El senador socialista Jesús Alique acusa al gobierno de querer legalizar el fracking "por la puerta de atrás"

Alique asegura que se trata de "una técnica tremendamente agresiva y que tiene importantes riesgos para el medio ambiente y para la salud humana". 

El parlamentario del PSOE subrayó que este "delicado" asunto requiere "un gran debate previo parlamentario y de la comunidad científica y académica", antes de tomar ninguna decisión y añadió que el Partido Popular está actuando desde la improvisación y la clandestinidad en un asunto "en el que nos jugamos mucho".

A continuación, indicó que no es de recibo que se diga que a los proyectos de fracking se les exigirá una evaluación de impacto ambiental, (algo que ya ha aprobado la Eurocámara) y, al mismo tiempo, tramiten una ley en el Parlamento por la que se reduce la calidad de esas evaluaciones, se reduzcan los plazos y se creen bancos de conservación de los que, dice, "son una moneda de cambio para autorizar daños ambientales graves, como es el caso del fracking". 

Jesús Alique acusó al Gobierno de considerar que "con el dinero se soluciona todo y la realidad es que no todo vale, como ya han reconocido países como Francia, Alemania o recientemente Italia, que se han opuesto al fracking y muchas comunidades autónomas, algunas incluso del Partido Popular, como Cantabria, Aragón o La Rioja".

Alusión al ejemplo deln proyecto Castor

Alique señaló que el Grupo Parlamentario Socialista cree que el futuro o el crecimiento futuro debe ser sostenible y que apuestan por un crecimiento en igualdad, con respeto al medio ambiente, que beneficie a la mayoría de la población y" no a unos pocos", en defensa del interés general "y, por eso, nos oponemos a este proyecto de ley, que legaliza el fracking y que reduce la calidad de las evaluaciones ambientales, porque queremos garantías, sobre todo, después de lo que está ocurriendo enfrente de las costas de Castellón con el proyecto Castor". 

Por último, el portavoz del PSOE en Energía insistió en su compromiso con las energías renovables y con las energías de futuro y añadió que no debe haber una apuesta por unas energías plagadas de incertidumbres, como el fracking, que beneficia a unos pocos y perjudica a la mayoría.

Un gobierno "incapaz de resolver el problema del déficit tarifario"

En otro orden de cosas, Jesús Alique afirmó que el Gobierno acelera la aprobación de esta ley "presionado por su incapacidad para resolver el problema del déficit tarifario" y recordó que fue el Gobierno de Aznar el que apadrinó esta "nefasta ocurrencia" en 1997 que ya alcanza los 30.000 millones de euros y que supone un grave problema para el Gobierno, las Pymes y los ciudadanos.

"Ante este despropósito, el Ejecutivo del PP sólo ha sabido dar dos tipos de soluciones: subir el recibo de la luz e intentar desmontar un sector como el de las energías renovables que molesta mucho al oligopolio eléctrico y parece que también al Gobierno. En definitiva, un fracaso de la política energética del Gobierno", aseguraba el senador.

Alique recalcó que esta norma ha sido elaborada "como acostumbra el PP, de manera autocrática y sin realizar ningún tipo de consultas. Por no consultar, no han consultado ni siquiera con las Comunidades Autónomas afectadas, es decir, con Canarias, con Ceuta, con Melilla y con Baleares. Incluso Baleares, donde gobierna el Partido Popular, ha manifestado por escrito su malestar por el hecho de no haber sido consultado".

Además, acusó al Ejecutivo del PP de no tener capacidad para controlar el déficit y de intentar a través de este proyecto de Ley una reducción de más de 1.700 millones de euros de los extra costes peninsulares y extrapeninsulares. "El PP aprueba un conjunto de medidas descabezadas sin contrastar con el objetivo de que haya más competencia pero que realmente es una chapuza normativa", apostilló.

"Estamos hablando, puntualizó, de un proyecto de ley que dice referirse a los costes de los sistemas extrapeninsulares e insulares pero que, sin embargo, sólo se refiere y, casi en exclusiva, a Canarias porque no se puede aplicar en Baleares y es de muy dudosa aplicación en Ceuta y Melilla".

Por último, destacó que es un proyecto de ley de "dudosa solidez jurídica, porque, probablemente, vulnere la tutela judicial efectiva muchos de sus preceptos, ampara actuaciones arbitrarias y discriminatorias y plantea graves problemas de constitucionalidad al asumir o limitar competencias que son propias de las comunidades autónomas". 

"El Gobierno sostiene que su objetivo es introducir competencia y reducir los costes del sistema pero está claro que la liberalización normativa no es sinónimo de competencia", concluyó.