Reforma constitucional y regeneración democrática

Llevamos ya casi seis años de crisis económica, a la que se ha sumado un evidente desgaste de las instituciones políticas y sociales de la democracia, las fuertes tensiones del funcionamiento del Estado autonómico, el impacto de los fenómenos de corrupción, el crecimiento de la desigualdad. Estos y otros factores de crisis política, económica y social se están traduciendo en un evidente malestar y descontento de gran parte de la población, al que es urgente dar respuesta.

Para muchas personas esta insostenible situación requiere una especie de refundación de nuestro sistema democrático y en definitiva un nuevo proceso constituyente. Abordar este debate exige rigor, serenidad, mucho dialogo y consenso y desde luego abandonar el espejismo de que una amplia reforma de la Constitución de 1978 o incluso una nueva Constitución resolverían los problemas que tiene la sociedad española. La Constitución es un marco de convivencia pero no un ungüento milagroso.

Próximamente se cumplen los 35 años de la aprobación de nuestra Constitución, que hoy muchos cuestionan pero que en su día supuso un avance indudable en la construcción de la democracia. Para valorar adecuadamente el actual texto constitucional tenemos que partir de la situación en que se produjo su elaboración y aprobación, que no por conocido por la mayoría conviene olvidar.

Un estado profundamente centralista con acentuados desequilibrios y diferencias territoriales; una administración pública infradesarrollada, poco profesional, burocratizada y despectiva con la ciudadanía; un tejido industrial en buena medida obsoleto y poco competitivo; un casi inexistente Estado de Bienestar Social; un sistema educativo clasista y de baja calidad; un sistema fiscal limitado y con numerosas facilidades de defraudación; un sector agrario aun importante pero muy poco eficiente; una mayoría parlamentaria de centro derecha, un PCE con una presencia muy inferior a lo que había sido su papel en la lucha antifranquista y un PSOE en pleno proceso de crecimiento y sedimentación; una permanente amenaza golpista; una implacable actividad terrorista; una Administración de Justicia y unas fuerzas de orden público aún con profunda influencia franquista; un marco de relaciones laborales heredado de la dictadura; unos sindicatos recién legalizados y una patronal todavía acostumbrada al autoritarismo; una inflación desbocada, un paro creciente con una insignificante protección al desempleo; la nula influencia de España en los ámbitos internacionales y un largo etc. Éramos un país con gravísimos problemas políticos, económicos y sociales no resueltos.

Que en ese contexto saliera una Constitución consensuada y moderadamente progresista fue un hito histórico que se explica por la voluntad de renovación y regeneración democrática, de cambiar y modernizar el país, de hacer una sociedad mas justa y cohesionada, compartida por la mayoría de las fuerzas políticas y por la presión y movilización de la ciudadanía y muy en especial de los sindicatos.

La Constitución contribuyó a la democratización de la Administración Pública, al desarrollo del Estado de Bienestar Social, a una amplia descentralización política, a la modernización y cohesión de la sociedad española. Pero el pleno desarrollo y aplicación de la Constitución ha estado inevitablemente condicionado por la correlación de fuerzas políticas, por las características de los sucesivos gobiernos y por la incidencia negativa de tres grandes crisis económicas, a principios de los años 80, a principios de los años 90 y la actual. Por ello, toda la potencialidad progresista de la Constitución no ha sido aprovechada y es evidente que con demasiada frecuencia ha habido una interpretación sesgada y conservadora de la misma.

Treinta y cinco años después de su aprobación, España, Europa y el conjunto del mundo han cambiado y mucho, apareciendo nuevos problemas y realidades no contempladas en el texto constitucional, lo que podría aconsejar una actualización.

