérdida de poder adquisitivo para los pensionistas de entre un 14,8 % y un 28,3 % durante los próximos quince años.

En un comunicado, el secretario confederal de Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, explica que el cálculo no tiene en cuenta medidas adicionales que pudieran mejorar los ingresos del sistema. En opinión de Bravo, la propuesta del Gobierno para reformar las pensiones se limita a establecer dos instrumentos (índice de revalorización y factor de sostenibilidad) que se centran exclusivamente en el ajuste del gasto.

CCOO discrepa con los plazos planteados y procedimientos del Gobierno en esta nueva reforma del sistema de pensiones, al hacer coincidir las conversaciones con los interlocutores sociales y la petición de dictamen al Consejo Económico y Social (CES).

Como alternativa, el sindicato ha propuesto una serie de medidas para actuar sobre el sistema de pensiones a corto plazo, medio y largo plazo. Para su aplicación inmediata plantea un incremento temporal de los tipos de cotización por contingencias comunes, mediante un esfuerzo adicional compartido entre las empresas, los trabajadores con empleo y el Estado.

Para su aplicación progresiva propone un aumento de la base máxima de cotización y una convergencia de la base media de cotización del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) con la del Régimen General, conforme a lo previsto en la reforma de pensiones de 2011. Asimismo, pide que el Estado asuma los gastos de personal de la administración de la Seguridad Social y convertir los programas de reducciones a las contratación en programas de bonificación.


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