La Infanta Cristina se aleja de la imputación, pero... todavía podrían 'tocarle' el bolsillo

De hecho, así lo hace constar la Fiscalía Anticorrupción en el escrito que ha presentado ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma para oponerse al encausamiento de la hija del Rey Don Juan Carlos, en el que, pese a apuntar a la "inexistencia absoluta de indicios de criminalidad" por parte de la Duquesa de Palma, deja abierta la vía de una posible imposición de estas responsabilidades económicas tanto en instrucción como en fase de juicio oral.

En este sentido, el artículo 122 del Código Penal establece que "el que por título lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito o falta, está obligado a la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación", aunque no haya sido considerado responsable criminal de los hechos investigados.

En el caso de la Infanta, de demostrarse que obtuvo un beneficio o aprovechamiento ilícito a raíz del comportamiento de su marido, puede ser llamada a responder civilmente de los fondos supuestamente defraudados en el seno del entramado empresarial investigado en esta causa.

Cabe recordar cómo en Baleares se han producido casos similares a éste, como en el caso de la mujer del financiero británico Christian John Hore, quien fue absuelta de los cargos penales por los que estaba acusada, si bien fue condenada a responder como responsable civil al pago de las cantidades que defraudó a Hacienda con motivo de la compra de varias fincas y propiedades en Mallorca.

De igual forma, el PP fue condenado en el marco del caso Scala como responsable civil a título lucrativo al pago de un total de 10.585 euros, cantidad que la formación desvió del Consorcio de Desarrollo Económico de las islas (CDEIB) -dependiente del Govern- al transporte de seis toneladas de folletos publicitarios para la campaña electoral de la formación en Ibiza y Formentera de 2007.


Finalmente, en el marco de otra causa de presunta corrupción, la relativa a la trama por la que fueron contratados, con fondos públicos del Consell de Mallorca, militantes que en realidad se dedicaban a realizar trabajos y buscar votos en favor de UM, la Fiscalía solicita que el partido responda como responsable civil a título lucrativo de los hechos investigados.