Sin embargo antes de embarcarse en un proceso de esta trascendencia conviene tener algunas ideas claras, no vaya resultar que en lugar de avanzar, retrocedamos. En primer lugar, insisto, la Constitución es un instrumento de garantías democráticas, pero de por sí no es un varita mágica que resuelva rápida y favorablemente todos los problemas. En segundo lugar, la estabilidad constitucional es un bien preciado y la precipitación o afán de cambiar todo puede generar una inestabilidad institucional, política, económica y social; por ello hay que valorar bien cada cambio que se proponga. En tercer lugar, las reformas constitucionales exigen un amplio consenso político y social y cuando éste no tiene lugar, como ha sucedido con la reforma pactada entre el PSOE y el PP en el año 2011, se daña y cuestiona la legitimidad de la propia Constitución y en definitiva se deteriora el marco de convivencia democrático.

En otras palabras, hay que guardar un razonable equilibrio entre el dejar las cosas como están por temor a las dificultades y complicaciones o a no llegar a un amplio acuerdo y en el otro extremo el revisionismo generalizado. Por tanto, renovar lo necesario a través de un amplio pacto constitucional es la condición imprescindible para que esta actualización sea comprendida, asumida y defendida por la inmensa mayoría de la ciudadanía.

A partir de esas consideraciones generales, ¿qué cuestiones sería preciso abordar? En mi opinión habría tres bloques de actuación. El bloque del diseño del Estado, de reconocimiento de los derechos de los pueblos y territorios que conforman España, de distribución de competencias entre las tres administraciones públicas y del conjunto de ellas con las competencias de la Unión Europea. Un segundo bloque de mejora de la calidad de las instituciones democráticas, de potenciación de la participación ciudadana, de la transparencia y el acceso a la información, de la lucha contra las diversas formas de corrupción. Un tercer bloque de perfeccionamiento, ampliación y universalización de los derechos sociales e individuales, un más efectivo tratamiento de la igualdad de genero y los derechos de las mujeres, la consolidación y avance del Estado de Bienestar Social, el reconocimiento y regulación de nuevos derechos en la sociedad de la información y de la globalización, la efectiva aconfesionalidad, la presencia de la inmigración y los derechos de las minorías.

En esta reforma constitucional se tiene que reafirmar el derecho al trabajo, a unas condiciones dignas de trabajo, los derechos de carácter universal a la educación, a la salud, a las pensiones y a la protección en la vejez y en las situaciones de dependencia, a los servicios sociales, garantizar recursos y medios de inclusión para evitar o salir de la pobreza y la exclusión social. Igualmente es necesario subrayar el papel de los sindicatos, de los agentes sociales, de su participación institucional, la importancia de la concertación social. Y también el apoyo a la función que cumplen las organizaciones no gubernamentales de carácter solidario.

Por tanto, una ambiciosa propuesta de reforma y ampliación de la Constitución, aunque no se trata de reescribir de arriba abajo la Constitución, sino de ajustar, precisar, matizar, añadir y ampliar, sin necesidad de modificar lo sustancial del actual texto, que en buena medida sigue siendo plenamente valido.

Pero quiero reiterar: para CCOO tan importante como el "qué" queremos reformar es el "cómo" se debe abordar la reforma. Una reforma constitucional, ni se impone, ni se hace para ser cambiada cuando haya otra mayoría parlamentaria. Debe tener vocación de permanencia y respeto generalizado. Debe mirar a la situación actual, pero sobre todo al medio y largo plazo. El proceso de reforma debe articularse con un amplio y bien estructurado proceso de debate político, social, con participación de los agentes sociales, de las instituciones e intereses concernidos, de consulta a profesionales y constitucionalistas de prestigio, de conocimiento de realidades de otros países..., etc.

Desde CCOO venimos reiterando que de la crisis económica no saldremos si previamente no hay una profunda regeneración democrática. Todas las fuerzas políticas y sociales estamos obligados a afrontar este reto y a responder a las demandas de la ciudadanía. La celebración del 35 aniversario de la Constitución debería ser una buena ocasión para impulsar un dialogo riguroso, participativo y transparente, sobre la reforma Constitucional como instrumento de regeneración democrática.


[*]  Ignacio Fernández-Toxo es Secretario General de la CS de CCOO