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La reforma que el mundo local necesita

La reforma que el mundo local necesita

miércoles 27 de noviembre de 2013, 11:53h
La crisis que comenzó en 2007 se ha cebado cruelmente con nuestro país, con una reducción de nuestro Producto Interior Bruto y un aumento del paro que se ha acentuado y agravado dramáticamente en los últimos meses. Ante esta situación adversa, el Gobierno ha elegido la estrategia equivocada y se ha agarrado como un clavo ardiendo a las políticas dictadas por algunos gobiernos europeos, que ahora empiezan a sufrir en sus carnes los efectos de esta letal estrategia.

La receta diseñada desde algunos gobiernos y organismos plantea como única solución la reducción drástica del gasto público, de las prestaciones públicas en una equiparación simplista y errónea de gasto público con gasto improductivo, negando el efecto multiplicador de la actividad económica que tiene el gasto público "inteligente". Dentro de esta decisión de criminalizar el gasto, la primera opción que se planteaba era la reducción del entramado institucional y administrativo español alentada por las instituciones europeas que animaban, sin determinar destinatarios concretos, a reducir el número y grosor de las Administraciones Públicas españolas.

Las entidades locales han sido señaladas en el punto de mira del Gobierno español que ha cerrado los ojos conscientemente a las verdaderas cifras de las cuentas municipales, puesto que hasta 3.500 ayuntamientos, el 40% del total, tienen superávit presupuestario, y en términos globales los Ayuntamientos cerraron el año 2012 con un déficit que fue la mitad del compromiso adquirido ante el Gobierno: un 0.15% en vez de un 0.30%. De hecho sus buenos resultados presupuestarios y financieros han sido destacados por el Ministro Montoro que ha reconocido el esfuerzo y el éxito de la gestión municipal.

Estas son las cifras objetivas y los datos. Sin embargo, el Gobierno ha tomado una decisión errónea basada en un argumento falso: hacer a las entidades locales responsables y, por tanto, culpables del déficit público y por ello afirmar que si suprime una buena parte de la estructura local del Estado quedará resuelta la crisis que nos golpea. Esta opción política se ha hecho no desde criterios objetivos sino desde el convencimiento ideológico de que sobra Estado, principio por otra parte que propicia intencionadamente la privatización de los servicios públicos y en esta ruta se ha elegido a los Ayuntamientos como víctimas indefensas más fáciles de someter, al considerar que su dispersión y diversidad los puede convertir en administraciones más débiles y menos ahormadas que las Autonomías o la Administración General del Estado.
El modelo socialista de régimen local parte de un análisis riguroso de la realidad existente en nuestro país y de los desafíos a los que se enfrentan los municipios españoles. Ese nuevo diseño se apoya en cuatro pilares básicos sobre los que se asienta nuestro modelo.

El primer pilar hace referencia a la necesaria transparencia y buen gobierno en la manera de dirigir y gestionar los Ayuntamientos españoles. En este momento, de nueva transición de la vieja democracia a la que tenemos por inventar por  exigencia de la sociedad, los Ayuntamientos deben erigirse nuevamente, casi 40 años después, en el laboratorio de nuevas fórmulas y nuevos métodos.

La transparencia que debe presidir el ámbito municipal tiene dos vertientes fundamentales; una, referida al ciudadano, ya que tiene por misión que todos tengamos al frente de nuestras ciudades, de nuestras provincias instituciones abiertas que ofrezcan todos los datos necesarios para conocer sus aspectos fundamentales y sus líneas de actividad y otra línea de transparencia, referida al propio funcionamiento interno de las instituciones, que posibilite y fortalezca el derecho fundamental a participar en los asuntos públicos, facilitando por tanto el control político del gobierno local.

En segundo lugar, el modelo socialista aborda la definición de la intermunicipalidad en España. Si partimos del dato de nuestro inframunicipalismo, 8.116 municipios españoles reconocidos como en el caso francés no por reunir determinados niveles mínimos de territorio, población o riqueza, sino por el mero hecho de existir y tener presencia social reconocida como núcleo diferenciado, la solución no puede ser la del Gobierno del Partido Popular de santificar la existencia conjunta de Diputaciones, Mancomunidades, Comarcas, Consorcios y veguerías pues es simplemente una salida tramposa y enormemente cara ante el desafío de articular una respuesta a la necesidad de fórmulas de intermunicipalidad.

Desde el Partido Socialista asumimos la necesidad de buscar fórmulas de asistencia y colaboración con los municipios pero siempre partiendo de dos principios básicos:

      - En cada territorio la opción puede ser diferente, pues la orografía, la densidad de población, el nivel de renta y otros factores no son iguales, lo que puede y debe conducir a que las soluciones optimas de intermunicipalidad sean diversas. Así pues, si hay un aspecto donde el famosísimo carácter bifronte del régimen local tiene sentido es en éste. Se deberá contar con las Comunidades respectivas para llegar a la solución más ajustada a cada territorio.

      - La existencia de una opción intermunicipal debe ser determinando una fórmula de referencia y no cinco. La racionalidad en el gasto público impone que haya un único nivel de asistencia y no que existan cinco por la falta de coraje político para racionalizar el mapa institucional.

En tercer lugar, nuestro modelo traza un nuevo universo competencial de los entes locales. El primer paso de la reforma sería recoger en el texto constitucional el núcleo de las competencias locales y la previsión de su regulación por Ley Orgánica. Debemos señalar que ésta debería enumerar una serie de competencias no disponibles para los legisladores sectoriales (estatales o autonómicos). Las competencias deben configurarse como el marco jurídico que permita el despliegue de políticas propias.

Conviene, pues, tener clara la definición de competencias: funciones sobre materias. Cuanto más precisa sea la función y más específica la materia más garantías de exclusividad. Baste recordar, para ilustrar esta definición, el contraste entre la propuesta que el gobierno hace y la legislación vigente en materia de servicios sociales: mientras que la actual Ley de Bases alude a la 'promoción y reinserción', el proyecto del Gobierno degrada la intervención municipal a 'la detección de situaciones de exclusión y a la atención excepcional', una especie de derecho de participación limitado y transitorio que impide el ejercicio de competencias propias y, consiguientemente, la singularización, territorial y demográfica, de las políticas sociales.

La autonomía municipal ha de expresarse en competencias propias, en ningún caso en servicios obligatorios. Las mismas materias no pueden, simultáneamente, regularse como eventuales competencias atribuibles por los legisladores sectoriales y como servicios obligatorios previstos en las bases estatales. Carece de justificación, además, que los servicios obligatorios se gradúen por tramos de población atendiendo, supuestamente, a la correlación entre nivel demográfico y capacidad de gestión del municipio. Esta regulación provoca la discriminación por razón de la vecindad administrativa: disfrutan de más derechos los vecinos de los municipios con mayor número de habitantes.

Finalmente, habrá que hacer una reforma profunda y sosegada de la financiación de las entidades locales españolas que la inserte plenamente dentro de un modelo de integral de financiación y que supere el actual desplazamiento de la financiación local a un papel secundario respecto a la financiación autonómica.


[*] Gaspar Zarrías es secretario de Ciudades y Política Municipal de la Ejecutiva Federal del PSOE
 
 
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