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La Policía detiene a 4 personas en San Sebastián por su vinculación con el terrorismo callejero

miércoles 07 de noviembre de 2007, 07:21h
Continúan incesantes los arrestos del entorno de ETA. La Policía ha detenido esta madrugada en San Sebastián a 4 jóvenes por su vinculación con actos de terrorismo callejero e integración en banda armada y con estas detenciones se da por desarticulada la estructura de la organización filoetarra SEGI en esa ciudad.
   Según informó el Ministerio del Interior en un comunicado, la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía desarticuló esta madrugada el presunto grupo de apoyo a la organización terrorista ETA, que tenía como misión realizar atentados mediante la confección y lanzamiento de artefactos explosivos e incendiarios contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, edificios oficiales, sedes de partidos políticos, entidades bancarias y de ahorro, estaciones y unidades de ferrocarril, transportes públicos y mobiliario urbano.

   Como resultado de la operación, agrega la nota, se procedió a la detención de cuatro personas en los distintos barrios de la ciudad de San Sebastián y se han practicado, hasta el momento, un total de 18 registros domiciliarios en los barrios de Intxaurrondo, Gros, Antiguo, Loyola, Amara, Egía, Parte Vieja y Astigarraga.

   Con estas detenciones, la Policía considera que se ha desarticulado la estructura de SEGI en San Sebastián, que estaba siendo de nuevo reorganizada tanto por los detenidos como por los integrantes de SEGI que hayan podido eludir el dispositivo policial.

   Según el Ministerio del Interior, los detenidos son M.M.G. de 22 años, I.E.A. de 21 años, I.C.G. de 28 años, E.E.L. de 22 años, todos ellos nacidos en Guipúzcoa. Las autoridades les imputan estar al frente de la dirección de la organización ilegal SEGI en los distintos barrios de San Sebastián y la captación de nuevos jóvenes para SEGI e iniciación de los mismos en las técnicas utilizadas habitualmente por el terrorismo callejero.

   Asimismo, se les considera autores de varias quemas de autobuses urbanos, en diciembre de 2006 y agosto de 2007, así como de la organización y participación en los disturbios posteriores a manifestaciones ilegales convocadas por Batasuna, Askatasuna y SEGI, así como los organizados en respuesta a detenciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en 2006 y 2007. También se les responsabiliza de varios cortes de vías férreas con motivo de jornadas en apoyo a los presos de ETA y a organizaciones ilegalizadas del MLNV.

   Todos los detenidos están siendo trasladados a las dependencias de la Comisaría General de Información en Madrid. La operación, que continúa abierta, ha sido consecuencia de las investigaciones desarrolladas tras la detención de siete presuntos miembros de un grupo de apoyo a ETA la semana pasada.

   La operación la ha desarrollado la Brigada Provincial de Información de San Sebastián, coordinada por la Comisaría General de Información y con la autorización del Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional.


Operación den Vizcaya

   En otra operación llevada a cabo también en octubre, agentes de la Policía Nacional detuvieron de madrugada en Vizcaya, concretamente en la comarca de 'Uribe-Kosta', especialmente castigada por este tipo de acto, a Joseba Elorriaga, Txomin Gezuraga, Aner Mimenza, Mikel de Gregorio, Josu Rodríguez y Lander Labajo. Un día más tarde, en el marco de la misma actuación, fue arrestado en Getxo Zigor Goikoetxea.

   El juez Baltasar Garzón ordenó prisión incondicional por pertenencia a banda armada y varios delitos de terrorismo para seis de los detenidos y dejó en libertad bajo fianza por motivos de salud a Zigor Goikoetxea, hermano de un etarra que participó en el atentado contra la casa cuartel de Durango.

   Los detenidos confesaron su participación en, al menos, 11 sabotajes desde 2004. Entre los actos de 'kale borroka' figuran la quema de contenedores, lanzamiento de artefactos incendiarios contra sucursales bancarias y de seguros, "batzokis" (sedes sociales del PNV), corte de catenaria del Metro de Bilbao, apedreamiento de autobuses y varias algaradas callejeras.


Detenciones en Álava

   Tres meses antes, el pasado 10 de julio, agentes de la Policía Nacional llevaron a cabo otra importante operación contra el "núcleo dinamizador" de la violencia callejera en Alava que se saldó con la detención de Gorka Velasco, Koldo Moreno, Javier Fernández de Guzmán y Urko Arroy, único al que el juez de la Audiencia Nacional Garzón dejó el libertad, con la obligación de comparecer cada quince días en el juzgado.

   Los cuatro, según la policía, estaban relacionados con ETA a través de la organización juvenil SEGI. En los registros de sus domicilios se intervinieron diversos artefactos incendiarios, material para la fabricación de otros, propaganda y documentación de la organización SEGI.

   En el auto en el que se envío a prisión a tres de estos detenidos, el juez ordenaba la búsqueda y captura de otros dos miembros del grupo. Se trata de Federico Lomas, que en agosto se presentó de forma voluntaria en la Audiencia Nacional y para quien Garzón decretó prisión incondicional, e Ibai Peña, quien quedó en libertad con obligación de comparecer quincenalmente en el juzgado.  

   Lomas fue acusado de haber participado en el reparto de octavillas a favor del preso de ETA José Ignacio de Juana Chaos y en la organización de un acto de apoyo a su puesta en libertad y de la realización de pintadas amenazadoras con la firma de SEGI contra los partidos PNV y PSOE. Además, en su domicilio se intervino propaganda de la organización juvenil y un documento incluido en un CD en el que se reflejaba un listado de empresas de Vitoria con anotaciones y marcas, similar al intervenido en un apartamento alquilado por miembros de ETA en la localidad francesa de Dax en 2005.

   La policía les acusó de ser los responsables de un grupo de violencia callejera al que se atribuye la realización de más de cuarenta ataques cometidos en la capital alavesa desde 2004 y serían los máximos responsables de un grupo que venía operando en Vitoria durante los últimos tres años. A ellos se les atribuyen los diversos ataques sufridos por la Subdelegación del Gobierno, otros edificios públicos, oficinas bancarias, vehículos, entre otros.

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