El Gobierno de Castilla-La Mancha tendrá que gastar 6,2 millones de euros de aquí a final de año en hacer frente a sentencias judiciales dictadas en contra de la Junta derivadas de "la mala gestión del anterior Ejecutivo" en procesos de expropiación de terrenos.
Así lo ha asegurado la consejera de Fomento, Marta García de la Calzada, en su comparecencia en las Cortes para dar cuenta de la ejecución presupuestaria de la cartera que dirige, donde ha añadido además que en los primeros 10 meses del año ya se han gastado 546.000 euros, con lo que el gasto total rondará los 6,8 millones.
García de la Calzada ha explicado que estas sentencias "reconocen a los interesados que había diferencia en los justiprecios" que recibieron por sus terrenos expropiados y con los que deberían haber sido.
Este dinero se tendrá que detraer, según ha dicho la consejera, del capítulo de inversiones reales previsto en la Consejería. "Para el próximo año, las cuentas se verán afectadas por la defectuosa y errónea gestión del anterior Ejecutivo", ha dicho.
En cuanto a la ejecución presupuestaria, la titular de Fomento ha recordado que el crédito definitivo reconocido para su Consejería era para este ejercicio de 266 millones de euros, ejecutado con fecha 30 de septiembre en un 87,42 por ciento.
Tal y como ha asegurado, desde Fomento consideran que los porcentajes de ejecución "son adecuados", y ha matizado que en una Consejería como esta la ejecución "se dispara" en los últimos meses del año.
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