Llamazares presenta una reforma de la Ley del Indulto para evitar más 'gallardonadas' del Gobierno

En su exposición de motivos se afirma textualmente: "En no pocos casos la calificación jurídica del delito cometido, la pertenencia del reo a un partido político, a una institución pública o a poderes económicos relacionados, han generado polémica y dudas razonables sobre un problema preocupante: saber si el tipo de delito y el rango o condición del sujeto condenado influyen en la concesión del indulto. Si esto fuera así, este tipo de medidas de gracia supondría un atentado frontal para el principio de legalidad de los delitos y de las penas, y sería incompatible con el principio de igualdad ante la ley, por su carácter discrecional, arbitrario y en gran parte, secreto".

La Proposición de Ley presentada este miércoles por el diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, a la Mesa del Congreso de los Diputados es así de explícita y parece anticiparse a un supuesto final ¿feliz? para los supuestos corruptos de los casos Bárcenas y Gürtel, actualmente en fase de instrucción. Pero, además, se produce después de que el Tribunal Supremo haya 'tumbado' el indulto concedido por el aún ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, al kamikaze de Valencia que fue defendido por un despacho de abogados en el que trabajaba un hijo del propio Ruiz-Gallardón.

Acaso por eso, la exposición de motivos de la Proposición de Llamazares afirma:

"Este podría ser el caso, por ejemplo, de los delitos de malversación de fondos públicos, fraude, estafa, apropiaciones indebidas, delitos societarios, contra la Administración Pública y la Hacienda Pública, cohecho, falsedades o contra la Ordenación del Territorio y el Medio Ambiente en casos de corrupción urbanística, muy especialmente cuando han sido cometidos por cargos públicos, dirigentes políticos, banqueros o empresarios próximos al poder, transmitiéndose el mensaje de que la corrupción puede quedar impune y que existen distintas varas de medir a la hora de sancionar las conductas delictivas".

De cómo el poder político indulta a los corruptos políticos

En ese mismo texto, Llamazares señala que la relación de casos de indultos como los arriba señalados es "abrumadora". Se ciñe a algunos casos, como el concedido a un juez por archivar una querella por un delito fiscal de 500 millones de pesetas contra un ex director de Casinos de Cataluña, a otro juez de la Audiencia Nacional expulsado de la judicatura por prevaricación y a un tercero condenado en 2001 a dos años y medio de inhabilitación por un delito de prevaricación continuada.

También hace un repaso de los indultos concedidos en la última década a un ex contable del caso Filesa, o en 2008 a cuatro altos cargos de la Administración vasca condenados por el fraude masivo en las oposiciones de Osakidetza, o los recientes indultos concedidos por el Gobierno del PSOE a un conocido banquero condenado a una gravosa pena de inhabilitación, pese al criterio en contra del Tribunal Supremo, y los concedidos por el Gobierno del PP a un alto cargo de la Generalitat de Catalunya y a un empresario condenado con él, a largas penas de prisión y de inhabilitación absoluta, y todo ello a cambio de un puñado de votos y pese a sendos informes del tribunal sentenciador y del fiscal del caso contrarios a la medida de gracia.

4.667 indultos entre 2000 y 2008

Llamazares critica la falta de datos estadísticos de acceso público en España sobre los indultos, lo que dificulta gravemente el conocimiento de la práctica de su concesión, pues solamente puede reconstruirse a partir de la información que aportan los reales decretos mediante los que son otorgados.

Ahora bien, según un estudio publicado en el número 9 (2011) de la revista Española de Investigación Criminológica por los juristas Doval, Blanco, Fdz- Pacheco, Viana &Sandoval, señala que entre los años 2000 y 2008 los sucesivos Gobiernos del PP y del PSOE concedieron un total de 4.667 indultos, con una media anual de 519, unos 42 al mes.

Por ejemplo, el primero de diciembre de 2000, el entonces ministro de Justicia Ángel Acebes concedió 1443 indultos en bloque en un solo día, justificándolos, en particular, en que el Papa Juan Pablo II había pedido al Gobierno medidas de gracia con motivo del Año Jubilar, lo que retrotrajo el Estado a privilegios similares al que en el siglo XVIII otorgó Carlos III a la Cofradía Nuestro Padre Jesús el Rico de Málaga.

Ante esa circunstancia, la exposición de motivos señala claramente que "el recurso al indulto está siendo utilizada como instrumento de simulación, taponador de necesarias reformas del ordenamiento jurídico, como es el caso de las elevadas penas de los delitos contra la salud pública, habiendo representado estos casos una cuarta parte de los reos indultados entre 2000 y 2008".