Castilla-La Mancha abocada a desarrollar su Ley de Transparencia

Los gobiernos de Madrid, Aragón, Valencia, Murcia y La Rioja, comunidades gobernadas por el PP, no han presentado ningún borrador y en sus parlamentos no se ha constituido ninguna ponencia.

Castilla-La Mancha tampoco lo ha hecho, aunque tiene un Modelo de la Transparencia y el Buen Gobierno de la Administración regional, que aprobó en febrero en plena convulsión social por el caso Bárcenas.

Cuenta por ello con una plataforma web que informa de las retribuciones y declaraciones de bienes de sus altos cargos, de convenios suscritos, presupuestos, cuentas anuales y hasta 69 indicadores de información que pronto se ampliarán.

Además prepara un Registro de Participación Ciudadana, en el que ciudadanos y entidades se podrán inscribir para recibir información sobre materias concretas que son competencia de la Junta.

En Cantabria también existe un Portal de la Transparencia y en el País Vasco el Gobierno del PNV tiene previsto regular la materia en la Ley de la Administración Pública Vasca que presentará en el primer semestre de 2014.

El País Vasco -la Comunidad más transparente según el ránking de Transparencia Internacional- cuenta, no obstante, con un Código Ético y de Conducta, que han firmado todos los altos cargos y personal eventual y que les compromete a trabajar con integridad, honestidad e imparcialidad y a no aceptar tratos de favor ni regalos.

17 sistemas de transparencia

Sí están tramitando ya sus propias leyes de transparencia Cataluña y Andalucía, en ambos casos con artículos que el PP rechazó incluir en la ley estatal, lo que anticipa la "heterogeneidad organizativa" y "diversidad de criterios y ritmos" que el presidente de Transparencia Internacional España, Jesús Lizcano, cree que se va a producir.

Otros van más allá, como el diputado de UPyD y ponente de la ley estatal Carlos Martínez Gorriarán, que ha advertido de que "de facto esta ley creará diecisiete sistemas de transparencia distintos".

El anteproyecto andaluz de Ley de Transparencia Pública, por ejemplo, establece que su administración autonómica y local tendrá que responder a la información requerida por los ciudadanos en un plazo no superior a veinte días, frente al silencio como respuesta que permite la ley nacional.

Otra peculiaridad de la norma andaluza es que obligará a hacer públicas las agendas institucionales del Gobierno autonómico y de los municipales.

Además los andaluces tendrán su propio órgano encargado de responder a las reclamaciones que presenten: la Agencia de Transparencia y de Protección de Datos.

A este respecto, la ley estatal dispone que cada administración autonómica podrá crear su propio órgano encargado de velar por el cumplimiento de la ley, salvo que firme un convenio con el Gobierno central para supeditarse al control del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de la administración estatal.

Galicia, Navarra y Extremadura, pioneras

Galicia fue la primera en aprobar una Ley de Transparencia y Buenas Prácticas en la Administración Pública y lo hizo por unanimidad hace ya siete años, en junio de 2006, cuando gobernaban PSdeG y BNG, que la consensuaron con el PP.

Le ha seguido Navarra en 2012, con su Ley de Transparencia y Gobierno Abierto, que sin embargo deberá "adaptarse a la nacional" en algunos aspectos y "corregir algunas cosas", según el presidente de Transparencia Internacional, que habla de "pequeño caos" en la aplicación de la norma foral.

El pasado abril Extremadura se unió al grupo de pioneras con una La Ley de Gobierno Abierto aprobada por unanimidad, que recoge también algunas de las principales reivindicaciones de los activistas de la transparencia, como el destierro del silencio administrativo.

Baleares aprobó una Ley de Buen Gobierno al final de la pasada legislatura, que contemplaba algunos aspectos de participación e información sobre la actividad pública y que fue modificada a principios de este año por el PP, que alegó que pretendía eliminar duplicidades, aunque la oposición consideró que se rebajaba la transparencia.

Entretanto, Asturias -que ya tiene Portal de Transparencia-, Castilla y León y Canarias han abierto procesos de participación ciudadana para pedir aportaciones a su futura ley.