Pese
a toda su prudencia, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, así lo
ha confirmado en un desayuno informativo en Madrid, al que ha asistido el
ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y en el que se han dado cita gran
número de personalidades del mundo judicial. Torres-Dulce ha dicho que el
Ministerio Público "no pondrá ninguna objeción" a la ejecución del fallo de
Estrasburgo, pero en lo que se refiere a la etarra Inés del Río, que es quien
interpuso el recurso. En cuanto al resto de los delincuentes, Torres-Dulce no
ha querido pronunciarse claramente, pero ha dicho que sus casos se verán de
forma individualizada.
Delante
de Ruiz-Gallardón y de los más granado del mundo judicial, Torres-Dulce ha
sostenido que Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo "no ha
cuestionado" la 'doctrina Parot' sino su "aplicación retroactiva". Así que,
según el criterio de la Fiscalía General, la sentencia de Estrasburgo sólo
afecta en a la etarra Inés del Río. Para las demás situaciones, tanto de
etarras como de otros delincuentes comunes, sus casos se analizaran individualmente.
En
ese sentido, Torres-Dulce ha dicho que España está sujeta no sólo a la
Constitución, sino también a los tratados internacionales, y por esa razón "aunque
discrepemos, la sentencia [del TEDH] obliga a ejecutarla en sus estrictos
términos", razón por la que la Fiscalía General "no va a poner ninguna dificultad
a su ejecución", y razón también por la que "ni vamos a ralentizar ni a
acelerar absolutamente nada".
En
definitiva, que en todo caso no habrá excarcelación masiva de presos etarras,
como se temía, sino que se verá caso por caso, circunstancia por circunstancia y
se resolverá en consecuencia.
Política
de acercamiento de presos
Por
otro lado, Torres-Dulce no ha querido entrar en si el fallo de Estrasburgo beneficia
al Gobierno de Rajoy en el sentido de poder aplicar sin ataduras una política
nueva de acercamiento de presos etarras con el fin de acelerar las disolución
de ETA: "La Fiscalía no tiene nada que decir", aseguró, pero es evidente que el
Gobierno tiene ahora menos ataduras en ese sentido.
Para
Torres-Dulce, la Fiscalía "no ha hecho ni va a hacer la parte de política que
le corresponde al Gobierno de la Nación", pero da por hecho que el
acercamiento, y excarcelación en su caso, de presos, es un hecho político y que
podría ocurrir si existe voluntad gubernamental al respecto. Y a nadie se le
pasa por alto que la sentencia de Estrasburgo sobre la 'doctrina Parot'
constituye una excelente excusa.