226 familias reciben una carta de desahucio que la Junta ejecutará si no pagan el alquiler

Es al menos lo que denuncia el PSOE de Castilla-La Mancha que dice tener "constancia" de que 101 de los afectados viven en Ciudad Real, 66 en Albacete, 44 en Toledo y 15 en Cuenca.

Según la carta,  las viviendas quedarán a disposición de otras familias con necesidades de un hogar dispuesta a pagar regularmente el recibo de alquiler. No obstante, la misiva advierte a los inquilinos deudores que pueden solicitar a la Consejería de Fomento, en el plazo de un mes desde la recepción de esta comunicación, el aplazamiento de la deuda durante 12 meses, y en su caso, también el fraccionamiento de la misma.

La portavoz del PSOE en la región, Cristina Maestre, califica la misiva de "macabra" y "casi amenazante"

 Así lo ha puesto de manifiesto la portavoz del PSOE en la región, Cristina Maestre, quien ha indicado que hasta el momento los socialistas tienen constancia de que han recibido esta carta, siendo 101 procedentes de Ciudad Real, 66 de Albacete, 44 de Toledo y 15 de Cuenca.

Maestre ha indicado que estas familias no tienen con la administración "deudas poderosas" porque pagan al mes "unos 60 u 80 euros de alquiler".

"No tienen ni para comer y están esperando a que la presidenta regional, María Dolores de Cospedal, les dé un trabajo, saque un plan de empleo urgente o les dé algún tipo de ayuda de emergencia", ha subrayado la dirigente socialista.

"O pagan o se tienen que ir a la calle",  dice Maestre al tiempo que ha criticado la moratoria de 12 meses que da la Junta porque, a su juicio, supone "alargar la agonía a estas familias".

No ha ahorrado calificativos hacia el Gobierno regional del que dice que es "inhumano, frío y que odia a las familias pobres de la región porque se ensaña con ellas".

La Junta dice que se dirije a los que tienen más de 60 recibos sin pagar

 El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado su versión explicando que no desaloja de sus viviendas a quienes no pueden pagar el alquiler por dificultades económicas "justificadas".

Aseguran desde la Junta que lo que se hace es informar los inquilinos que tienen deuda contraída con la Administración superior a 60 meses de impagos acerca de la posibilidad que tienen de acogerse a un aplazamiento "con el objetivo de evitar situaciones que obliguen a desalojar a familias de estas viviendas".

 Las misivas informativas están siendo dirigidas a aquellos deudores que acumulan más de 60 recibos impagados y que no hayan firmado compromisos de pago con la Administración o que, habiéndolo hecho, hayan incumplido con el pago de forma grave o reiterada, para que puedan regularizar su situación y evitar la extinción del contrato de arrendamiento.

 "Mientras que los arrendatarios con dificultades económicas justificadas merecen que la Junta de Comunidades les conceda facilidades para superar las dificultades --tal y como estable el Decreto--, los arrendatarios en los que no concurre esta circunstancia y que de forma reiterada incumplen sus compromisos de pago, deben hacer frente a las deudas o abandonar las viviendas, para que otras familias que lo necesiten puedan acceder a ellas, teniendo en cuenta que hay un gran número de familias inscritas que demandan estas viviendas en la región", concluye el Gobierno regional.