El PSOE defiende un 'rescate fiscal' para los desposeídos y el prohibir que les corten la luz, el agua y el gas

Según argumenta el PSOE, la crisis económica está castigando especialmente a los parados y trabajadores con menos ingresos que se han empobrecido rápidamente a consecuencia de la bajada de salarios, los recortes en el Gasto y Servicios Públicos fundamentales y la mayor subida de impuestos y tasas de la Democracia.

En esas circunstancias, piensan que una reforma fiscal progresiva requiere proteger fiscalmente a los sectores que más dificultades están pasando y que son los más perjudicados por la crisis. Por ello, el PSOE propone un 'rescate fiscal' a los parados, pensionistas y los trabajadores con hijos a su cargo y con rentas inferiores a los 16.000 euros anuales, para que no paguen el Impuesto sobre las Rentas del Trabajo y aumente su renta disponible.

Esta medida beneficiará a alrededor de 5 millones de contribuyentes (incluidos los parados y los pensionistas) y permitirá devolver a los ciudadanos unos 5.000 millones de euros que será el importe en que aumente su renta disponible para el consumo.

"Se trata de una medida de justicia social para ayudar a los más castigados por la crisis y por los recortes del Gobierno y también de eficiencia económica para estimular el consumo y la actividad económica para crear empleo", dicen los socialistas.

Beneficios para los parados

En la actualidad, las prestaciones por desempleo tributan en el Impuesto de la Renta (IRPF) como rendimiento del trabajo como si fuera un sueldo más y, por tanto, se les aplican las correspondientes retenciones. Únicamente no tienen obligación de declarar aquellos parados que sólo tienen como fuente de ingresos la prestación  por desempleo, ya que en este caso se cumplen los dos requisitos exigidos: percibir sus ingresos de un único pagador (el Estado), o percibir unos rendimientos íntegros inferiores a 22.000 euros.

Si el parado recibe sus ingresos de más de un pagador y éstos representan para cada uno más de 1.500 euros anuales o si el total de rendimientos íntegros supera los 11.200 euros anuales, entonces el parado tiene obligación de declarar.

De acuerdo con las últimas estadísticas de la AEAT correspondientes al ejercicio 2011, casi 6 millones de personas (5.859.165) cobraron prestaciones por desempleo sujetas a tributación en algún momento del año y tuvieron su correspondiente retención (no es el número de desempleados, sino el número de personas que lo estuvieron cobrando en algún momento). De ellos, sólo 1.616.224 (el 27,6%) no tenían obligación de declarar al cumplir los dos requisitos antes mencionados. El resto, 4.242.941 personas (el 72,4%) sí porque percibieron, además de la prestación, otra fuente de ingresos durante una parte del año.

Ejemplos prácticos

Un trabajador que en 2012 estuviese trabajando 6 meses, de enero hasta junio con un sueldo de 1.833 euros al mes ingresó 10.998 euros. En julio se queda sin trabajo y empieza a cobrar la prestación del paro de 800 euros al mes, ingresando entre julio y diciembre un total de 9.600 euros. En este caso el parado estaría obligado a declarar la prestación por desempleo en la declaración de la renta porque tuvo dos pagadores (la empresa que le despidió y el Estado) que juntos le pagaron más de 11.200 euros.

En el caso de los trabajadores que no pagan impuestos, en la actualidad, para aquellos que tengan dos hijos, sería una renta anual de 13.000 euros. Con la medida propuesta, serían aquellos que tienen una renta anual de 16.000 euros y que ahora pagan 1.052 euros de IRPF.

Impedir que se corte la luz, el agua y el gas a los desposeídos

Entre los nuevos compromisos que el PSOE va a incluir en el renovado proyecto político que saldrá de la Conferencia Política que celebra este fin de semana, figura impedir por Ley que a los ciudadanos se les corte el suministro de electricidad, gas y agua por estar en situación de pobreza y no poder pagarlo.

El PSOE defiende esta propuesta desde la convicción de que ningún ciudadano puede verse privado de estos servicios esenciales para cubrir sus necesidades básicas y de que es necesario aplicar medidas para aquellos casos en los cuales la pobreza deriva a situaciones de exclusión.

En consecuencia, el PSOE ha decidido incluir la creación del derecho ciudadano al agua y a la energía en el nuevo proyecto político que saldrá de esta Conferencia Política. Derechos ambos que habrán de garantizarse mediante cambios legislativos.

Para ello, se comprometen a legislar un marco de cobertura social sobre un servicio mínimo de suministro de energía -electricidad y gas-, que garantice que ningún hogar pueda ser privado de un mínimo de cobertura de subsistencia entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo.

Y a modificar la Ley de Aguas -de acuerdo a la Resolución de la ONU que declara el agua como un derecho humano-, incorporando la garantía de que el suministrador no podrá suspender el servicio de abastecimiento de agua a una familia por razones económicas, cuando los recursos familiares no permitan cubrir su pago, hasta tanto se tramiten las posibles ayudas sociales que permitan atender la cobertura de sus necesidades básicas.

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