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La nueva ley no afectará a pensiones, impuestos, instrumentos financieros ni a la negociación salarial

Los precios del transporte, energía, agua... podrán subir más que el IPC

Los precios del transporte, energía, agua... podrán subir más que el IPC

viernes 27 de septiembre de 2013, 17:07h
  El Gobierno ha aprobado este viernes el anteproyecto de ley de desindexación, que desvinculará los precios de los servicios públicos del IPC a partir de 2014 y creará un nuevo índice de referencia destinado, principalmente, al sector privado.
   El objetivo de esta ley es desvincular totalmente del IPC los precios que se fijan en la prestación de servicios públicos para contribuir a la estabilidad de precios y a la moderación que se aplica en otros ámbitos de la economía.

   Al término de la reunión del Consejo de Ministros, el ministro de Economía, Luis de Guindos explicó que una economía desindexada es menos vulnerable a 'shocks' económicos externos, ya que al indexar al IPC productos y servicios públicos hace que los ajustes se acaben realizando "más por la vía de la actividad y el paro".

   Así pues, la norma derogará cualquier vinculación directa al IPC en los precios y servicios regulados o prestados por las administraciones públicas, de forma que nada se actualizaría según el IPC desde el 1 de enero de 2014.

   La nueva ley no afectará a pensiones, impuestos, instrumentos financieros ni a la negociación salarial, pero sí a transportes, telecomunicaciones, energía, servicios postales, agua, tasas, sanciones y los precios de los contratos públicos.

   No obstante, la futura norma acompañará a otras iniciativas de distinta naturaleza que persiguen estos mismos objetivos, como el acuerdo de moderación salarial firmado por los agentes sociales hasta 2014 y la desvinculación de las pensiones del IPC.

   Por otro lado, la norma desarrolla un nuevo índice de referencia para los contratos del sector público y privado. El nuevo índice tendrá en cuenta el diferencial de inflación de España con la zona euro, que será corregido con la pérdida de competitividad acumulada desde la entrada en el euro (el deterioro acumulado del diferencial). Este nuevo índice tendría un tope del 2% --el objetivo de inflación del Banco Central Europeo (BCE)-- y un suelo del 0%.

Seis meses de transición


    Guindos ha avanzado que una vez entre en vigor la Ley, el próximo 1 de enero, se abrirá un periodo de seis meses en los que se analizará si se congelan los precios regulados o si se aplica el nuevo índice vinculado a la evolución de los costes.

   En el caso de los contratos de servicios públicos, se contempla la retroactividad de la norma, de forma que se dará un plazo al prestador del servicio para desistir del mismo.

   Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, indicó que con esta ley el Ejecutivo trata de mejorar la competitividad de la economía española y para apoyar esta idea, recordó que entre 1996 y 2008 el IPC español creció un 42%, 14 puntos más que en la zona euro.

   Además, indicó que con esta norma el Gobierno asume también el acuerdo de moderación salarial que han firmado los agentes sociales, intentando rebajar los precios y las rentas públicas, toda vez que los gastos en bienes y servicios con precios regulados suponen el 7% del presupuesto anual de las familias españolas.

Las familias gastan al año 35.000 millones en estos servicios


Según datos del Gobierno, los gastos en bienes y servicios regulados que afectan a los hogares suponen el 7% del total, unos 35.000 millones de euros anuales, el 3,5% del PIB. De esta forma, si la inflación alcanzara en un año el 2%, el ahorro para las familias en lo que se refiere a productos y servicios afectados por la norma sería de unos 700 millones de euros.

   El Gobierno pretende fomentar el uso de este nuevo índice para que lo acabe aplicando también el sector privado, puesto que algunos sectores económicos tienden a actualizar sus precios en función de la inflación. De hecho, si en un contrato privado se establece una cláusula de revisión, pero no se especifica ningún indicador, se aplicará el nuevo índice de referencia.

   En cualquier caso, el objetivo final de la futura ley es conseguir un cambio estructural en la economía para avanzar hacia una cultura de mayor estabilidad en la que se eliminen los efectos perjudiciales derivados de la ligación automática del IPC en la formación de precios y costes.

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