El 'caso Faisán' rescata el fantasma del chivatazo político a ETA y el 'señor X'

"Hubo una orden política de la filtración. No entra en cabeza humana que se le ocurra a un policía", dijo. En opinión del investigador, "se recibió una orden política del director general de la policía", Victor García Hidalgo, e insistió en su convencimiento de que "no fue por iniciativa propia" de Pamiés.

"Mi conclusión es que tanto en España como en Francia nos engañaron vilmente, la única diferencia es que aquí se ha descubierto el engaño y quiénes fueron los supuestos autores de ese engaño y en Francia no lo sabemos", señaló. Además, el comisario dijo haber recibido "amenazas" para no hablar de un "móvil político" en sus informes.

Horas antes había declarado Enrique Pamiés, quien rechazó haber recibido órdenes políticas para parar la operación contra ETA. "Tampoco lo habría permitido", agregó. También negó haber hablado con el dueño del bar Faisán. "Jamás he hablado por teléfono con el señor Elosua", afirmó.

Por su parte, el inspector José María Ballesteros justificó su presencia en el bar Faisán - recogida por las cámaras de seguridad - porque había recibido orden de Pamiés de vigilar la frontera con el fin de comprobar si los pasos estaban tranquilos ese día y si había algún despliegue policial. Esta versión coincide con el relato del confidente etarra apodado 'El Romano', quien corroboró haberse citado con Pamiés en esa fecha "cerca de la estación de Bayona".

Los diarios recogen que los procesados sólo respondieron a las preguntas del fiscal y de sus defensas, pero no a las de los abogados que representan a las víctimas del terrorismo ni al letrado que representa al Partido Popular.

En el plano político, el vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano, apuntó a la "responsabilidad política" del actual secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba,- entonces ministro del Interior - y consideró que el soplo no fue una decisión que pudieran tomar "exclusivamente" las personas "que en este momento se sientan en el banquillo". La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, declinó hacer valoraciones más allá de expresar su "máximo respeto a la Justicia". El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, reclamó respeto a los jueces y ofreció toda la colaboración para "que se haga justicia".


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