Los jueces, contra los Presupuestos de Gallardón: el ministro se 'carga' la tutela judicial efectiva

En los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2014 se ha previsto para Justicia la cantidad de 1.500,75 millones de euros: se trata de una reducción del 2,17% en relación con la cantidad prevista en 2013. La caída está siendo relevante, progresiva y continuada, pues en los presupuestos de 2013 ya se acordó una disminución del 4,21% respecto de 2012. "Dicho descenso se produce a pesar de que nuestros juzgados y tribunales padecen graves insuficiencias de medios personales y materiales", afirma la asociación Jueces para la Democracia, que ha analizado muy críticamente los presupuestos aprobados por el Gobierno a instancias de Ruiz-Gallardón.

En materia de inversiones, se baja de 74,94 millones de euros a 61,55 millones de euros, lo cual supone una reducción del 17,17%. "Con estos presupuestos resulta absolutamente imposible la puesta en marcha de la nueva oficina judicial, así como no puede ser viable ninguna iniciativa de modernización de nuestro sistema judicial, ni tampoco que puedan prosperar proyectos que sean capaces de agilizar los trámites judiciales", afirman los jueces, que creen que "se condena a nuestra administración de justicia a seguir funcionando con instrumentos anacrónicos, impropios para resolver los litigios en una sociedad avanzada".

Gallardón 'congela' la justicia gratuita

Además, se congelan las partidas destinadas a Justicia Gratuita, con lo que Gallardón "incumple su compromiso de que se iban a mejorar las prestaciones del turno de oficio, que fue el pretexto que utilizó para justificar la implantación de las tasas". Ninguna cantidad procedente de la recaudación de las tasas se va a destinar a Justicia Gratuita, lo que es alarmante en un momento en el que la situación económica ha dejado a buena parte de la ciudadanía sin recursos para poder defender sus derechos.

La consecuencia lógica, según JpD, "es que en la práctica existe una previsión ministerial de reducir las asignaciones de Justicia Gratuita, con lo que se dejará a un número importante de personas sin la posibilidad de acceder a la jurisdicción".
Dice JpD que a Gallardón no le salen las cuentas, ante el "flagrante incumplimiento de sus compromisos públicos", y le exigen explicaciones sobre cuál ha sido el destino económico del pago por el acceso a los juzgados y tribunales: "Resulta evidente que las cantidades ingresadas tampoco han ido a financiar el funcionamiento de la administración de justicia, ante la importante reducción presupuestaria que se ha practicado".

Por todo lo anterior, JpD llega a la conclusión de que las tasas "han tenido una finalidad puramente recaudatoria a nivel general y se han utilizado para diseñar una Justicia al alcance de quienes puedan pagársela, lo cual supone una importante discriminación de sectores de la población en función de su capacidad económica. Esta privatización del servicio público se acompaña de otras medidas similares, como la asignación de los actos de comunicación y ejecución a los procuradores o la próxima entrega a los registradores mercantiles y de la propiedad de los Registros Civiles".

Despidos de jueces

JpD entiende que las disposiciones presupuestarias indican en la Oferta de Empleo Público que únicamente se van a crear 50 plazas de acceso a las carreras judicial y fiscal. De ellas 30 estarían destinadas al ingreso en la judicatura y 20 en la fiscalía. Se trata de una medida que ni siquiera llega a cubrir las bajas estructurales de la plantilla judicial, por lo que en la práctica supone un descenso de la misma. Sin embargo, en la actualidad los expedientes judiciales se sitúan en 2,6 millones de asuntos pendientes.

"Nuevamente se produce un incumplimiento de los compromisos del ministro Gallardón, que aseguró que se despedía a más de 1.200 magistradas y magistrados que ejercían funciones de sustitución con la finalidad de profesionalizar la actividad judicial. Sin embargo, no se incrementa en modo alguno la plantilla judicial y se pretende que con los mismos recursos se pueda asumir la carga de trabajo que realizaba la justicia interina, lo cual resulta manifiestamente imposible", dicen en JpD.

Cargarse el Consejo General del Poder Judicial

Finalmente, para JpD los PGEpara 2014 contemplan una reducción de la partida destinada al Consejo General del Poder Judicial del 7,7%, lo cual tendría como finalidad el arrebatar facultades y competencias al órgano de gobierno judicial, de acuerdo con la reforma aprobada de la LOPJ: "Supondrá una subordinación del poder judicial al poder ejecutivo".

En conclusión, desde Jueces para la Democracia se valora de manera "muy negativa" los recortes en materia de Justicia: "Suponen otro ejemplo más de adopción de medidas en perjuicio de los sectores más débiles de la sociedad, que no podrán abonar tasas judiciales y verán más limitado su acceso a la jurisdicción y a la Justicia Gratuita. Y cierran cualquier posibilidad de mejora, transformación y modernización de nuestro sistema judicial".